Entradas

Multan con más de $3 millones a Asesuiza, Sisa y AIG por prácticas anticompetitivas

El acuerdo anticompetitivo descubierto por la Superintendencia de Competencia (SC) consistió en la manipulación y en la supresión de ofertas para repartirse clientes y el mercado en las licitaciones realizadas por cada Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) para la contratación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), de manera que las pólizas contratadas fuesen adjudicadas a la aseguradora perteneciente al mismo grupo económico de la AFP.

A partir de toda la prueba incorporada, al finalizar la investigación se determinó que Asesuisa Vida, S. A., Sisa Vida, S. A. y AIG Vida, S.A. manipularon la presentación de sus ofertas, es decir, presentaron documentación inusualmente similar o sin fundamento económico; asimismo, se encontró la existencia de patrones atípicos de precios diferenciados y ofertas ganadoras que respondían a una asignación de clientes entre las ofertas presentadas.

El Consejo Directivo de la SC determinó que las empresas incurrieron en las prácticas anticompetitivas prohibidas en las letras c) y d) del artículo 25 de la Ley de Competencia, referidas específicamente a la fijación o limitación de precios en subastas o en cualquier otra forma de licitación pública o privada y al reparto del mercado por cliente.

Por lo anterior, y de acuerdo al artículo 38 de la referida normativa, la multa impuesta asciende al 1.2% de las ventas totales del ejercicio fiscal 2014, equivalente a $1,469,973.09, para Sisa Vida; $1,365,364.56, Asesuisa Vida; y, $590,495.58, AIG Vida.

Después de una valoración íntegra y conjunta de todos los elementos probatorios incorporados al expediente, el Consejo Directivo de la Superintendencia determinó la existencia de un esquema multi-conductual, integrado por conductas en apariencia individuales que al ser analizadas de manera colectiva adquieren un carácter colusorio, limitando y restringiendo la competencia en las licitaciones para la contratación de los seguros de invalidez y sobrevivencia.

El titular de la SC, Antonio Díaz, explicó que las conductas analizadas fueron la abstención de ofertar por parte de AIG Vida en las licitaciones convocadas por AFP Crecer; la abstención de ofertar por parte de Sisa Vida en las licitaciones convocadas por AFP Confía; la presentación de ofertas diferenciadas por parte de Asesuisa Vida, según la AFP convocante; la cesión por parte de AIG Vida a Sisa Vida del 95% del riesgo de la póliza adjudicada en las licitaciones convocadas por AFP Confía, permitiéndole así participar indirectamente a la segunda; y, la presentación de ofertas diferenciadas estratégicamente por parte de AIG Vida y Sisa Vida en las licitaciones convocadas por AFP Confía y Crecer, respectivamente.

El Consejo determinó, además, que esta infracción ha sido de “particular gravedad” por la trascendencia constitucional de los seguros de invalidez y sobrevivencia, entendido como un servicio público de carácter obligatorio que garantiza el derecho a la seguridad social, contemplado en el artículo 50 de la Constitución.

También, por la dimensión significativa y trascedente del mercado de la provisión de este tipo de seguros a los afiliados de las AFP a nivel nacional, la duración prolongada por cuatro años de la práctica incurrida por las aseguradoras involucradas, el daño causado a la competencia en las licitaciones, el exceso en el pago del seguros de invalidez por parte de los empleadores que aportan a la cotización de las AFP (o bien trabajadores independientes cuando realizan cotizaciones) y por los efectos negativos sobre terceros, los cotizantes afiliados y potenciales.

La práctica sancionada no afectó las cuentas individuales de ahorro de pensiones de los afiliados a las AFP, sin embargo, se determinó que sí generó una afectación negativa en los beneficiarios del seguro de invalidez y sobrevivencia, que son los afiliados de las Administradoras, quienes han adquirido una póliza contratada a tasas superiores, producto de la manipulación de las licitaciones, y no de un proceso competitivo, lo que ocasionó un daño a la eficiencia económica del mercado y a la óptima utilización de los recursos en la prestación de un servicio de carácter público y obligatorio, categorías constitucionalmente protegidas, que ha sido delegado por el Estado a las empresas.

El daño causado trascendió hasta los empleadores y trabajadores independientes que son quienes directamente erogaron el exceso pagado en las licitaciones manipuladas, en razón de la proporción que aportan a la cotización de las AFP para dicho fin.

En ese sentido, la SC ordenó a las sancionadas abstenerse de realizar la conducta comprobada y declarada como práctica anticompetitiva en las próximas y futuras licitaciones públicas convocadas por las AFP para la contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia y advirtió que el planteamiento de posibles medidas que coadyuven a evitar que la infracción se repita, exige una revisión de la normativa que rige estos procesos de licitación, en aquellos aspectos que puedan incentivar la entrada de nuevos competidores en este mercado.

El Consejo Directivo pide además que se generen los incentivos adecuados para estimular la baja rivalidad existente. En ese sentido, el Superintendente Díaz establecerá una mesa de trabajo con la Superintendencia del Sistema Financiero, a fin de realizar un análisis conjunto para la revisión y propuesta de posibles reformas al marco normativo correspondiente.

De hecho, el funcionario explicó que la mesa de diálogo analizará y propondrá reformas al marco normativo de licitaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia para los afiliados de las AFP.

 

Aseguradora en desacuerdo con resolución

La aseguradora Asesuisa expresó, a través de un comunicado, su total desacuerdo con la resolución de la SC y que a pesar de haber presentado “importante documentación” en la que demuestra su trabajo apegado a la ley, afirman que la institución gubernamental emitió su resolución con base en indicios, y no con base en pruebas sustentables.

La empresa aseguró que su relación con la AFP Crecer en El Salvador es eminentemente comercial y ambas operan como empresas independientes, “y cada una se rige por las normas y principios que tiene y por las leyes del país en el que opera”.

“Reiteramos que valoramos y consideramos fundamental la competencia, y que hemos seguido las normas y procesos con absoluto rigor en cada licitación. La historia de la compañía ha evidenciado nuestra conducta transparente y respetuosa de las leyes y las instituciones del país”, reza parte del comunicado enviado por Asesuisa.

De ahí que añadiera que acudirán a las instancias judiciales correspondientes para fundamentar las inconsistencias que, de acuerdo a su análisis jurídico, presenta la resolución de la SC.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv