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Histórico día: Sala de lo Constitucional declara inconstitucional Ley de Amnistía y decreto por $900M, ademas de dejar sin efecto el 13% a la energía eléctrica

La Sala de lo Constitucional dirigida por los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco y el magistrado suplente Eliseo Ortiz, emitieron resolución sobre tres grandes temas nacionales, una de ellas fue el dejar sin efecto y admitir la demanda contra el decreto 39, que emitió el presidente de la República, donde el Ejecutivo pretende establecer un cargo del 13% por a la tarifa de la energía eléctrica.

El incremento del 13%  entraría en vigencia el 15 de julio, pero la aceptación de la demanda se anticipó al ser admitida unánimemente por los magistrados.

Tambien fue emitida resolucion sobre los $900 millones en bonos que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en abril de 2015, según la cual el proyecto de ley desechado no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses por infracción al proceso de formación de ley que impera en este tipo de procedimientos.

Este 13 de julio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la denominada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, decretada en 1993.

Esta sentencia marca un precedente histórico para El Salvador, pues el máximo tribunal constitucional adujo que la Ley de Amnistía constituye una violación a los artículos 2 incisos 1 y 3 y 144 inciso 2 de la Constitución de la República, por haber impedido desde el Estado el derecho de acceso a la justicia y al derecho a la reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

Esta resolución declara que  los crímenes de guerra cometidos por el Estado a través del Ejército y por la guerrilla salvadoreña deberán ser investigados para un efectivo juzgamiento en los tribunales que conforman el sistema judicial de El Salvador, a la vez se abre la posibilidad de iniciar procesos de extradición para ventilar los casos en la Corte Penal Internacional de Justicia cuya misión es juzgar a las personas acusadas de haber cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.

En Estados Unidos el internet será considerado un servicio público

El acceso a internet de alta velocidad será considerado un servicio público más. A esa decisión llegó una corte federal deEstados Unidos. Esto marca el camino para que se establezcan nuevas regulaciones que afectarán tanto a los proveedores debanda ancha como a los usuarios de la web.

Con dos votos positivos y uno en contra, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia se pronunció a favor de la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) de declarar la banda ancha un servicio público.

Es decir que los operadores estarán sujetos a las reglas de no discriminación e interconexión que rigen para los teléfonos y que están establecidas en la ley de telecomunicaciones. Esto va en favor de la doctrina de la neutralidad en la red, que prohíbe a las compañías aumentar o disminuir la velocidad de conexión de manera selectiva.

Se trata de un cambio de paradigma que intenta democratizar elacceso a internet de modo tal que ya no se considere un bien de lujo sino algo esencial.

En este sentido, la neutralidad de internet busca evitar que se realicen prácticas comerciales consideradas injustas y selectivas. Como por ejemplo, que los proveedores muevan contenido a mayor velocidad o establezcan acuerdos pagos con determinadas compañías para priorizar el tráfico de sus datos.

Estas reglas, creadas por la FCC en 2015, propiciaron una gran batalla legal luego de que los proveedores de internet, cable ytelecomunicaciones iniciaran acciones legales para frenar estas medidas de acceso libre e ilimitado. De acuerdo con las compañías, estas resoluciones eran nocivas para sus negocios.

«Después de una década de debates y batallas legales, el fallo de hoy deja en claro la capacidad que tiene la comisión para proteger internet, tanto en lo que se refiere a redes fijas y móviles, con el fin de asegurar que la red se mantenga abierta ahora y en el futuro», destacó el presidente de la FCC en un comunicado.

El fallo abre nuevos caminos para que se establezcan regulaciones para los proveedores de internet. La FCC ya propuso normas relativas a la privacidad que limitarán que compañías como Verizon y AT&T recopilen y compartan información sobre los suscriptores de la banda ancha.

De todos modos, las vueltas legales continuarán. Las proveedoras de cable y telecomunicaciones ya avisaron que están dispuestos a seguir la pelea y que llevarán su caso a la Corte Suprema.

«Siempre imaginamos que esto se resolvería en la Corte Superma y esperamos participar en la apelación», dijo David McAtee II, vicepresidente ejecutivo y asesor general de AT&T, según reprodujo el diario The New York Times.

Google y Netflix están a favor de la neutralidad en la red y le comunicaron al Gobierno que si no se establece un marco regulatorio, las proveedoras de internet tendrán un incentivo para crear modelos de negocios que podrían dañar a los consumidores.

Remarcaron que se podría ver perjudicada la calidad delstreaming y el tráfico de datos con el fin de obtener ingresos extra o para promover, de manera injusta y desigual, distintos contenidos en la web.

«Esta decisión dista de ser último paso que se dé en este debate respecto de regulaciones de internet, por eso les pedimos a los miembros del Congreso que renueven sus esfuerzos para elaborar leyes que puedan terminar con la incertidumbre que hay hoy en día y para favorecer la inversión en la red, así como para proteger a los consumidores», destacó en un comunicado Michael Powell, presidente de la Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones.

Por su parte, Barack Obama siempre se mostró a favor de la neutralidad en la red. En un comunicado difundido en 2014, destacó que no se puede «permitir a los proveedores de acceso a internet que limiten el mejor acceso (a la red) o que elijan a los ganadores y perdedores en el mercado online para servicios e ideas».

Fuente: Infobae

Proyecto de escaneo de libros de Google es legal, dice corte de apelaciones de EEUU

Una corte de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el viernes que el plan de Google de escanear millones de libros para una biblioteca virtual no viola los derechos de propiedad intelectual, en un revés para un grupo de autores que afirmaba que el proyecto los privaba ilegalmente de ingresos.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dijo que el proyecto brinda un servicio público sin violar los derechos de propiedad intelectual.

Los autores habían demandado a Google, cuya matriz ahora se llama Alphabet Inc, en 2005, un año después del lanzamiento del proyecto, diciendo que impedía ilegalmente que recibieran ingresos.

Pero Google argumentó que el proyecto impulsaría las ventas de libros al hacer más fácil para los lectores hallar las obras, y a la vez presentarles libros que de otra manera no conocerían.

Un portavoz de Google y un abogado de los autores no respondieron de inmediato a pedidos para comentar sobre la decisión de la corte.

«La división de Google de la página en pequeños fragmentos está pensada para mostrar a quien busca el contexto suficiente vinculado al término de búsqueda para ayudarle a evaluar si el libro es de su interés (sin revelar tanto como para amenazar los derechos de autor)», escribió para la corte el juez Pierre Leval.

El proyecto Google Books comenzó luego de que la compañía acordó con varias bibliotecas importantes digitalizar libros en el mercado y agotados de sus colecciones.

 

 

Fuente: Reuters

Líderes políticos de Brasil serán investigados por escándalo en Petrobras

La Corte Suprema de Brasil investigará a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a otros 32 políticos en conexión a la trama de sobornos por miles de millones de dólares en la petrolera estatal Petrobras.

El escándalo ha remecido a la clase política de Brasil y ha minado el respaldo de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue reelecta en una reñida votación el año pasado y lucha por evitar una recesión económica y una rebaja de la nota crediticia del país.

Un funcionario judicial dijo el viernes que 12 senadores y 22 diputados de cinco partidos serán investigados, 33 de ellos miembros de la coalición gobernante de Rousseff.

Los más destacados son el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos miembros del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande del país y el principal aliado de Rousseff en la coalición de Gobierno.

El Partido Progresista (PP) tiene 21 miembros bajo investigación, el PMDB seis y el partido de los trabajadores cinco, incluida la senadora Gleisi Hoffmann, jefa de gabinete de Rousseff durante su primer mandato. El tesorero del partido João Vaccari será investigado.

Sólo un político de la oposición, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está incluido en la lista, que incluye al senador Fernando Collor de Mello, un ex presidente que renunció en 1992 para evitar un juicio político por corrupción.

Bajo la ley brasileña, los funcionarios elegidos solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema, la que ahora debe decidir con la ayuda de los fiscales si existen evidencias suficientes para someterlos a juicio.

La investigación podría tomar años. El mayor caso de corrupción política de Brasil hasta el momento, que involucra pagos mensuales a legisladores a cambio de respaldo al Partido de los Trabajadores de Rousseff en el Congreso, tardó siete años antes de ir a juicio en el 2012.

PLAN FISCAL EN PROBLEMAS

La víctima inmediata de la crisis política podría ser el plan de recorte de gastos del ministro de Hacienda Joaquim Levy para reducir el déficit fiscal de Brasil y evitar una rebaja de calificación crediticia.

En un sorpresivo revés el martes, el presidente del Senado descartó una medida parte del plan de austeridad decretada por la presidente por lo que dijo eran razones de procedimiento, aunque pareció ser una venganza porque no se retiró su nombre de la investigación por corrupción.

«La situación política va a empeorar para la presidenta», dijo a Reuters un senador del Partido de los Trabajadores, bajo la condición de que no fuese identificado.

«Hay una sensación generalizada entre la clase política, especialmente en el PMDB, de que el Gobierno manipuló la lista de los legisladores involucrados en la investigación para reducir el daño al Partido de los Trabajadores», dijo el senador. Agregó que los legisladores estaban planificando bloquear otras medidas de austeridad.

Rousseff enfrenta más problemas en el Congreso por la creación de una comisión parlamentaria para investigar el escándalo de corrupción.

El primer testigo que será llamado a dar su testimonio será el ex gerente de Petrobras Pedro Barusco, quien ha dicho en un acuerdo con la fiscalía que fue hecho público que el Partido de los Trabajadores recibió hasta 200 millones de dólares en sobornos pagados en los contratos de Petrobras.

El escándalo amenaza a una ya debilitada economía de Brasil, ya que llevó a Petrobras a detener o cancelar proyectos de inversión clave. Las compañías del sector de energía y construcción están hallando dificultades para obtener créditos.

La investigación por el caso de corrupción ha llevado a 40 acusaciones por cargos de chantaje, soborno y lavado de dinero, incluidos dos ex ejecutivos de alto rango de Petrobras y 23 ejecutivos de seis de las principales compañías de construcción e ingeniería de Brasil.

Rousseff fue presidenta del directorio de Petrobras desde el 2003 al 2010, cuando ocurrió la mayor parte de los presuntos hechos de corrupción. Ella ha negado haber tenido conocimiento de la trama durante esos años y ha prometido respetar la independencia del sistema judicial.

El real brasileño cayó un 7 por ciento en la semana a 3,05 unidades por dólar el viernes, su menor nivel desde el 2004, y el índice bursátil Bovespa perdió más de un 3 por ciento, debido a que los inversores temen que la tormenta política afecte las medidas de ajuste fiscal y lleve a Brasil a perder el grado de inversión./REUTERS