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Capturan a Enrique Rais, empresario vinculado con Mauricio Funes, asi mismo al ex Fiscal Luis Martinez

La Fiscalia General de la República confirmo la detención de Enrique Rais y su sobrino Hugo Blanco Rais.

Al empresario se le acusa de falsedad ideológica y fraude, también se a mencionado que recibió beneficios durante el periodo del Ex Fiscal Luis Martinez.

Luis Martinez

El ex Fiscal Luis Martinez a sido capturado al igual que al empresario Rais, a este se le acusa de omision a la investigación y fraude procesal, Martinez fue enviado a las bartolinas de la División Antinarcoticos de la Policía Nacional Civil.

En este procedimiento de la Fiscalia General de la República se han realizado diversos allanamientos en búsqueda de pruebas que confirmen las acusaciones contra los imputados.

Fiscalía desobedece orden de juez de pedir información bancaria de expresidente Flores

El juez Séptimo de Instrucción, Miguel García, le ordenó a la Fiscalía pedirle a los países miembros del GAFI si en los sistemas bancarios existen “cuentas cifradas” a nombre del expresidente Francisco Flores. El Ministerio Público desobedeció la petición porque, según la institución, el juzgador no tiene la potestad para hacerlo.

La Fiscalía General de la República (FGR) desobedeció la orden del juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, de solicitar a los países que conforman el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que informen si en el sistema bancario de dichas naciones existen cuentas bancarias cifradas o cualquier tipo de cuentas a nombre del expresidente Francisco Flores, quien enfrenta un juicio por delitos de corrupción.

Según información del Centro Judicial Isidro Menéndez, García le ordenó al jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Tobías Menjivar, pedir dicha información, pero se negó a hacerlo al igual que los tres fiscales asignados al caso.

La unidad de prensa de los juzgados detalla que por medio de dos escritos, los fiscales le advirtieron al juez que él está invadiendo funciones que no le competen  y que no está facultado  para ordenar tal diligencia y que además  “es imposible acatar dicha orden debido a la complejidad de países integrantes de GAFI”.

Argumentos que, según el juzgador, no son suficientes para no acatar la diligencia encomendada. No obstante, la UIF ha realizado petición a países como Brasil, sin justificar los motivos de la solicitud.

En una resolución emitida el pasado 8 de abril, el juez García advierte a la fiscalía que es necesario solicitar un informe detallado sobre cuentas cifradas a nombre del expresidente Flores, pues se han presentado una serie de asistencias penales internacionales de diversos países del mundo, entre ellas, la Mancomunidad  de las Bahamas, que detallan solo la obtención de un informe de registros migratorios del imputado, no existiendo dentro del mismo escrito un pronunciamiento respecto a sus cuentas bancarias.

Así también los informes rendidos por Panamá, Chile, Honduras y Estados Unidos, en las que únicamente se detallan el término “cuentas bancarias” y que, a juicio del juez, es importante destacar que en la doctrina financiera existen diferentes tipos de cuentas, dentro de las cuales están las “cuentas bancarias cifradas”, consistentes en que se sustituye la identidad del titular por un código que solo él y el ejecutivo del banco conocen, evitando de esta manera  la vinculación de la cuenta con su propietario y así se protege a éste de la injerencia del Estado de origen.

La documentación solicitada por el juez el pasado 8 de abril ordena a la fiscalía informar dentro de tres días hábiles las diligencias de las peticiones bancarias, además de ordenar a la Unidad de Asistencia Legal Internacional de la FGR detallar cada cinco días si en dicha unidad han recibido respuesta de los países miembros del GAFI.

Asimismo, el juzgador solicitó al Superintendente del Sistema Financiera pedir a los bancos en el país informar si en dichas instituciones se encuentras registradas cuentas bancarias cifradas a nombre de Flores.

Fuente: transparencia.gob.sv

Juez envía a Asamblea petición para que fiscal general sea retirado del caso Flores

El juez Séptimo de Instrucción envió un escrito a la Asamblea Legislativa donde los querellantes piden el retiro del fiscal General, Luis Martínez, por conflicto de intereses, negligencia y omisión en la investigación en el caso. Además, solicitan que sea la fiscal adjunta Paula Velásquez, quien retome el proceso.

El juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Argüello, envió a la Asamblea Legislativa una petición de los querellantes para que el fiscal General de la República, Luis Martínez, y el equipo fiscal a cargo del proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores, sean separados del caso por conflictos de intereses.

Los acusadores particulares adscritos al juicio por delitos de corrupción contra el exmandatario solicitaron al juzgador remitir un escrito a la Secretaría General del Congreso, a fin de que sean los diputados los que conozcan y califiquen los impedimentos que concurren en el fiscal Martínez.

En el documento denominado “Solicitud de trámite para calificación  de impedimento del señor Fiscal General de la República” se pide que el titular del Ministerio Público ya no esté al frente del caso porque consideran que hay un conflicto de interés, negligencia y omisión en la investigación e inobservancia de los principios de la legalidad e imparcialidad en sus actuaciones.

En su escrito los querellantes detallan “que el equipo de fiscales auxiliares asignados al presente caso, desde el inicio de la fase de instrucción (julio 2014) hasta la fecha, han demostrado carecer de una línea de investigación propia e idónea para esclarecer los hechos investigados y no han cumplido con sus obligaciones constitucionales y legales de dirigir y coordinar la investigación en la que no se incluyó en ninguna de las fases a la Policía Nacional Civil (PNC)”.

Por esta razón  piden a los diputados de la Asamblea Legislativa que ordenen a que sea la Fiscal Adjunta, Paula Patricia Velásquez, y un nuevo equipo de auxiliares fiscales quienes continúen con la dirección funcional de la investigación y el ejercicio de la acción penal del presente caso.

“Y que resuelvan a la mayor brevedad posible, considerando que el plazo de instrucción vence el día 6 de mayo de 2015 y es improrrogable”, finaliza el escrito.

El expresidente Flores es acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares en el manejo de millonario donativos de Taiwán durante su administración gubernamental (1999-2004). Actualmente, el juzgado estudia la posibilidad de cambiar la acusación contra el exgobernante al delito de lavado de dinero, porque las pruebas presentadas no coinciden con los crímenes imputados.

Fuente: transparencia.gob.sv

Fiscal General no envió a juez supuesto documento de sanción al país por caso Flores

Aunque el fiscal General de la República, Luis Martínez, envió un escrito a los querellantes y al primer juez que llevó el caso contra el expresidente Francisco Flores para que ni mencionaran un documento con información confidencial, éste no envió la supuesta sanción recibida de Estados Unidos que solicitó el nuevo juzgador del caso. La embajadora Mari Carmen Aponte habría contestado que se le solicitara el informe en el idioma oficial de su país.

El fiscal general de la República, Luis Martínez, no envió al juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, el documento con la supuesta sanción que Estados Unidos impuso a El Salvador por revelar información secreta relacionada a una investigación contra el expresidente Francisco Flores, acusado por delitos de corrupción, según lo reveló René Landaverde, querellante en el proceso judicial.

De acuerdo a Landaverde, “el juez se lo requirió a la Fiscalía, pero el fiscal respondió diciendo que no correspondía a él enviar ese documento, sino, que debería de ser la entidad encargada, es decir, la entidad que lo emitió”.

El abogado querellante de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) agregó que el juez resolvió pedirle a la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, para que hiciera llegar al tribunal la supuesta sanción que su gobierno había impuesto a la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía por haber revelado los documentos .

“Nosotros siempre hemos dicho que es una supuesta sanción, porque no la conocemos, no la hemos visto, no podemos dar fe si existe o no. ¿En qué consiste esa sanción? Se supone, de acuerdo a lo que el Fiscal ha dicho, que es limitar la cooperación en materia de investigación financiera”, señaló Landaverde.

Según Bertha de León, abogada querellante de FESPAD, debido a que el fiscal General no respondió a la solicitud del juez se la pidió directamente a Aponte.

“La embajadora lo que le dijo fue que hay que pedírsela en el idioma oficial de Estados Unidos, entonces ahorita está pendiente la traducción del oficio donde el juez le pide a ella la sanción. A ver si ella la manda y hay que ver si realmente esa sanción impide que agreguen (documentos secretos) al proceso”, señaló Deleón.

Con respecto a las declaraciones del fiscal Martínez sobre divulgaciones inapropiadas de los documentos de Estados Unidos y un supuesto uso con fines políticos de la información, la abogada indicó que “ese es un momento previo al proceso, eso se mostró antes incluso que iniciara la investigación fiscal y la situación ahora es diferente porque ahora estamos en medio de un proceso penal”.

El artículo 22 de la Ley de Lavado de Dinero indica que si el juez requiere una información específica se la tienen que dar, en el marco de una investigación por el referido delito.

“No es la prueba que nos va a aclarar el panorama, pero si es una prueba importante es como la primera alerta que se estaban generando operaciones sospechosas”, señaló la jurista.

El pasado 19 de marzo, las organizaciones sociales querellantes presentaron un escrito ante el juez Séptimo de Instrucción para que enviara a la Asamblea Legislativa y sea este órgano de Estado que califique el impedimento del fiscal Martínez a fin de retirarlo del conocimiento del proceso penal contra el expresidente Flores y que sea la fiscal adjunta, Paula Velázquez quien retome el caso.

Fuente: transparencia.gob.sv

Oficina de Atención a Víctimas en Crisis para usuarios de Cojutepeque

El Fiscal General de la República inauguró este día la Oficina de Atención a víctimas en Crisis por abuso sexual, la cual tiene como objetivo principal crear lazos de coordinación junto a otras instituciones para converger en un mismo sentido de atención en temas como violencia sexual, evitando así; la revictimización.

El fiscal Martínez dijo en su intervención que “también se busca fortalecer a la víctima emocionalmente en su paso por el Instituto de Medicina Legal, elaborando procedimientos que permitan agilizar oportunamente su recepción y atención en crisis y la de sus familiares, así como apoyarles en la obtención de la estabilidad psicológica que les permita enfrentar la situación actual; todo esto con el fin de disminuir la revictimización de los usuarios, que acudan al IML adscrito a la Fiscalía General de la República de Cojutepeque solicitando el servicio”.

El proyecto reconoce que la activa participación de la víctima en  los procesos es una condición fundamental para impulsar cambios que permiten disminuir la violencia en su entorno  y, por ende, promoverá oportunidades para que las víctimas conozcan  sus derechos y el proceso a seguir.

La oficina incluye el equipamiento de un área de espera protegida especializada para recibir  a las víctimas de violencia sexual. El equipamiento de un área de atención en crisis a fin de brindar asistencia psicológica gratuita  a las víctimas para establecer un equilibrio emocional previo al examen forense y la incorporación de una organización no-gubernamental trabajando con el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Republica en una alianza que ya ha demostrado ser muy positiva en los dos centro de crisis implementados anteriormente en IML de San Salvador y Santa Tecla.

La actividad se desarrolla en el marco del Asocio para el Crecimiento entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, por medio del Proyecto de USAID para el Fortalecimiento del Sector de Justicia, en se sentido, se contó con la participación de Adam Schmidt, Director de la oficina de Democracia de USAID.

Fuente: PrensaFGR

 

Ex magistrada de CSJ dice que Fiscal Luis Martínez más parece defensor de expdte. Flores

Las diligencias ordenadas por el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García en el caso Flores, representan un avance significativo y más al mostrar valentía a algunas presiones que se han querido ejercer en su contra, en particular del fiscal Luis Martínez, al pretender obligarlo a no hablar del Reporte de Operaciones Sospechosas, ROS.

El juez declaró improcedente el silencio que pretendió imponer el titular de la FGR y le exigió probar la sanción que aplicó EE.UU al país por haber hecho público el documento el ex presidente Francisco Flores.

La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla Anaya dijo “estoy contenta, el juez actúa de manera correcta”, al comentar las diligencias ordenadas contra el ex mandatario para quien el juzgador ha pedido tipificar la acusación como delito de lavado de dinero y no como enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a terceros.

Según la ex magistrada fue un precedente positivo que el ex presidente Mauricio Funes tuviera la valentía de denunciar este caso de corrupción y que ha logrado hacerlo llegar a las instancias judiciales, desafortunadamente la trama de enviarlo donde un juez cuestionado por poco deja abiertas las puertas a la impunidad, en referencia a Levis Italmir Orellana.

“Es lamentable pero el fiscal (Luis Martínez) más parece su defensor de Flores y no de los intereses del país, juzgó.

La audiencia preliminar está programada para mediados de este mes y, en ella está en juego seguir con la misma tipificación del delito o modificarla a lavado de dinero.

“La fiscalía debe demostrar que cumplirá con su deber y buscar la manera de procesar a esta gente manifestó Mirna Perla Anaya.

Fuente: rnes.sv

Expertos de SSF apoyarían a Juez para determinar si Banco Citi fue cómplice en caso Flores

Después de que el Juez Séptimo de Instrucción le solicitó al Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, realizar las gestiones pertinentes para verificar en los archivos del Banco Citi El Salvador, quien absorbió al Banco Cuscatlán, si se informó en su debido momento a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía sobre transacciones irregulares de Costa Rica a El Salvador, el superintendente Perdomo reaccionó a dicha solicitud.

Con relación a dicha solicitud, se le consultó al Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo, si ya había realizado alguna diligencia al respecto y comentó: “Sobre eso no puedo hacer comentarios, nosotros le hemos destacado dos peritos al juez y (solo ellos) manejan esa información de forma confidencial. Como Superintendencia le estamos dando todo el apoyo a lo que nos ha solicitado el señor juez” afirmó, sin ampliar detalles”.

La solicitud al Superintendente servirá para verificar en los archivos del Banco Citi El Salvador -quien absorbió al antiguo Banco Cuscatlán- si se informó en su debido momento las transacciones sospechosas antes referidas.

Óscar Campos, abogado de la organización querellante Iniciativa Social para la Democracia (ISD), amplió que tiene entendido que ya hay “dos peritos que están realizando los peritajes financieros bancarios, dándole seguimiento a los cheques y cuentas de la familia del expresidente Francisco Flores y hay uno más del Ministerio de Hacienda que está haciendo un recuento de los bienes de la familia Flores”.

Pero, según Campos, estos dos expertos que mencionó el juez serían distintos y deberían revisar en los registros de la Superintendencia si se realizó alguna transferencia bancaria desde Costa Rica a El Salvador y a qué banco, ya que los montos que se mencionan en este caso, son arriba de los mínimos que permite la ley y debían ser reportados a la institución reguladora.

“Si el banco que recibió dicha transferencia de fondos millonarios no informó a la SSF, también tendría responsabilidad penal en este caso de corrupción, ya que si no se reporta una transacción financiera da pie a sospechar que el origen de los fondos no son legales”, afirmó Campos.

Esta información solicitada por el juez también es valiosa para determinar si existe el delito de lavado de dinero en este caso.

En cuando a que la Fiscalía General de la República (FGR) informara de forma clara y contundente si el Banco Cuscatlán de El Salvador, advirtió oportunamente a la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía si las trasferencias bancarias realizadas entre los meses de octubre a diciembre de 2003, que involucran cuatro cheques emitidos por la Embajada  de China (Taiwán) a nombre del imputado, al respecto el juzgador considera que los argumentos sobre “que se ha hecho una búsqueda minuciosa y hasta la fecha no se ha encontrado registro alguno“, no dejan claro al juez, la información solicitada, denotando únicamente  los desórdenes administrativos de  dicha Unidad que debe emitir el informe”.

El Juez Miguel Ángel García previno a la representación fiscal a que dentro de tres días hábiles a partir de anteayer, aclare si está anunciando un nuevo delito al imputado o está modificando la calificación de los delitos actuales.

El juzgado Séptimo de Instrucción también solicitó hace unos días a la representación fiscal del caso del exmandatario Francisco Guillermo Flores,  a que demuestre  la existencia de la sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a el Salvador, porque el hecho de manifestar que existe formal reclamo no acredita al juez  su legítima existencia.

Asimismo solicita  a la embajadora  de los Estados Unidos  a que a través de los medios legales correspondientes informe al juzgado,  si existe formal reclamo y prohibición de parte del FinCen a revelar información de inteligencia financiera con otras instituciones en El  Salvador.

Fuente: transparencia.gob.sv

Juez recuerda a Fiscal General que informes del ROS fueron divulgados por Fiscalía

El juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, envió un oficio al Fiscal General, Luis Martínez, donde le informa que ha sido dentro de la administración de él y en su custodia que los documentos del ROS se publicaron, por lo que personal de la Fiscalía filtró el informe.

García insta al titular del Ministerio Público a buscar dentro de su institución a los responsables de la divulgación de la información y le notifica a Martínez que no puede colaborar para evitar la divulgación del Reporte.

Asimismo le indicó que en la audiencia especial realizada el pasado 20 de febrero se les informó a los medios de comunicación que se encontraban presentes, que el proceso no tiene ninguna restricción publicitaria y que podrían tener acceso al mismo.

De ahí que el juzgador señala que “como administrador de justicia y garante de la legalidad, siempre ha defendido la libertad de expresión y el derecho que tienen los diferentes medios noticiosos a que se les otorgue información”.

“Es una expresión de un Estado de Derecho y Democrático, pues hacer lo contrario significaría mantener a la sociedad salvadoreña en la ignorancia de los diferentes acontecimientos en su seno”, recalcó el juez Séptimo de Instrucción.

En el oficio, García Argüello le notifica también al fiscal Martínez que no son procedentes las advertencias y las amenazas que realizó días atrás a efecto de procesar a quien mencione el ROS, pues le recordó que la Constitución y las normas infraconstitucionales no contemplan ninguna disposición  en la que se le asigne al juez funciones de restringir que alguien divulgue lo que se encuentra dentro del proceso.

Fuente: transparencia.gob.sv

Fiscal sancionará con prisión a juez de caso Flores si revela documento reservado

El Fiscal General República, Luis Martínez, advirtió al juez Séptimo de Instrucción,  Miguel Ángel García Argüello, al personal del Tribunal y a toda persona que pueda tener acceso al expediente del exmandatario Francisco Flores, a que se abstengan  de hacer mención del denominado ROS, así como evitar mencionar a la agencia que lo emitió,  “porque con toda seguridad, emprenderá acciones legales  a quien incurra en dicha conducta”.

Según un comunicado enviado por el Centro Judicial Isidro Menéndez, en el escrito entregado el pasado 19 de febrero, el fiscal advierte al juzgador que su decisión se basa en el artículo 324 del Código Penal, que estipula sanción con prisión de cuatro a seis años al funcionario o empleado público que revele o divulgue  información o documentación  reservada o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos.

El fiscal general le recuerda en el escrito al juez García que la decisión del Gobierno de Estados Unidos, por medio de la Red Contra el Crimen Financiero (FinCen) de sancionar a El Salvador de no compartir información financiera para la investigación del delito de lavado de dinero y activos, se debió a la inapropiada divulgación y uso para fines políticos  que se le dio a la información  sobre actos de corrupción.

“Lo que ve con mucha preocupación porque ya no contará con un aliado tan importante en el combate de este flagelo”, subraya el Ministerio Público en el documento enviado al Tribunal.

Martínez le aclara, además, al aplicador de la ley que dicha información se puede compartir “única y exclusivamente con autorización por escrito de la agencia que la emitió”.

Al respecto, el Juzgado Séptimo de Instrucción envió informes en cuanto a estas advertencias a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia, a fin de que tengan conocimiento de la situación.

Sin embargo, en la audiencia del pasado viernes, el juez García Argüello prometió un juicio en el que los medios de comunicación tendrán acceso a toda la información del proceso, además de garantizar la transparencia del mismo.

Fuente: transparencia.gob.sv