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Fujimori

Alberto Fujimori podrá ser juzgado por otra matanza cometida durante su mandato

El ex presidente peruano Alberto Fujimori podrá ser juzgado como presunto autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de seis personas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina, después de que la Corte Suprema confirmó la anulación del derecho de gracia que se le otorgó en 2017.

El máximo tribunal ratificó este lunes una decisión de la Sala Penal Nacional que resolvió que “carece de efectos jurídicos” la resolución que firmó el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre de 2017 concediendo a Fujimori el derecho de gracia junto con el indulto, que también fue anulado por un juez peruano en 2018.

Según la resolución, publicada por la agencia oficial Andina, el tribunal declaró fundada la solicitud de no aplicación del derecho de gracia que pidió la parte civil e infundado el pedido de exclusión y archivo del proceso que formuló la defensa de Fujimori.

Derecho de gracia e indulto

Al confirmar la anulación de derecho de gracia, la Corte Suprema dejó sin efecto el impedimento para que Fujimori (1990-2000) pueda ser procesado por otros casos, tras los que en 2009 lo llevaron a ser condenado a 25 años de cárcel como “autor mediato” de dos matanzas cometidas por el grupo Colina.

Dispuso, en ese sentido, “la continuación del proceso” por el llamado caso Pativilca, un distrito de la provincia limeña de Barranca donde el grupo Colina secuestró, torturó y asesinó a seis personas el 29 de enero de 1992, lo que ha llevado al Ministerio Público a solicitar 25 años de cárcel para los acusados.

Al indultar a Fujimori, Kuczynski aseguró que su salud corría riesgo en prisión por tener, en ese momento, 80 años, y padecer de dolencias crónicas como hipertensión y problemas gastrointestinales, por lo que también buscó cerrar la posibilidad de que se la abra algún nuevo juicio con el derecho de gracia.

Una nueva derrota judicial

El pasado 21 de noviembre, la Segunda Sala Penal Para Procesos con Reos Libres del Poder Judicial ya había rechazado un recurso presentado por el abogado de Fujimori, César Nakasaki, contra los jueces que resolvieron y ratificaron la anulación del indulto otorgado al ex mandatario.

La decisión confirmó una resolución anterior que negó “de plano” un hábeas corpus presentado por Nakasaki, quien había pedido que se aparte del caso a todos los integrantes de la sala suprema que ratificó la anulación del indulto.

El tribunal recordó que este fue revisado en cumplimiento de un pedido de la Corte Interamericana de Derechos humanos, y que el resultado de ese proceso, que llevó a su anulación en octubre de 2018, fue “adecuado, razonable y óptimo”.

La estrategia de la defensa

Nakasaki ha señalado que no tiene mayores expectativas de que sus recursos reciban un pronunciamiento favorable, por lo que su intención es agotar todas las instancias judiciales para poder llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC).

En esa instancia, el abogado espera lograr que se anule la resolución judicial “y que se restablezcan los efectos del indulto humanitario”, que en su momento generó gran polémica y manifestaciones ciudadanas en Perú.

En ese escenario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó la revisión del indulto, aunque luego de que este fue anulado, Fujimori permaneció internado durante cien días en una clínica de Lima, hasta que en enero de 2019 volvió a prisión para terminar de cumplir su condena a 25 años de cárcel.

(Con información de EFE)

Inicia proceso de firma de convenios para entregar indemnizaciones a víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos del conflicto armado

La  Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato,  participó  en la Asamblea Ciudadana de incorporación al Programa indemnizatorio a víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos del conflicto armado interno, un proceso llevado a cabo por el Consejo de Reparación de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos del Conflicto Armado (CODREVIDH), presidido por la Secretaría de Inclusión Social (SIS), bajo la Coordinación de la Subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe de Espinoza.

En el acto participaron personas de diferentes departamentos de la zona central del país, quienes recibieron los convenios individuales en los cuales se estipula la transferencia monetaria que será entregada, bimensualmente, como indemnización por parte del Gobierno a través del Fondo de Inversión Local para el Desarrollo Local (FISDL).

Como esta Asamblea Ciudadana se realizarán diez más en todo el país durante el mes de agosto, de tal forma que las primeras indemnizaciones sean entregadas en los próximos meses, según lo previsto.

La entrega de estas indemnizaciones es un avance más en el cumplimiento del Programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno, detallado en el Decreto Ejecutivo 204 y ejecutado por el CODREVIDH.

Para llegar al proceso que inició este 10 de agosto, se hizo previamente una actualización del Registro de Víctimas, logrando identificar a 7,000 personas (incluyendo a familiares de las víctimas), que son las que recibirán la indemnización a través de la transferencia monetaria. Ese trabajo fue realizado por el FISDL y las organizaciones sociales representantes de las víctimas.

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El CODREVIDH inició su trabajo en julio de 2014, cuando el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, presentó a su Consejo Directivo, el cual es presidido por la Subsecretaria de Inclusión Social. Las víctimas del conflicto armado también tienen sus representantes en dicho Consejo Directivo, quienes fueron elegidas por las organizaciones de la sociedad civil en las que están agrupadas las víctimas y sus familiares.

México publicó la versión oficial de la desaparición de los 43 estudiantes

Las autoridades mexicanas mantienen un fuerte hermetismo en torno a las investigaciones por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Sin embargo, este domingo la Fiscalía hizo público el expediente de la causa. Una práctica inusual en México.

El informe está compuesto por 85 tomos y 13 anexos y comprende más de 54.000 folios. No obstante, varios nombres, direcciones y otros datos personales aparecen ilegibles, al igual que varias fotos, gráficas y otros documentos.

La publicación del documento «tiene el objetivo de garantizar, de mejor manera, el derecho ciudadano al acceso a información» y responde a una mayor transparencia y rendición de cuentas, señaló la Procuraduría General de la República en un comunicado de prensa.

Arely Gómez, procuradora General, anunció esta semana ante senadores que haría público el expediente en internet, luego que una periodista independiente lo solicitó a través de la ley de transparencia y logró hace meses que el Instituto Nacional de Transparencia obligara a la fiscalía a darle acceso al documento.

La publicación del expediente también surge después de que el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde hace seis meses investiga el caso, presentara un informe en el que puso en duda conclusiones de la investigación oficial y pidió que se abran nuevas líneas de investigación.

Pero el grupo de expertos volvió a concluir que los cuerpos de los estudiantes desaparecidos no fueron incinerados en el basurero de Cocula, municipio vecino a Iguala.

De acuerdo con la indagatoria oficial los jóvenes fueron atacados y detenidos por policías de Iguala, a 240 km de la Ciudad de México, quienes los entregaron a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado e incinerado en Cocula.

Esta hipótesis es rechazada por los padres de los 43 jóvenes que acababan de ingresar a la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa, ubicada a 124 km de Iguala, en una de las regiones más pobres del país.

 

Fuente: Infobae

La Seguridad Jurídica que todos Necesitamos

william martinezPara algunos autores la seguridad jurídica ha sido un tema ambiguo que ha tenido diferentes concepciones a través del tiempo. Para algunos se entiende por seguridad jurídica la protección de intereses privados en contra de las protestas callejeras. Para otros, la seguridad jurídica se entiende como un conjunto de normas y principios  que hay que cumplir a como dé lugar, sin hacer distinción entre unos y otros.-(lasalle 1)

A nuestro criterio, la seguridad jurídica es un concepto que debe tener como fundamento la legitimidad de los miembros de la sociedad es decir, la base de este concepto es que la mayoría del conglomerado social, acepte,  apruebe que toda acción realizada por sus autoridades y dirigentes tiene como fin a la persona humana y el bien común tal y como lo establece el artículo 1 , 2 y el 101 de nuestra constitución, el cual se refiere a que el orden económico debe estar al servicio de la mayoría de los salvadoreños.-

De ser así, todos disfrutaríamos de un cuerpo de leyes secundarias de obligatorio cumplimiento y los pocos cuestionamientos del proceder de nuestras autoridades y dirigentes políticos fueran parte del reconocimiento de los derechos a los que el individuo puede apelar en caso de no verse satisfecho en sus pretensiones.-

Lo anterior, pasa de manera ineludible por aceptar u determinado “orden público” que está determinada por la sabiduría del legislador  en vista de que se trata de someter al individuo a la coacción del estado siendo que el conglomerado social debe entender que tal coacción es necesaria para la protección del individuo contra la fuerza de otros individuos que actúan fuera de la legalidad y que tales acciones carecen de ilegitimidad.-

Según Helen clarck administradora de los programas del PNUD para América Latina,   la región, para seguir avanzando en el combate de la pobreza y la desigualdad debe superar el obstáculo de tener 100.000 homicidios en todo el continente en vista de que muchos países de américa tienen una manifestación de violencia con síntomas de epidemia.-

Es por ello, que este programa considera que el tema de seguridad ciudadana es un tema delicado e importante digno de discutirlo en campañas electorales ya que los niveles de inseguridad que tienen  algunos países de la región y con mayor énfasis Centroamérica y México, impiden el desarrollo humano generando destrucción social, olvido de valores,  división familiar y social, masiva emigración, decrecimiento de las economías, odio.-

 

(1)”Concepto de seguridad Jurídica” Carlos Arturo Gallego Marín pg. 1

 

El significado de lo anterior, radica en el hecho de que la seguridad ciudadana refleja todo lo contrario respecto a lo manifestado por la funcionaria recién citada. Es decir, la seguridad ciudadana es la ausencia de violencia, la fortaleza de valores, crecimiento económico, amor. Por ello, garantizar la seguridad ciudadana debe ser una tarea impostergable de los gobernantes de los países sobre todo centroamericanos porque incluso, de ello depende su propia seguridad política ¿Qué parte de esta ecuación tal sencilla no se entiende?.  Creo que los últimos  resultados electorales hablan por si solos y sobre todo a aquellos partidos pequeños, con muchos años de existir y que siempre fueron partidos excluyentes y clasistas.-

¿Cómo debemos analizar estos datos? Sencillo. Lo que esta sucediendo es que los países latinoamericanos entre ellos el salvador, carecen de la seguridad jurídica descrita. Los miembros de estas sociedades entre ellas la salvadoreña, no están satisfechos con el tipo de «seguridad jurídica” que se intenta desarrollar en estos países en vista que objetivos  mínimos como por ejemplo,  el de tener un salario que satisfaga sus necesidades básicas, es en una gran cantidad de casos, inalcanzable.No pretendemos aquí reducir la problemática al aspecto económico pero cuando no es posible que un hijo asista a clases debidamente alimentado, cuando no se tiene acceso a los recursos mínimos de la tecnología, cuando no se tiene acceso a un vestido digno, cuando no se tiene acceso a la asistencia mínima de salud,  lo que aflora en algunos casos, es un resentimiento social que redunda en claros signos de delincuencia.-

No tenemos sistemas económicos perfectos; pero una de las metas para garantizar la seguridad jurídica de los habitantes de un país,  es que los niveles de desigualdad  entre sus habitantes sean mínimos y que estos no redunden en la miseria más extrema.

Cuando esto ocurre, al hablar de un índice delincuencial es necesario también preguntarnos ¿Cuál es el nivel de seguridad jurídica que un estado está dando a sus habitantes?

Cuando una persona decide entrar a una sociedad, entrega su libertad para someterse a un ordenamiento que le brindará una seguridad que va más allá de su fuerza física  esta seguridad debe ser igualitaria, sin discriminaciones de ninguna índole. En estos términos es que debe entenderse “el derecho” y el estado de derecho en contraposición con “el derecho” absolutista (2) eminentemente discriminatorio y represivo.-

¿Cómo se garantiza lo anterior? Por medio del instrumento necesario para que la seguridad jurídica sea realmente algo apreciado y concreto. Algo que hay que cuidar y fortalecer.  Por eso es que tales instrumentos se comienzan a desarrollar en los primeros artículos de nuestra constitución concretamente del 1 al 22 y luego se desarrollan en nuestra ley secundaria siendo fortalecidos por los tratados internacionales suscritos por El Salvador.-

A pesar de lo anterior, observamos en muchos  de los que dirigen los tres poderes del estado, muy pocos deseos de hacer cumplir estos mandatos constitucionales y pareciera que el país cada vez más, se conduce a una caída vertiginosa en todos los niveles. Estamos de acuerdo cuando se dice que hay problemas en El Salvador que para solucionarlos se requiere de la participación de toda la ciudadanía. Si, de acuerdo, pero respecto a lo que yo puedo hacer y lo que pueden hacer las autoridades que dirigen el estado, la diferencia es grande. Lo que sí puedo hacer como ciudadano es aprender  votar, aprender a elegir a mis representantes, para que las cosas en este país cambien OJALA NO SEA DEMASIADO TARDE.-