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FGR ordenó la detención de cinco terroristas de la MS, en San Salvador

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San Salvador. Cinco integrantes de la Mara Salvatrucha, fueron capturados esta madrugada por orden administrativa de la Unidad de Vida de San Salvador, vinculados al homicidio de agravado de William Orlando P.

Los terroristas forman parte de la estructura criminal Clica Modelos de la MS, que opera en la colonia Nicaragua de esta capital. Los sujetos fueron identificados como: Juan Carlos Vasquez Orellana, alias “El Pelillo o Chonte”, Cristian Alexander Vasquez Ventura, alias “El Chungo”, Rolando Efraín Verga Rivera, alias “El Escolta”, Diego Edgardo Santos Garay, alias “Diego” y José Adalberto Peraza Mercado, alias “El Popom”.

Al momento de su detención las autoridades incautaron teléfonos celulares que servirán para análisis que determinen hechos criminales.

La FGR presentara la acusación formal en contra de los cinco sujetos en las próximas horas para que estos respondan por el delito de homicidio agravado.

Fuente: FGR

Corte de Constitucionalidad suspendió la orden de Jimmy Morales de expulsar al funcionario de la ONU

La máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), tomó la decisión tras “un exhaustivo análisis del caso”, que provocó un terremoto político en el país y fue condenada por Estados Unidos, gran parte de los países de la Unión Europea y Naciones Unidas.

El mandatario, de 48 años, decretó el domingo la expulsión del ex magistrado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(Cicig), al acusarle de injerencia en asuntos de Estado y sobrepasarse en sus funciones.

Este ente de la ONU, que respalda desde 2007 la depuración judicial y el combate a las mafias en Guatemala, inició el viernes junto a la fiscalía un proceso para retirar la inmunidad a Morales, con el fin de investigarle por supuesta corrupción durante la campaña electoral de 2005.

Tres de los cinco magistrados de la CC, que frenó en un primer momento la medida de manera temporal, acabó otorgando “el amparo provisional solicitado” y dejó “en suspenso definitivo el acto que se señaló como reclamado”.

La decisión de la máxima instancia judicial guatemalteca colmó las exigencias de decenas de indígenas y activistas, que celebraron la resolución quemando cohetes y cantando vítores frente a la sede de la CC, en el centro de la capital. Horas antes habían manifestado su apoyo a Velásquez en la Cicig.

“Apoyamos a Iván Velásquez por la gestión emprendida para limpiar al Estado de los tentáculos oscuros de la corrupción, impunidad, mafias, el crimen organizado y estructuras paralelas de poder”, dijo a periodistas Miguel de León, vocero de los líderes indígenas.

El presidente de la CC, Francisco de Mata, señaló que el fallo debe ser notificado a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Gobernación y al director general de la Policía Nacional Civil, con “el objeto de hacer de su conocimiento esta decisión y por consiguiente se abstengan de ejecutar” la orden del mandatario.

La suspensión definitiva se dio por un amparo aceptado provisionalmente el mismo domingo del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien asumió el cargo el 19 de agosto.

“El órgano competente (CC) determinó que lo actuado por el presidente no tenía sustento legal y en tanto el presidente tendrá que hacerse (a) la idea (de) que el comisionado Iván Velásquez seguirá cumpliendo su función”, contó Rodas.

La resolución indica que el amparo se fundamentó en que la orden de expulsión era ilegal por no contar con el respaldo del ministro de Estado, tal y como establece la Constitución. Sólo llevaba la firma del gobernante.

Antes de conocerse la decisión de la corte, un Morales visiblemente molesto reiteró, durante una reunión con alcaldes que le apoyan, su intención de echar al comisionado.

El vocero presidencial, Heinz Heimman, dijo que hasta el momento no se ha fijado una posición oficial acerca de la suspensión definitiva.

Con información de AFP

Duro revés para la Fiscalía en el juicio de la “tregua”

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Entre los absueltos están Raúl Mijango, el mediador y principal implicado, así como el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda y otros exfuncionarios que habrían colaborado para permitir que pandilleros introdujeran ilícitos a las cárceles, informó el portal de noticias Agencia de Prensa Salvadoreña (APS).

