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Sala admite demanda contra Davivienda por cobros indebidos

La Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra el Banco Davivienda, por cobros indebidos a usuarios que cancelaban la cuota los créditos de forma anticipada.

– La Sala de lo Constitucional admitió una demanda contra el Banco Davivienda, por cobros indebidos a usuarios que cancelaban la cuota los créditos de forma anticipada.

La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de amparo interpuesta por la Defensoría del Consumidor contra la Sala de lo Contencioso Administrativo por declarar ilegal una multa impuesta al Banco Salvadoreño (hoy Davivienda) en el año 2006, por cobros indebidos a algunos de sus clientes quienes pagana anticipadamente sus créditos.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría multó con $7,000 a la referida institución bancaria por cargar un cobro extra a una consumidora que pagaba la cuota de su crédito con anticipación a la fecha establecida.
La infracción cometida por el banco está estipulada en los artículos 42, literal b, y 19 literal m, de la Ley de Protección al Consumidor, que literalmente establece como violación al derecho de los clientes el “hacer cargos al recibir del consumidor pagos anticipados en cualquier operación de crédito o bancaria”.
La Defensoría también solicitó a la Sala Constitucional interpretar de este caso para que en el futuro se pronuncie a favor de la prohibición del cobro de cualquier recargo por el pago anticipado de una deuda.
La entidad defensora de los derechos de los consumidores informó que, de acuerdo a la medida cautelar, el banco Davivienda debe suspender los recargos por pagos anticipados a sus clientes y, en caso contrario, los usuarios deben denunciar ante esta entidad si continúan con esta práctica.
Dentro de la demanda la Defensoría solicitó también que se emitiera una medida cautelar contra la misma institución financiera y ordenó abstenerse de cobrar recargos por pagos anticipados que sus clientes realicen.
También fundamentar en disposiciones contractuales firmadas con anterioridad a la vigencia de la Ley de Protección al Consumidor.
Fuente: transparencia.gob.sv

Tribunal admite demanda contra Secretario Rodríguez

El secretario de Transparencia afirmó que no conciliará con la diputada Ana Vilma de Escobar y aseguró que la población tiene derecho a saber qué pasó con el dinero del FECEPE. Rodríguez ofreció a la diputada una audiencia privada hace más de un mes, ella no asistió ni aceptó debatir públicamente

El Tribunal Tercero de Sentencia admitió la demanda por calumnia y difamación de la diputada Ana Vilma de Escobar, contra del secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez.

Según información del Centro Judicial Isidro Menéndez, el Tribunal, tras evaluar  la documentación presentada por la parlamentaria admitió la demanda, por lo que las partes serán notificadas.

El secretario Rodríguez manifestó que no conciliará con la diputada y que la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó con el dinero del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE), y por el que la parlamentaria demandó al funcionario por afirmar que él la acusa de supuesta malversación del mismo.

“Me voy a someter a la justicia, pero, realmente, el fundamento de que yo he difamado o calumniado (no es cierto), pues he mostrado documentación y a ella se le ha dado oportunidad de defenderse”

Según la parte demandante, el secretario Rodríguez, ha difamado y calumniado a la diputada de Escobar, en cuanto a que sin contar con pruebas y valiéndose de informes del Banco Central de Reserva, realiza acusaciones públicas, con la finalidad de manchar su honor.

Rodríguez habría manifestado que la diputada de Escobar malversó  fondos  del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE).

La diputada se presentó el  miércoles  pasado a la Oficina Distribuidora de Denuncias para demandar al Secretario, por los delitos de calumnia y Difamación.

Con la admisión de la denuncia procede la audiencia de intimación, es decir, los involucrados o sus representantes legales deberán presentarse para ser informados sobre el proceso. Posteriormente se realizaría la audiencia de conciliación donde ellos podrán llegar a un acuerdo a fin de desistir del proceso.

Si no logran conciliar, el Tribunal realizará una audiencia de aportación de pruebas, para que cada parte presente sus argumentos, posteriormente se
programaría la vista pública para definir si hay culpabilidad o absolución.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Audiencia de Flores se posterga por operación de la vesícula

Expresidente-flores

La audiencia preliminar por delitos de corrupción contra el expresidente de la República, Francisco Flores, es postergada nuevamente debido a que el próximo 3 de noviembre –fecha en que se realizaría– será operado de la vesícula biliar.

El exmadantario es acusado de delitos de corrupción en la administración de millonarios donativos de Taiwán durante la administración del tercer gobierno de ARENA

El Juzgado Séptimo de Instrucción dejó sin efecto la actividad y el exmandatario será sometido a una cirugía por presencia de pólipos en la vesícula biliar. La intervención médica fue indicada en julio pasado por uno de sus doctores tratantes,  razón por lo que Flores será ingresado el 29 de octubre.

En agosto pasado, la querella y dos peritos asignados al proceso le pidieron al juez reprogramar para el 3 de noviembre la audiencia preliminar contra el exmandatario, quien es acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares en la administración de millonarios donativos de Taiwán.

El juez Miguel Ángel García Argüello, antes de emitir la resolución del nuevo aplazamiento, solicitó previamente a los médicos tratantes informaran sobre el diagnóstico de la salud de Flores, pero la petición la cuestionó la defensa, quien lo señaló de “violentar el derecho a la salud del imputado”.

García le aclaró a la defensa que él en ningún momento se negó a que el expresidente sea sometido a la operación, pero que no tendiendo los conocimientos médicos requirió la ayuda al doctor  Honorato Villacorta, a efecto de que expusiera la necesidad de que el imputado sea ingresado para la preparación de cirugía, desde el día 29 de octubre, fecha que coincide con la audiencia preliminar.

De ahí que el juez Séptimo de Instrucción le pidió a la defensa de Flores abstenerse de hacer señalamientos infundados al tribunal pues, según dijo, él “es garante de los derechos del procesado  y le compete indagar  el fondo del asunto  a efecto de emitir pronunciamiento con base a derecho,  tan es así que toda información médica que se tiene del procesado  ha sido solicitada por este juzgador y no ser un árbitro judicial que únicamente se limita a emitir pronunciamientos sin argumentación”.

El expresidente Flores será trasladado desde su residencia en la cual guarda arresto domiciliar, hacia las instalaciones del Centro Cardiovascular, Escalón, ubicado en el Hospital de la Mujer.

El juez García ordenó la custodia del exmandatario antes y durante  el procedimiento médico y mientras se encuentre en proceso de rehabilitación en dicho hospital, hasta encontrarse  nuevamente en su casa, donde guarda arresto domiciliar.

La resolución del juez ordena al médico tratante que informe el ingreso del procesado, el día 29 de octubre  y elabore un informe del  resultado de la cirugía, así  como el periodo de incapacidad  que será otorgado y la evolución de la salud, a fin de efectuar la programación de la audiencia preliminar.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Más de 2000 niños acompañados y no acompañados han sido deportados de EE.UU dice directora de ISNA

En lo que va del trimestre del año 2015 se han atendido a más de 2,200 niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados quienes fueron deportados de los Estados Unidos, así lo informó la directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ISNA, Elda Tobar.

“Últimamente Belice y México están mandando niños no acompañados y se supone que los que vienen vía área deberían de venir acompañados con sus padres, pero se ha dado este fenómeno, un tema que se está por abordar con las instancias respectivas de migración y cancillería y los consulados”, dijo la directora del ISNA

De acuerdo con Tobar solo esta semana se han recibido 16 niños vía aérea no acompañados de sus padres.

Para conocer los derechos que tiene la migración en la niñez, la Organización Internacional para las Migrantes, reiteró su compromiso por apoyar a la promoción, defensa y restitución de esos derechos, es por ello que hizo el lanzamiento del curso virtual denominado “Protección de poblaciones Migrantes en condiciones de Vulnerabilidad”, el cual busca hacer una reflexión y el reconocimiento de la situación que enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Fuente: rnes.sv

Ana Vilma de Escobar demanda a secretario Rodríguez por difamación

La diputada de ARENA decidió no acudir a las dos audiencias privadas que Marcos Rodríguez le ofreció y se presentó a los tribunales para denunciarlo por calumnia y difamación. Hoy se cumple un mes desde que el secretario de Transparencia le ofreció un debate público sobre el caso FECEPE. El Tribunal tiene cinco días para determinar si la demanda procede.

La exvicepresidenta de la República del último gobierno de ARENA y actual diputada de la Asamblea Legislativa, Ana Vilma de Escobar, demandó al secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, por los delitos de calumnia y difamación.

La acusación de Escobar fue presentada en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y se da por supuestos señalamientos del secretario Rodríguez al pedirle que rinda cuentas sobre presuntas irregularidades en el manejo del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE) del cual ella era responsable.

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Según de Escobar, el secretario Rodríguez la ha difamado y calumniado sin contar con pruebas y valiéndose de una auditoría del Banco Central de Reserva (BCR) que señala irregularidades en el manejo del FECEPE.

“El pueblo demanda respuestas y cuentas claras, mi invitación a dar la cara y debatir se mantiene diputada. Yo la acompañaré al sistema judicial. Acompáñame usted a debatir y a rendir cuentas. La gente lo merece”, respondió Rodríguez en su cuenta de Twitter a los señalamientos de la parlamentaria.

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La diputada Ana Vilma de Escobar confrontó en público al secretario de Transparencia el 15 de septiembre durante los actos conmemorativos del Día de la Independencia.

Allí le solicitó una audiencia privada, Rodríguez programó el encuentro en dos ocasiones; sin embargo, de Escobar no asistió ni respondió a la invitación formal que se envió a su despacho.

En la carta enviada, el secretario de Transparencia y Participación señaló que el programa Diálogo 21 del Grupo Megavisión se puso a disposición para debatir públicamente el caso FECEPE. La parlamentaria tampoco aceptó.

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Rodríguez insistió en que “la lucha por la transparencia tiene mecanismos de control con dos rostros: una es con la Corte de Cuentas de la República, los finiquitos y más; y la otra es la rendición de cuentas frente a la ciudadanía”.

El año pasado el Ministerio de Economía (MINEC) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la supuesta malversación de un poco más de $20 millones en la administración Fideicomiso, por parte de exfuncionarios del último gobierno de ARENA y de las empresas beneficiarias.

Hoy se cumple un mes desde que Rodríguez le ofreció un debate público sobre el caso FECEPE, el cual hasta la fecha, la diputada no ha aceptado. El En cinco días hábiles se conocerá si la demanda procede en el tribunal.

Fuente: transparencia.gob.sv

Sociedad civil propone como elegir fiscal

Miembros de varias organizaciones sociales contra la corrupción presentaron un instrumento a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa como propuesta para evaluar la idoneidad de los candidatos a aspirantes a Fiscal General de la República

La propuesta de matriz para la evaluación de candidatos a Fiscal General de la República se presentó a la Asamblea Legislativa con el fin de garantizarle al país una elección indirecta o de segundo grado que sea transparente, pública, técnica, objetiva e imparcial y que tenga como resultado la designación de un funcionario público que tenga las mayores cualificaciones como profesional del derecho y, además, cuente con la idoneidad y competencia para desempeñarse en el cargo de titular del Ministerio Público y que realmente vele por los intereses del Estado.

En esa misma lógica el manual propone ciertas valoraciones sobre las elecciones indirectas, el papel y el perfil del Fiscal General, y el procedimiento legislativo que debe preceder a la elección.

La Asamblea Legislativa es la que constitucionalmente elige al Fiscal y en dicha elección se exige que el candidato que resulte electo cuente con idoneidad la cual comprende dos ámbitos: la competencia notoria y la moralidad notoria. Según el manual, también para determinar la idoneidad es de suma importancia la ponderación.

La ponderación de acuerdo a las organizciones sirve para que la decisión del legislador, en el caso de elecciones indirectas, esté debidamente sustentada en razones objetivas y no en aspectos de conveniencia o cuotas partidarias, por ser la elección de funcionarios que cumplen una función de control, tanto jurisdiccional como político-administrativo y a fin de no generar perjuicio al ejercicio de las funciones que le corresponderá realizar.

Algunos de los aspectos que se propone evaluar a los candidatos son: visión jurídica sobre aspectos relevantes, experiencia relevante, formación académica, experiencia docente, vínculos partidarios, profesionalidad, entre otros.

El instrumento para que los diputados evalúen los 74 perfiles que se han propuesto para ser Fiscal General de la República fue presentado por organizaciones sociales comprometidas en la lucha contra la corrupción, entre ellas ISD, ARPAS, Movimiento Ciudadanía Activa por el Desarrollo Territorial, el Foro Intersectorial por la Reforma Democrática, ACISAM, Movimiento Oveja Negra y el Movimiento 5+, en vista del inicio del proceso del titular del Ministerio Público.

Fuente: transparencia.gob.sv

Fiscalía inicia investigación a diputado Cardoza

Fiscalía inicia investigación a diputado Cardoza

El fiscal General de la República, Luis Martínez, anunció la noche del miércoles a través de su cuenta de Twitter que abrió una investigación al diputado Reynaldo Cardoza.

La Corte concluyó que las condiciones personales del diputado no son coherentes con sus ingresos declarados

La Corte Suprema de Justicia ordenó que el diputado del PCN sea proceso por enriquecimiento ilícito ante hallazgos realizados por la Sección de Probidad. Las cuentas de él y su esposa fueron congeladas.

En la imagen publicada por el Fiscal General se observa la indicación de trasladar el caso a la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Corrupción.

La Sección de Probidad también estableció que el diputado adquirió inmuebles sin recurrir a la constitución de créditos y sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias; los precios de compra de los inmuebles son sustancialmente bajos, considerando su extensión y ubicación, y los valores declarados de los bienes poco tiempo después son significativamente superiores, sin justificar el aumento del valor.

La investigación señala, además, que el diputado no declaró en su totalidad el reintegro por deuda política y se desconoce de dónde provinieron los fondos gastados en la campaña política que le permitieron realizar las erogaciones correspondientes.

Además, los créditos adquiridos antes de ser electo diputado fueron cancelados antes de la fecha de vencimiento y los gastos declarados no coinciden con su estilo de vida, ya que en el período 2009-2015 ha realizado cincuenta viajes personales de turismo entre él y su esposa.

La Corte concluyó que las condiciones personales del diputado no son coherentes con sus ingresos declarados, y al tratarse de un funcionario cuya fuente de ingresos declarada está constituidas por los salarios y otras prestaciones en el ejercicio del cargo de diputado, los hallazgos realizados revelan no solo un presunto enriquecimiento ilícito, y como medida cautelar se decreta la anotación preventiva de los cinco inmuebles y la inmovilización de las cuentas bancarias propias de su conyugue.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Protección Civil decreta “alerta verde” en todo el país por lluvias

La Dirección de Protección Civil a decretado hace unos minutos alerta verde en todo el territorio nacional por los efectos de una baja presión y el aproximamiento a la zona de convergencia intertropical en Centroamérica, dijo el titular de esta dirección Jorge Meléndez.

Meléndez afirmó que la situación de lluvia seguirá en las próximas horas por lo que lo ideal es hacer este anuncio para que toda la población tome las providencias a fin de evitar daños humanos o materiales.

Las precipitaciones que han ocurrido en las últimas horas han provocado ocho derrumbes, un muro colapsado, árboles caídos, inundaciones, desbordamiento de ríos y 10 viviendas anegadas en comunidad Astoria, en el departamento de la Paz.

Meléndez dijo que están monitoreando el fenómeno climático que tiene una característica atemporalada por lo que las municipalidades deben estar atentas a su evolución, y activar sus sistemas de protección civil municipal, mientras que el personal de protección civil entra en un proceso de alerta institucionalizada, dijo el también secretario de Vulnerabilidad.

Fuente: rnes.sv

Condenan a sujeto por varios delitos a 14 años de cárcel en Santa Ana

Santa Ana. Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la oficina de Santa Ana, obtuvieron condena de 14 años de cárcel para José Luis Díaz, por los delitos de Apropiación o Retención Indebida, Estafa, Uso de Documentos Falsos y Falsedad Ideológica, informo el jefe de la unidad Juan Flores.

Según explicó el jefe fiscal,  a través de las investigaciones de la Unidad de Patrimonio Privado, lograron hilvanar las actividades delictivas cometidas por el imputado en perjuicio una empresa de renta de vehículos a la cual José Luis Díaz, les alquilo un vehículo, el cual posteriormente fue vendido por el imputado.

Durante la vista pública desarrollada el 16 de septiembre de 2015, en el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, el fiscal del caso presento evidencia pericial, documental y testimonial que comprobaron la participación del  imputado en los ilícitos, por los que el Juzgador le condenó a 14 años de prisión, por los delitos de Estafa, Apropiación o Retención Indebidas, tres años por cada delito; y por Uso de Documentos falsos y Falsedad Ideológica, cuatro años por cada uno.

Según la relación delos hechos el 23 de enero de 2012, el imputado Jose Luis Diaz, compra un vehículo por el precio de $2,500, en una retroventa de cuatro meses, luego de ese plazo el imputado tenia pagar esa cantidad de dinero o regresar el vehículo, pero no hizo ninguna de las dos, cometiendo el delito de Apropiación o Retención Indebida.

Posteriormente de haberse apropiado del vehiculó, realizo otro documento de compraventa fraudulento para poder vender el carro a otra persona, por el precio de US$5000.00, es esa compraventa fraudulenta que se le practicó la experticia de Documentoscopia, con la que se acredito la Estafa, el Uso de Documentos Falsos y la Falsedad Ideológica.

Para lograr comprobar todo lo anterior, se realizaron la pertinente entrevista de las víctimas, se incautaron los documentos de compraventa de los vehículos, las experticias a Documentoscopica de las compraventas correspondientes, para así determinar cuál era la fraudulenta.

“Partida secreta” financió el fondo FECEPE

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Se suponía que el fondo FECEPE pasaría de $500,000 a $4.5 millones al final de su ejecución en mayo de 2009, pero terminó ascendiendo a $38.7 millones. Una auditoría del Banco Central de Reserva indica que $34.4 millones provenían de la partida de gastos imprevistos del Ejecutivo para alimentar el FECEPE y dárselos a los beneficiarios sin cumplir con los compromisos pactados. Los traspasos del dinero tampoco se reflejan reportados a la Asamblea Legislativa.

La partida de gastos imprevistos, o mejor conocido como la “partida secreta” presidencial, fue la fuente de financiamiento del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE) y por el que se sigue una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) por una supuesta malversación de $20 millones.

Una de las personas responsables de la administración del fondo FECEPE era la exvicepresidenta del último gobierno de ARENA, Ana Vilma de Escobar, quien era miembro del comité calificador, la entidad responsable de otorgar el dinero que, presuntamente, fue malversado por exfuncionarios de la última administración del partido de derecha y de las empresas beneficiarias.

La denuncia ante la FGR la interpuso el exministro de Economía, Armando Flores, en enero del año pasado, debido a que detectaron posibles irregularidades en el manejo del dinero como por ejemplo que las empresas beneficiarias no generaron los 250 empleos mensuales que debían, no pagaron los $200 en salario a los trabajadores, no tenía un reglamento interno de trabajo, además de existir un posible conflicto de intereses entre exfuncionarios y algunas empresas, cuando se firmaron los contratos.

El Fideicomiso lo creó la Asamblea Legislativa en diciembre de 2004 y su vigencia fue hasta mayo de 2009. El fondo surgió para crear al menos 250 empleos mensuales y mantener salarios superiores a los $200 en empresas estratégicas.

Se suponía que el fondo pasaría de $500,000 a $4.5 millones al final de su ejecución en mayo de 2009, pero ascendió a $38.7 millones, según una auditoría del Banco Central de Reserva (BCR).

El comité calificador lo conformaba la exvicepresidenta de Escobar, el exsecretario Técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah Touché; la exviceministra de Hacienda, Carmen de Arévalo; la exministra de Economía, Yolanda de Gavidia; y, el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, Nicola Angelucci.

Según la documentación, la exviceministra de Hacienda tramitó los $34.4 millones de la partida de gastos imprevistos del Ejecutivo para alimentar el FECEPE y dárselos a los beneficiarios, sin cumplir con los compromisos pactados.

La auditoría indica que los traspasos no los reportó Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Hoy se cumplen tres días desde que el secretario Rodríguez ofreció un debate público a la diputada De Escobar para discutir el caso FECEPE, sin embargo hasta la fecha la exvicepresidenta no ha aceptado.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv