Entradas

IAIP: Sala Constitucional pone barreras al derecho de acceso a información

[layerslider id=”14″]

Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública afirman que en la resolución de la Sala se establece más límites al derecho del cual goza actualmente la población y llamó a la ciudadanía a vigilar a las instituciones para que no les impongan “barreras” al momento de solicitar documentación.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) rechazó las nuevas causas para negar información a la población establecidas en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las califica como “barreras”.

En un conversatorio con periodistas donde explicaron los efectos de la sentencia constitucional donde se aborda la publicación de los viajes del Presidente de la República, la Primera Dama y los gastos en actividades protocolarias, los comisionados del IAIP sentaron postura sobre el tema.

El pleno del Instituto afirmó que lo ordenado por los magistrados de la Sala limita el derecho de acceso a la información y asegura que se han impuesto tres barreras para que las instituciones no den información si consideran que en las peticiones se evidencian: “aspectos superfluos de los funcionarios”, “alteración significativa en la agenda esencial de las instituciones”, así como la “generación de información sobre hechos anteriores al nombramiento del titular actual de una entidad”.

La comisionada del Instituto, Herminia Funes, dijo que con lo ordenado en la resolución se retrocede en todo lo avanzado en los últimos años desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

“Como Instituto, nos preocupa rotundamente este tipo de resoluciones porque no dañan al Instituto, dañan al país; y creo que estamos dejando de reconocer normativa internacional de la que el país es suscriptora”, expresó Funes.

El comisionado René Cárcamo subrayó que la resolución crea más motivos para restringir la información pública a la población y añadió que la LAIP es clara en establecer cuándo debe ser reservada.

“El derecho de acceso a la información pública es un derecho que le pertenece a la ciudadanía; la información es del ciudadano, no de las instituciones”, recalcó Cárcamo.

El jefe de la unidad jurídica del IAIP, César González, dijo que la resolución de los magistrados constitucionalistas viola los derechos al saber y a la vedad, debido a que si una persona solicita a partir de hoy una información de una administración pasada, la institución no están obligadas a entregarla, pues no se ha generado durante el tiempo del titular que actualmente desempeña su cargo.

Fuente: Transparencia Activa

Presidente Sánchez Cerén señala excesos en resoluciones de la Sala de lo Constitucional

El presidente Salvador Sánchez Cerén señaló que los magistrados de la Sala de lo Constitucional están restando atribuciones que corresponden a otras instituciones y órganos del Estado en algunas de sus sentencias, lo cual, afirmó, podría minar la democracia en el país.

En concreto, el mandatario se refirió a la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional para publicar la documentación del listado de los viajes internacionales realizados con fondos públicos por el Presidente de la República y la Primera Dama, incluyendo el nombre de los funcionarios y empleados que los acompañan, el destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto.

Dicha información había sido declarada bajo reserva por la Oficina de Información y Respuesta de Casa Presidencial por motivos de seguridad nacional.

“Mi gobierno va a cumplir esa resolución de la Sala, pero también estoy en el derecho de hacer opiniones y a mi juicio en la Sala siempre hay un exceso en sus resoluciones”, dijo el jefe de Estado durante el programa Gobernando con la Gente, realizado este sábado en el municipio de San Martín.

Esta resolución “anula a la oficina de acceso a la información, le dicta qué es lo que tiene que hacer (…), anula a una institución y esa es una costumbre de esta Sala: anula a la Asamblea Legislativa y ahora anula a la oficina de acceso a la información, y va a querer anular al Ejecutivo”, advirtió el mandatario.

“Hay un problema de abuso. Yo creo que la Sala tiene que meditar hasta qué punto el abuso de poder beneficia a la democracia en un país”, añadió.

Al mismo tiempo, el presidente señaló que el Órgano Judicial, y puntualmente la Sala de lo Constitucional, también debe adherirse a la resolución que sus magistrados han emitido.

En tal sentido, invitó a que “los magistrados pongan a disposición de la oficina de acceso de información cuánto gastan en sus viajes, que pongan cuánto ganan, que pongan cuántos beneficios tienen”.

Por su parte, el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, destacó que el pasado viernes (2 de septiembre) Casa Presidencial adelantó datos sobre los viajes de los mandatarios a partir de 1989, en cumplimiento con esta sentencia, información que será presentada con más detalle en los próximos días, añadió.

El vocero de la Presidencia enfatizó que durante la gestión del presidente Sánchez Cerén se registran 34 viajes realizados por el mandatario, siendo la única gestión en la cual el registro de Casa Presidencial coincide plenamente con los 34 viajes registrados por la Dirección General de Migración y Extranjería.

“En este caso [del presidente Sánchez Cerén] está documentado no solo las fechas de los movimientos, las comitivas que le han acompañado, que son la más pequeñas en la historia de los presidentes del país, sino que también está documentado absolutamente cada centavo que el presidente ha invertido en esas misiones”, dijo el secretario Chicas.

Histórico día: Sala de lo Constitucional declara inconstitucional Ley de Amnistía y decreto por $900M, ademas de dejar sin efecto el 13% a la energía eléctrica

La Sala de lo Constitucional dirigida por los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco y el magistrado suplente Eliseo Ortiz, emitieron resolución sobre tres grandes temas nacionales, una de ellas fue el dejar sin efecto y admitir la demanda contra el decreto 39, que emitió el presidente de la República, donde el Ejecutivo pretende establecer un cargo del 13% por a la tarifa de la energía eléctrica.

El incremento del 13%  entraría en vigencia el 15 de julio, pero la aceptación de la demanda se anticipó al ser admitida unánimemente por los magistrados.

Tambien fue emitida resolucion sobre los $900 millones en bonos que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en abril de 2015, según la cual el proyecto de ley desechado no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses por infracción al proceso de formación de ley que impera en este tipo de procedimientos.

Este 13 de julio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la denominada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, decretada en 1993.

Esta sentencia marca un precedente histórico para El Salvador, pues el máximo tribunal constitucional adujo que la Ley de Amnistía constituye una violación a los artículos 2 incisos 1 y 3 y 144 inciso 2 de la Constitución de la República, por haber impedido desde el Estado el derecho de acceso a la justicia y al derecho a la reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

Esta resolución declara que  los crímenes de guerra cometidos por el Estado a través del Ejército y por la guerrilla salvadoreña deberán ser investigados para un efectivo juzgamiento en los tribunales que conforman el sistema judicial de El Salvador, a la vez se abre la posibilidad de iniciar procesos de extradición para ventilar los casos en la Corte Penal Internacional de Justicia cuya misión es juzgar a las personas acusadas de haber cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.

Sala de lo Constitucional impidió ingresos al Estado por más de $123 millones

Cinco sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia golpearon las arcas del Estado al evitar el ingreso de $123.7 millones al Ministerio de Hacienda en los últimos 18 meses, según informó el viceministro de Ingresos, Orlando Rivera.

En estas sentencias en firme no se cuenta la decisión que podría tomar este tribunal sobre la suspensión de la emisión de bonos por $900 millones que pretende usar el gobierno para financiar diferentes programas, entre ellos más de $100 millones para equipar a la Policía Nacional Civil en el combate a la criminalidad.

El 15 de noviembre de 2013, la Sala declaró inconstitucional el pago mínimo del Impuesto Sobre la Renta obtenida. El impacto económico fue en la recaudación de 2014 y Hacienda dejó de percibir $33.7 millones.

Solamente tres meses después, los magistrados declararon que la Ley Especial para la Constitución de un Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) violaba la Constitución.

Considerando el promedio mensual de recaudación de $2.7 millones en los primeros meses del FONAT, el impacto fue en la recaudación de 2013 y de 2014 y en total el gobierno dejó de percibir $32.4 millones. Parte de la recaudación iría para el mejoramiento de la atención en hospitales y dinero en efectivo para las víctimas de accidentes de tránsito y de familiares de fallecidos.

Solo había pasado un mes cuando el 19 de marzo de 2014, la Sala declaró inconstitucional el impuesto específico de las llamadas telefónicas provenientes del exterior. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda dejará de percibir $26.6 millones hasta finales de 2015, tomando en cuenta el promedio mensual de $2.2 millones en ingresos para el país, hasta antes de la sentencia.

Seis meses después, según acuerdo número 793 de la Corte Suprema de Justicia del 9 de septiembre de 2014, se inició el proceso de inconstitucionalidad a la Ley Transitoria para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras, conocido como decreto de amnistía.

Según datos del Ministerio de Hacienda, en los primeros dos meses el Estado logró recaudar más de $18.2 millones, beneficiando a 12,894 contribuyentes exonerándolos del pago de multas e intereses.

Tomando en cuenta que los más grandes contribuyentes pagarían en los últimos días del 2014, el impacto en la recaudación de ese año fue de $15.5 millones que no ingresaron a las arcas del Estado y, por ende, no se devolvieron en beneficios a la población.

La Sala de lo Constitucional siguió resolviendo en 2015 recursos que afectaban la recaudación fiscal e ingresos para el Estado y el 17 de abril de 2015 declaró inconstitucional el pago del 1% del impuesto sobre la renta basado en activos netos.

Se había estimado un rendimiento en tres años y solo en 2015 se esperaban unos $15.5 millones en ingresos para el Estado.

El viceministro Rivera dijo que con este tipo de decisiones de los magistrados constitucionalistas, y en particular con la decisión de suspender la utilización de los $900 millones en títulos valores, al gobierno se le genera problemas de liquidez.

“Al suspenderse por parte de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, a excepción del presidente de la Sala, lo que se provoca de inmediato es un problema de liquidez fuerte y aparte de reducir la inversión proyectada en seguridad, nos reduce en agricultura, salud y hay un impacto directo en la sociedad”, destacó el funcionario.

Rivera agregó que en el momento que la Sala de lo Constitucional suspendió el uso de los $900 millones ya se habían negociado la venta de títulos valores para tener $100 millones para equipar a la policía.

“Una medida de este tipo mancha la imagen del país a nivel internacional, es lanzarle a la nación una tremenda mancha a nivel internacional, querer negociar títulos valores en el mercado internacional, no sabemos a qué situación nos vamos a enfrentar, ya no contamos con la solvencia y seguridad que teníamos en otras emisiones”, aseguró el viceministro de Ingresos.

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo este jueves que espera una resolución de la Sala de lo Constitucional favorable sobre el uso de los $900 millones “porque al final el afectado no es el gobierno, sino la gente más pobre”.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Rolando Mata: “La Sala cumple una agenda política de ataque económico al gobierno de Sánchez Cerén”

La Sala de lo Constitucional admitió una demanda en contra del decreto legislativo que autorizó al gobierno salvadoreño colocar 900 millones de dólares en bonos en el mercado internacional.

La decisión que al mismo tiempo prohíbe al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva hacer uso o alguna operación con esos fondos ha generado críticas entre los diputados de la Asamblea Legislativa.

El FMLN, a través de su diputado Rolando Mata, lamentó lo resuelto por la Sala en el sentido de las afectaciones que trae al funcionamiento del Estado.

“Es lamentable la decisión de la Sala partiendo del hecho que los órganos de Estado deberían apoyar el bien común del Estado. No vemos adonde se han afectados los derechos del demandante”, señaló Mata.

Uno de los argumentos utilizados por el ciudadano que demandó la decisión tomada en el Congreso por la legislatura anterior tuvo la participación de un diputado suplente no tiene base ha señalado el diputado Mata.

De acuerdo al parlamentario efemelenista el reglamento interno de la institución da los lineamientos como para poder proceder a realizar sustituciones y así se ha hecho históricamente en la Asamblea Legislativa.

“En la historia del parlamentarismo y de nuestro país siempre se ha tomado decisiones trascendentales con incluso diputados suplentes. El artículo 31 inciso 4 así lo señala sobre los llamados en sustituciones”, explicó el diputado.

La decisión tomada por la Sala Constitucional es a juicio del diputado otra muestra de un apego a una agenda política que busca desgastar a la actual administración gubernamental.

“La Sala demuestra una vez mas que está en favor de una agenda política que busca atacar económicamente al gobierno del presidente Sánchez Cerén y con ello generar ingobernabilidad”, dijo Mata.

El FMLN ha señalado que esperará que alternativas de solución para obtener fondos plantee el Ejecutivo mientras dura el estudio de la demanda al interior de la Sala para un eventual apoyo a nivel legislativo.

Fuente: rnes.sv

Habitantes de comunidad El Espino celebraron resolución S.C con “Pueblo que lucha triunfa”

Los gritos y cantos eran inevitables en las afueras de la comunidad El Espino por las más de 200 familias que allí habitan, luego de conocer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia detuvo por un tiempo el desalojo que estuvo a punto de iniciar.

“Pueblo que lucha triunfa, sentimos una gran satisfacción y gracias a los señores de la Sala de lo constitucional y agradecemos a la policía pues nos trató de forma respetuosa y ayudó a no desalojarnos”, gritaban los habitantes.

Y es que a pesar que los jueces deben acatar las decisiones de la Sala como máximo organismo cumplidor de la Constitución, esta resolución no cayó en gracia al juez de paz José Palma. En un primer momento se manifestó incrédulo ante la declaratoria.

“Tengo que esperar hasta que la Sala me notifique, pues las resoluciones son de obligatorio cumplimiento y yo estoy obligado a acatarla”, agregó Palma.

La mayoría de habitantes tienen más de 10 años de vivir en la comunidad El Espino, por lo que exigen justicia y respeto a sus derechos muy encima de los intereses entre ellos: el de la familia Dueñas.

En el lugar se hizo presente la Policía Nacional Civil como garante del respeto y seguridad de las personas, así lo explicó el director de la corporación, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde.

“Estamos acá para procurar que todo se desarrolle tranquilamente y no haya uso de la fuerza. Buscamos que haya alternativas a pesar que a la institución se le requiera usar la fuerza para desalojar creo que es necesario el dialogo”, aseveró Landaverde.

Otro de los actores en este caso es el apoderado legal de la familia Dueñas, Arístides Perla, quien incluso aceptó que son los gobiernos a partir de Armando Calderón Sol hasta el mismo Antonio Saca los que firmaron acuerdos para garantizar la vivienda a estas familias, pero hasta la fecha no se cumplieron.

Fuente: rnes.sv