Un juez especializado de sentencia absolvió este martes de todos los cargos a las 18 personas procesadas en el llamado caso “tregua” y dio así un duro revés a la Fiscalía General de la República (FGR), a la que señaló de presentar “una pésima” investigación

El juez del Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador, dijo que “no se pudo comprobar la introducción de ilícitos a los centros penales”.

Tras calificar de pésima la investigación de la Fiscalía, el juez de la causa indicó que “hay una sensación de que algo se está ocultando” y parece que el ministerio publicó no lo investigó.

Al final el caso tregua se suma a otros que los críticos de la Fiscalía han calificado como “show mediático”.

En su resolución el juez también dijo que la Fiscalía no presentó peritajes financieros para sustentar el mal manejo de los fondos dentro de los reclusorios y que además la acusación no debió ser por “actos arbitrarios”.

“Vamos libres y con la frente en alto”, dijo Anilber Rodríguez, exinspector de Centros penales, tras escuchar la resolución y quien lamentó el trato recibido por los medios de comunicación quienes dijo “ya lo condenaron”.

“Tenemos jueces independientes…nos sometimos al proceso y salimos bien”, dijo por su parte el ex director de centros Penales Nelson Rauda, tras conocer que no habían pruebas en su contra y quedaba absuelto de cargos.

Cuando fue detenido por la policía hace meses, Rauda dijo que se sentía tranquilo y prometió que demostraría su inocencia.

La tregua fue llamada por el ministro de Defensa, general David Munguia Payés, proceso de pacificación y se cumplió de marzo de 2012 a mayo de 2013. En ese periodo hubo 1500 muertes menos, algo que Munguía Payés calificó como un logro importante.

La tregua fue verificada por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya misión constató también la entrega de cientos de armas por parte de los líderes de las pandillas.

Fuente: Transparencia Activa

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Pandillero de la MS condenado a 22 años de prisión por homicidio en Ahuachapán

Ahuachapán. Ricardo Antonio Caishpal Zumba, alias “Garra”, de 35 años de edad, miembro de la MS, deberá cumplir 22 años de prisión, después de que fiscales de La Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina Fiscal de Ahuachapán, lograran establecer su responsabilidad en el delito de Homicidio Agravado, en perjuicio de Carlos Noé Salazar Zepeda, hecho ocurrido el 20 de enero de 2012, en finca El Retiro, cantón Ashapuco, del municipio de Ahuachapán.

Explicó el jefe de esta oficina Fiscal, Cristobal Hernández, que ocho los pandilleros participaron en este hecho, de los cuales siete ya fueron juzgados y condenados con anterioridad, y solamente Ricardo Antonio Caishpal Zumba, alias “Garra”, se encontraba pendiente de ser juzgado, por encontrarse rebelde, y ser capturado a finales del año 2016, y puesto a la orden de los tribunales correspondientes.

La vista pública se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, el 21 de agosto de 2017;  donde la Fiscalía, para lograr esta condena contó con la colaboración de un testigo con régimen de protección de clave “Leñador”, quien observó directamente la manera en que sucedieron los hechos; además, se presentó el álbum fotográfico y croquis del lugar, así como la prueba científica, como autopsia. Después de los alegatos de ambas partes, el juzgador resolvió emitir el fallo condenatorio de 22 años de prisión, para Ricardo Antonio Caishpal Zumba, por el delito de Homicidio Agravado.

Consta en la relación de los hechos, que ocho pandilleros de la MS, entre ellos el imputado Caishpal Zumba, se desplazaban por la finca El Refugio, llevaban a la fuerza a un joven a la orilla de una quebrada que divide El Huatal y la Finca El Retiro, en el lugar el imputado junto a otro sujeto, sacan cuchillos tipo yatagán, atacan a la víctima, mientras que otros lo sostenían de los brazos; luego lo lanzan a la quebrada y llevando un corvo bajaron a la quebrada, donde él solo se escuchan unos pujidos, luego se fueron del lugar, caminando.

Fue el 21 de enero de 2012, se realizó la Inspección de cadáver, identificando como Carlos Noé Salazar Zepeda, quien presentaba heridas por arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

Fuente: Fiscalía General de la República

Cinco MS condenados por Homicidio Agravado Imperfecto o Tentado en Sonsonate

Sonsonate. Cinco miembros de una estructura criminal  de la “Mara Salvatrucha” (MS), fueron enviados a prisión luego  de que un tribunal los declarara responsable penalmente, de haber atentado contra la vida la victima que cuenta con el régimen de protección, hecho ocurrido en Las Cruces, Municipio de Nahuizalco, del departamento de Sonsonate, el 17 de enero de 2016.

El Jefe de la oficina Fiscal de Sonsonate, Santiago Hernández, identifico a los imputados como: Miguel Ángel  Shull  Paiz, alias “Canelo”, de 25 años de edad; Osiris Amel Cortez Hernández, alias “gringa o cebolla”,  de 36 años de edad; Francisco Arístides Aguilar Hernández o José Francisco Aguilar Hernández, alias “Frank o Frijol”, de 28 años de edad; Joel Enrique Shull Paiz, alias “macho o machito”, de 20 años de edad y Raúl Alberto Shull Paiz, alias “vatita”, de 23  años de edad;  a quienes se les atribuye el delito Homicidio Agravado Imperfecto o Tentado en Grado de Coautoría, previsto y sancionado en los artículos 128 y 129 Nº 3, relacionados con el artículo 24 y 33 del Código Penal, en perjuicio de la vida del testigo y victima clave “Apolo”.

La víctima protegida “Apolo” narro que el 17 de enero de 2016, cuando caminaba del Cantón Pushtan, a Las Cruces, del municipio de Nahuizalco; y luego de caminar unos diez minutos, vio que en una esquina estaba un sujeto que conoce con el alias de “Canelo”, apuntándole con un arma de fuego, a quien le decía “SI te corres te mato”.

En ese momento salen cuatro sujetos más, y él salió huyendo del lugar, y “Canelo”,  le disparo en varias ocasiones, los cuales cayeron sobre la calle donde él corría, al detenerse por un momento observo que atrás de él habían cinco sujetos parados a media calle, y que todos tenían pistolas en sus manos; estos lo comienzan a perseguir, pero nuevamente sale corriendo, y no se detuvo hasta llegar hasta Las Cruces.

La vista pública se desarrolló en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate, quien conoció en detalle los elementos de prueba expuestos por Fiscales de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina de Sonsonate, entre ellas la pericial, documental y el testimonio de la víctima protegida de clave “Apolo”; elementos que de manera categórica demostraron la participación de los cinco imputados en el hecho, y al finalizar la audiencia el juzgador dio validez a la evidencia presentada, declarando a los cinco imputados, culpables del delito que se les acusa, imponiendo la pena de 10 años de cárcel, para cada uno.

 Fuente: Fiscalía de la República

Fiscal General desconoce si hay avances en investigación de pagos por sobresueldos

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El fiscal Douglas Meléndez se limitó a señalar que el proceso está abierto y que mientras avance se realizará un plan de investigación e irá solicitando información a otras instituciones. Este caso ha sido denunciado por organizaciones ciudadanas ante la misma Fiscalía General de la República y en la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal General de la República, Douglas Meléndez, informó desconocer si hay avances o no en la investigación del caso de exfuncionarios gubernamentales que recibieron presuntos sobresueldos.

“No tengo información sobre avances en el caso de los sobresueldos. Si abrimos el procedimiento y se irá haciendo el plan de la investigación y pedir información a algunas instituciones”, aseguró el titular del Ministerio Público.

Meléndez indicó que el proceso fiscal al respecto está abierto, pero matizó en que no solo la institución que preside debe hacer algo al respecto, sino que también otras entidades como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental, a pesar que por ley la Fiscalía es la que tiene el monopolio de la investigación del delito.

En las últimas semanas ha estado en debate público el pago a exfuncionarios de gobiernos anteriores con sobresueldos, especialmente los vinculados a los del partido ARNEA, hecho que se conoció por la filtración en las redes sociales y en algunos periódicos digitales de recibos en los que se evidencia la firma de recibido.

Entre los presuntos involucrados están el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal; el exsecretario Jurídico de la Presidencia y actual director de estudios políticos de Fusades, Luis Mario Rodríguez; la exministra de Educación, Darlyn Meza; los actuales diputados de ARENA, Rodrigo Ávila y Margarita Escobar; el directivo de la Cámara de Comercio y expresidente de Concultura, Federico Hernández; el expresidente de CEPA, Albino Román; el expresidente del Registro Nacional de Personas Naturales, Gerardo Suvillaga, entre otros.

También, hace unos días circularon otros recibos de pagos de sobresueldos a favor de exfuncionarios de gobiernos de ARENA, entre los que están el exsecretario Técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah; el exviceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix; el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto; el exministro de Turismo, Rubén Rochi; y, la exministra de Economía, Yolanda Mayora de Gavidía.

En esa lista aparece por segunda ocasión, el director de Transparencia Internacional capitulo El Salvador y director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio; el rector de la Universidad José Matías Delgado y firmante de los Acuerdos de Paz, David Escobar Galindo; Francisco de Sola, Carlos Rosales y Conrado López Andreu.

Las 30 organizaciones sociales que conforman la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (Asgoju) interpusieron en los últimos días un aviso ante la Fiscalía y una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por este caso, pidiendo la investigación de los delitos de lavado de dinero y de enriquecimiento ilícito.

Fuente: Transparencia Activa

FGR Sonsonate ordena captura de cuatro sujetos por el homicidio de un turista en Izalco

Sonsonate. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su oficina en Sonsonate, ordenó la captura de cuatro pandilleros de la 18, dos de los cuales ya fueron capturados y están perfilados como de los más  buscados, quienes son acusados del homicidio de David Mauricio Aquino, ocurrido el 15 de abril de 2017, luego de ser atacado en la jurisdicción de Izalco, cuando solicitaba ayuda para su vehículo, que estaba recalentado.

Según la relación de los hechos, a la víctima se le quedo su vehículo por falta de agua en el radiador, y al pedir ayuda en el zona, los miembros de la pandilla 18, lo identificaron como residente de Ciudad Arce, departamento de la Libertad; razón por la cual, los cuatro sujetos le dieron muerte.

La captura de dos de los implicados, se logró mediante operativo desarrollado el 7 de junio de 2017, con el apoyo de la Policía Nacional Civil de la subdelegación de Izalco, en el cantón Huiscoyolate de esa jurisdicción, a través de órdenes admirativas giradas por La  Unidad de Delitos Relativos a la Vida, de esta oficina Fiscal.

Los agentes de la policía  que participaban en el operativo, fue atacado por un grupo de pandilleros de la misma estructura, formándose un intercambio de disparos, logrando la PNC  capturar en flagrancia a siete sujetos entre hombres y mujeres; incautándoles un arma de fuego y más de 900 gramos de droga (marihuana).

El jefe de esta sede Fiscal, Santiago Hernández, dijo que entre los capturados estaban Kevin Jonathan Quintana García, alias “Chema”, de 21 años, y Moris Alfredo Baires  Ramón, de 34 años, alias “Western o Robit”, acusados de haber asesinado al turista David Mauricio Aquino, cuando la víctima solicitaba agua, para el radiador de sus carro.

Los hechos describen que Baires Ramón junto a uno de los dos prófugo, le dispararon  con un arma de fuego  en varias ocasiones a la víctima, ocasionándole la muerte de inmediato; mientras que Quintana García, y el otro sujeto,  también es prófugo de la justicia, daban seguridad mientras realizaban el hecho; mientras que las personas que acompañaban a la víctima, lograron huir al escuchar los disparos.

La oficina fiscal de  Sonsonate giro orden de captura contra cuatro personas por este hecho y otras 10 por los delitos de Privación de Libertad y Homicidio Tentado, en perjuicio de victimas con régimen de protección, de las cuales ya se hicieron efectivas cuatro.

Fuente: FGR

Denuncian por enriquecimiento ilícito a exfuncionarios de gobierno y a presidente de ANEP

En la denuncia que hacen las organizaciones aglutinadas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia le exigen a la Corte Suprema que ordene a la Sección de Probidad investigar y auditar las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de los exfuncionarios que aparecen señalados en una publicación realizada por el periódico El Faro, que revela las cantidades de dinero que recibían miembros del partido ARENA de Casa Presidencial desde los gobiernos de Armando Calderón Sol hasta la gestión de Antonio Saca.

La Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) denunció ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el posible enriquecimiento ilícito de exfuncionarios de gobiernos del partido ARENA durante las administraciones de Armando Calderón Sol, hasta el periodo de Antonio Saca, así también en contra el actual presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal.

En la denuncia que hace ASGOJU –entidad conformada por 30 organizaciones ciudadanas– le exige a la CSJ ordenar a la Sección de Probidad investigar y auditar las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de los exfuncionarios que aparecen señalados en una publicación realizada por el periódico El Faro, donde mencionan una lista de personas que recibían pagos irregulares provenientes de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial.

Según los denunciantes, la CSJ debería iniciar una investigación de oficio en contra de Luis Cardenal, Margarita Escobar, Rodrigo Ávila, Roberto Rubio, Darlyn Meza, Luis Mario Rodríguez, Federico Hernández, Gerardo Suvillaga, Román Ortiz, Carmen Sosa y Michelle Gallardo de Gutiérrez por posible enriquecimiento ilícito en las referidas administraciones de gobierno del partido ARENA.

Según el documento presentado por las organizaciones, la figura de sobresueldo o bonificaciones especiales puede constituir un incremento patrimonial no justificado de las personas que han denunciado por el presunto ilícito.

“Al tener un origen discrecional y posiblemente ilícito, y al no ser debidamente declarados en las respectivas declaraciones patrimoniales, pueden constituir elementos para mantener su naturaleza delictiva”, indica el comunicado.

Las mismas organizaciones sugieren a la CSJ auditar las declaraciones juradas de patrimonio, y solicitar al Centro Nacional de Registro que identifique las sociedades en las que han sido accionistas o socios, al igual que a sus familiares, además, verificar los inmuebles que hayan estado a nombre de los sospechosos, así como los balances de las actividades comerciales.

También pidieron que solicite al sistema financiero datos sobre todos los bancos del sistema o asociaciones de ahorro, a nombre de los sospechosos o sus familiares. Asimismo solicitar al Ministerio de Hacienda todas las declaraciones de renta e IVA de los señalados.

La Alianza Social también presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República hace unas semanas, en la que señalaban que tanto los exfuncionarios de ARENA como el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio Fabián, pudieron haber incurrido en el delito de Lavado de Dinero y Activos, por recibir pagos poco trasparentes de Casa Presidencial en los gobiernos de ARENA.

 Fuente: Transparencia Activa

Gobierno se mantiene firme en su estrategia de seguridad

Las recientes medidas impulsadas por el Ejecutivo han permitido la reducción de los homicidios en un 50%. Desde el pasado 10 de agosto, entró en vigor la segunda etapa de las medidas extraordinarias en las que se contempla el fortalecimiento del sistema penitenciario.

En este sentido, agradeció a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, al sector privado, a la academia y a la sociedad en general que se han unido en la lucha por debilitar y erradicar a estas bandas criminales que operan en El Salvador.

Informó que de $152 millones avalados por el congreso, $100 se invertirán entre este año y el siguiente para que el IPSFA se ponga al día con el pago de pensiones a los militares retirados y para fortalecer a la Policía Nacional Civil y a los elementos de la Fuerza Armada que apoyan en tareas de seguridad.

“Se le dará también recursos importantes a la Dirección de Centros Penales, para construir nuevos centros penales, se invertirá en garantizar que estas medidas extraordinarias que estamos trabajando en una segunda fase logre más efectividad”, dijo el mandatario durante el programa Gobernando con la Gente que tuvo lugar en Guaymango, Ahuchapán.

Durante su mensaje, exaltó el trabajo que realizan los cuerpos de seguridad para rescatar los territorios asediados por la violencia, reiterando el compromiso de su gobierno de trabajar en su fortalecimiento y dignificación.