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Expresidente Flores podría ir 15 años preso si es condenado por lavado de dinero

La abogada Bertha Deleón, quien es querellante en el proceso judicial contra el expresidente de la República, Francisco Flores, afirmó en una entrevista a Transparencia Activa que él podría ser condenado hasta 15 años de prisión si se le comprueba el delito de lavado de dinero en la administración de millonarios donativos de Taiwán durante su gestión gubernamental. La fase de instrucción finaliza en mayo y luego inicia la audiencia preliminar, etapa en la que se determinará si es juzgado por el nuevo crimen.

El expresidente de la República, Francisco Flores, podría pagar una pena de hasta 15 años de prisión si se le comprueba que cometió lavado de dinero. Eso sí, primero el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, debe decidir si cambia los delitos por cuales actualmente es procesado el exmandatario que son enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares en la administración de millonarios donativos de Taiwán durante su administración de gobierno (1999-2004).

Aún faltan diligencias para que se conozca a fondo la existencia del referido delito y será en la audiencia preliminar del próximo mes que el juez García decida procesarlo por ello.

La abogada querellante en el caso, Bertha Deleón, conversó con Transparencia Activa al respecto y explica que pasaría si el juzgador cambia los crímenes por los que se acusa al exgobernante, quien actualmente tiene arresto domiciliario.

¿Por qué es importante el famoso documento secreto que revela información relacionada a Francisco Flores?

El artículo 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero le dice que si el juez requiere una información se la tienen que dar. El ROS no es la prueba por antonomasia que nos va a aclarar todo el panorama, pero sí es una prueba importante, porque es la primera alerta de que se estaban realizando operaciones bancarias sospechosas, y eran sospechosas porque en primer lugar, uno de los que estaban transando era presidente de la República en ese momento, y siendo presidente de la República, según la Ley Contra el Lavado de Dinero, es una persona políticamente expuesta, es una persona como más tendiente a verse involucrado en ese tipo de delitos. Yo creería que sí es importante que se incorpore.

 Hay suficientes elementos para decir que existe el delito de lavado de dinero?  

Con lo presentado por la Fiscalía hasta el momento no, nos hace falta ver todavía los resultados del peritaje bancario y el financiero. Yo creo que eso es bien determinante.

 ¿Eso estaría antes de la vista preliminar?

Tiene que estar, porque el plazo último para presentarlos es el seis de mayo.

 ¿Y a partir de eso el juez cambiaría la tipificación del delito a lavado de dinero?

Puede cambiarlo, y de hecho ya lo anunció.

 ¿Cuántos son los años de cárcel que podría enfrentar el expresidente Flores si es encontrado culpable de este delito?

Empezando de 15 años. Lo importante del cambio de calificación es que, en primer lugar, el delito es imprescriptible, obviamente tiene una naturaleza más grave que los que se le están atribuyendo ahorita y, aparte, el fiscal (General) se vería obligado a mostrar los otros partícipes o procesarlos. El juez podría, de hecho, certificar a la Fiscalía esas mismas diligencias para que comience investigación contra otros autores.

 ¿Y la Fiscalía puede negarse a ello?

Pues si se niega estaría en una situación bastante comprometedora, más de la que está ahorita.

 Es decir, ¿el juez le puede decir a la Fiscalía: investigue esto?

Sí, puede certificar. Si en el marco de este proceso tiene elementos para decir que hay otros participantes; lo que no puede es procesarlos en este mismo caso, aquí tiene que seguir con Francisco Flores hasta el final, pero sí puede certificar a la Fiscalía para que inicie investigación contra A, B y C.

 ¿El proceso contra Flores puede alargarse después de mayo?

El seis de mayo se vence el plazo de instrucción, a partir de ahí el juez tiene 10 días. Nosotros tenemos 10 días para presentar ya sea dictamen de acusación, ya sea de sobreseimiento provisional, etcétera. En la preliminar, quizás, el juez puede decir: cambio la calificación jurídica y pasamos a juicio por lavado.

 ¿Y da otra fase?

No, ya no, ahí nos vamos con la prueba que hay porque ya no hay tiempo. El otro supuesto sería que diera un sobreseimiento provisional, ahí nos habilita un año más para investigar. Lo único que si va a estar sobreseído provisionalmente ya no va a tener ningún tipo de medidas, ni siquiera arresto domiciliar, él va a quedar en libertad. Obviamente lo más seguro es que se va a ir del país, se va a fugar, está esa posibilidad.

 ¿Cómo ve la querella la postura del fiscal General?

Nosotros lo hemos dicho desde siempre: totalmente negligente, alejada de lo que le establece la Constitución y la ley. Lo que ha demostrado es que él cree que es un todopoderoso, que él dice cuando hay y cuando no hay, lo que se hace y no se hace y no le importa lo que le obliga la ley ni la Constitución, ni al parecer no tiene miedo que lo hagan rendir cuentas. Creo que si lo reeligen ya no sé qué esperar, lo que esperaría es que lo retiren del caso y, segundo, que ya no lo reelijan.

Fuente: transparencia.gob.sv

Líderes políticos de Brasil serán investigados por escándalo en Petrobras

La Corte Suprema de Brasil investigará a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a otros 32 políticos en conexión a la trama de sobornos por miles de millones de dólares en la petrolera estatal Petrobras.

El escándalo ha remecido a la clase política de Brasil y ha minado el respaldo de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue reelecta en una reñida votación el año pasado y lucha por evitar una recesión económica y una rebaja de la nota crediticia del país.

Un funcionario judicial dijo el viernes que 12 senadores y 22 diputados de cinco partidos serán investigados, 33 de ellos miembros de la coalición gobernante de Rousseff.

Los más destacados son el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos miembros del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande del país y el principal aliado de Rousseff en la coalición de Gobierno.

El Partido Progresista (PP) tiene 21 miembros bajo investigación, el PMDB seis y el partido de los trabajadores cinco, incluida la senadora Gleisi Hoffmann, jefa de gabinete de Rousseff durante su primer mandato. El tesorero del partido João Vaccari será investigado.

Sólo un político de la oposición, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), está incluido en la lista, que incluye al senador Fernando Collor de Mello, un ex presidente que renunció en 1992 para evitar un juicio político por corrupción.

Bajo la ley brasileña, los funcionarios elegidos solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema, la que ahora debe decidir con la ayuda de los fiscales si existen evidencias suficientes para someterlos a juicio.

La investigación podría tomar años. El mayor caso de corrupción política de Brasil hasta el momento, que involucra pagos mensuales a legisladores a cambio de respaldo al Partido de los Trabajadores de Rousseff en el Congreso, tardó siete años antes de ir a juicio en el 2012.

PLAN FISCAL EN PROBLEMAS

La víctima inmediata de la crisis política podría ser el plan de recorte de gastos del ministro de Hacienda Joaquim Levy para reducir el déficit fiscal de Brasil y evitar una rebaja de calificación crediticia.

En un sorpresivo revés el martes, el presidente del Senado descartó una medida parte del plan de austeridad decretada por la presidente por lo que dijo eran razones de procedimiento, aunque pareció ser una venganza porque no se retiró su nombre de la investigación por corrupción.

“La situación política va a empeorar para la presidenta”, dijo a Reuters un senador del Partido de los Trabajadores, bajo la condición de que no fuese identificado.

“Hay una sensación generalizada entre la clase política, especialmente en el PMDB, de que el Gobierno manipuló la lista de los legisladores involucrados en la investigación para reducir el daño al Partido de los Trabajadores”, dijo el senador. Agregó que los legisladores estaban planificando bloquear otras medidas de austeridad.

Rousseff enfrenta más problemas en el Congreso por la creación de una comisión parlamentaria para investigar el escándalo de corrupción.

El primer testigo que será llamado a dar su testimonio será el ex gerente de Petrobras Pedro Barusco, quien ha dicho en un acuerdo con la fiscalía que fue hecho público que el Partido de los Trabajadores recibió hasta 200 millones de dólares en sobornos pagados en los contratos de Petrobras.

El escándalo amenaza a una ya debilitada economía de Brasil, ya que llevó a Petrobras a detener o cancelar proyectos de inversión clave. Las compañías del sector de energía y construcción están hallando dificultades para obtener créditos.

La investigación por el caso de corrupción ha llevado a 40 acusaciones por cargos de chantaje, soborno y lavado de dinero, incluidos dos ex ejecutivos de alto rango de Petrobras y 23 ejecutivos de seis de las principales compañías de construcción e ingeniería de Brasil.

Rousseff fue presidenta del directorio de Petrobras desde el 2003 al 2010, cuando ocurrió la mayor parte de los presuntos hechos de corrupción. Ella ha negado haber tenido conocimiento de la trama durante esos años y ha prometido respetar la independencia del sistema judicial.

El real brasileño cayó un 7 por ciento en la semana a 3,05 unidades por dólar el viernes, su menor nivel desde el 2004, y el índice bursátil Bovespa perdió más de un 3 por ciento, debido a que los inversores temen que la tormenta política afecte las medidas de ajuste fiscal y lleve a Brasil a perder el grado de inversión./REUTERS

 

Ex magistrada de CSJ dice que Fiscal Luis Martínez más parece defensor de expdte. Flores

Las diligencias ordenadas por el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García en el caso Flores, representan un avance significativo y más al mostrar valentía a algunas presiones que se han querido ejercer en su contra, en particular del fiscal Luis Martínez, al pretender obligarlo a no hablar del Reporte de Operaciones Sospechosas, ROS.

El juez declaró improcedente el silencio que pretendió imponer el titular de la FGR y le exigió probar la sanción que aplicó EE.UU al país por haber hecho público el documento el ex presidente Francisco Flores.

La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla Anaya dijo “estoy contenta, el juez actúa de manera correcta”, al comentar las diligencias ordenadas contra el ex mandatario para quien el juzgador ha pedido tipificar la acusación como delito de lavado de dinero y no como enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a terceros.

Según la ex magistrada fue un precedente positivo que el ex presidente Mauricio Funes tuviera la valentía de denunciar este caso de corrupción y que ha logrado hacerlo llegar a las instancias judiciales, desafortunadamente la trama de enviarlo donde un juez cuestionado por poco deja abiertas las puertas a la impunidad, en referencia a Levis Italmir Orellana.

“Es lamentable pero el fiscal (Luis Martínez) más parece su defensor de Flores y no de los intereses del país, juzgó.

La audiencia preliminar está programada para mediados de este mes y, en ella está en juego seguir con la misma tipificación del delito o modificarla a lavado de dinero.

“La fiscalía debe demostrar que cumplirá con su deber y buscar la manera de procesar a esta gente manifestó Mirna Perla Anaya.

Fuente: rnes.sv

Francisco Flores comparecerá ante nuevo Juez quien demanda más información

El juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Argüello, citó para este viernes a las once de la mañana al expresidente de la República, Francisco Flores, para hacerle de su conocimiento la competencia que le fue conferida por parte de la Corte Suprema de Justicia, que decidió quitarle el proceso judicial al juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana.

A través de un comunicado enviado este miércoles, el juez le comunicó al Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos, David Morales, que debe designar a un delegado permanente de esa institución para verificar el desarrollo del juicio en la actual etapa, a fin de garantizar la transparencia de la actuación del Tribunal.

También con la finalidad de agilizar las diligencias del expediente donde se procesa al expresidente Flores, el juez García Argüello solicitó a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el caso remitir a su juzgado las actuaciones realizadas hasta la fecha y previene a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar en el término de tres días hábiles, a partir del pasado martes, las entrevistas realizadas a los diputados que conforman dicha comisión.

En la misma resolución, el juzgador le solicita al Canciller de la República, Hugo Martínez, a que en la brevedad posible remita a la sede judicial el documento original denominado “Informe del departamento de asuntos latinoamericanos y caribeños del ministerio de relaciones exteriores de la República de China Taiwan”, sobre la cooperación brindada por este país a El Salvador, en los años 2003 y 2004.

El juez García también le pidió a la Cancillería enviar el informe escrito que fue solicitado el 13 de febrero de 2014 a la Embajada de República de China Taiwán acerca de la forma en que se dio el desembolso del dinero para cada proyecto específico, la fecha exacta de su entrega y a quién se le dieron las cantidades donadas y detalladas.

De acuerdo al comunicado enviado por el Centro Judicial Isidro Menéndez, la resolución del juez Séptimo de Instrucción, emitida el 16 de febrero, contempla varios puntos con el fin de agilizar las diligencias pendientes en la actual etapa que finaliza el próximo 6 de mayo.

Entre estas diligencias previene a los peritos de la Superintendencia del Sistema Financiero a que en el término de tres días hábiles informen sobre el estado actual de la pericia financiera que fue ordenada por el juez Orellana, el pasado 21 de octubre de 2014.

Fuente: transparencia.gob.sv

“La justicia es artrítica para casos de corrupción grandes”: Gerson Martínez, MOP

El ministro de Obras Públicas Gerson Martínez, aseguró hoy que a pesar del peligro que existe de que el caso de corrupción de la ex Diego de Holguín pueda sufrir un revés similar al que ya se tiene en el tema de hospitales, aún guardan confianza que el sistema judicial funcione.

Y no es por falta de pruebas porque las hay en abundancia dijo el titular del MOP. “Los avisos que presentamos ante la justicia son de los más documentados y confiamos que se pueda recuperar el dinero”, expresó el funcionario.

Criticó que en dos ocasiones el caso se haya suspendido y en el citatorio último ni siquiera se estableciera fecha para la realización de la audiencia.

Sus comentarios los vertió al analizar el caso de corrupción que involucraba al ex ministro Guillermo Maza quien al final fue absuelto por los delitos más fuertes quedando en la impunidad los hechos que se le señalaban.

Martínez dijo que ojalá la justicia funcione y no contribuya a dejar en la impunidad estos casos que escandalizaron a los salvadoreños en años pasados.

Cuestionó el responsable de la cartera de Obras Públicas el hecho que “para el roba gallinas los juicios son inmediatos pero para casos de corrupción más grandes la justicia se vuelve artrítica”.

Fuente: rnes.sv

Juez de Instrucción procesará penalmente a quienes divulguen información sobre ROS expdte. Flores

 juez Primero de Instrucción Levis Italmir Orellana

juez Primero de Instrucción Levis Italmir Orellana

El juez Primero de Instrucción Levis Italmir Orellana advirtió hoy que cualquier persona que divulgue el informe sobre la investigación de actos de corrupción conocida como –ROS- relacionada con el expresidente Francisco Flores será procesada penalmente.

La advertencia surge luego que el fiscal enviara un escrito al tribunal donde señala sobre la sanción emitida por el Gobierno de Estados Unidos de América por medio de la Red Contra el Crimen Financiero (FinCen) del Departamento del Tesoro, en el sentido de no compartir información financiera con la Unidad de Investigación de la FGR (UIF) para los delitos de lavado de dinero y activos.

El documento detalla que la sanción fue derivada de la inapropiada divulgación de la información proporcionada por FinCen a la UIF de El Salvador por la investigación de actos de corrupción, que en forma errónea se divulgó como “ROS”, la cual afectará las investigaciones en curso y las nuevas investigaciones, y que existe la necesidad de la FGR en obtener información de ese organismo para fortalecer los procesos de investigación.

La orden emitida por el juez es para garantizar la investigación relacionada con el expresidente Flores vinculado al desvío de ayuda millonaria entregada por el Gobierno de Taiwán.

Fuente: rnes.sv

Piden más compromiso a la Fiscalía y al Sistema Judicial en el combate contra la corrupción

Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), consideraron que el país puede avanzar más si los diferentes actores de la vida nacional se comprometen a cumplir las leyes que permitan prevenir, investigar y esclarecer casos de corrupción como el del ex Boulevard Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, por el cual se procesa actualmente al exministro de Obras Públicas Jorge Nieto o el tan sonado caso de los donativos provenientes de Taiwán, mejor conocido como caso Flores, entre algunos de los más de 150 casos de corrupción que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República en el quinquenio anterior y que aún esperan ser investigados.

Lamentaron que solamente tres casos tuviesen sentencia condenatoria (Caso Correos de El Salvador, Corrupción en el ISTA y caso RHESSA), aunque con penas para los implicados sustituidas por condenas no privativas de libertad o trabajos de utilidad pública.

Sobre el proceder del Fiscal en la reciente publicación del uso de aviones propiedad de Enrique Rais para hacer viajes, quien a su vez es objeto de investigación por la institución que dirige el Fiscal Luis Martínez, Abraham Ábrego de FESPAD señala que “esto se tiene que investigar o a lo sumo que el funcionario rinda cuentas, ya que no basta con que diga que son asuntos privados, sobretodo porque hay unas obligaciones internacionales y principios básicos que obligan a un fiscal a decir y dar cuentas sobre ese tipo de proceder”.

“Si yo acepto cualquier tipo de premio, regalo, beneficio (…) o tengo un parentesco familiar, de amistad con alguna persona y eso se revela, eso atañe a la imparcialidad que uno espera del Fiscal y sobretodo por lo que dicen los principios que este funcionario tiene que perseguir prioritariamente los casos en que haya graves violaciones de derechos humanos y casos de corrupción”, añadió Ábrego.

Por dichos argumentos, las organizaciones sociales esperan que el Fiscal rinda cuentas y explique el caso, porque la publicación de esta situación pone en entredicho la imparcialidad del mismo. Además esperan se investigue porque esto puede caer en una de las prohibiciones que menciona la ley de Ética Gubernamental.

Ramón Villalta de la ISD expresa igual postura y sobre otros casos en los que está involucrado el proceder del Ministerio Público, enfatiza que “la responsabilidad constitucional del fiscal cuando se le presenta un anuncio de un delito de corrupción y especialmente cuando una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que ha hecho un procedimiento de investigación y ha presentado dos informes consecutivos con altos indicios de haberse cometido ilícitos de lavado de dinero y en donde hay una estructura que involucra al sector financiero del país, a instituciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos y vinculan a partidos políticos en este caso en particular al Instituto Rodríguez Porth y al partido ARENA dentro de esa estructura de lavado de dinero y si el fiscal el Fiscal dice que no va a investigar el delito de lavado de dinero y que no lo va a requerir ante un juez que él decide qué se investiga y qué no investiga, porque nadie le puede decir a él lo que puede investigar, entonces con esas discrecionalidades no podemos contar con este Fiscal”.

Por este proceder la ISD considera presentar una petición a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el caso Flores, para que llame al Fiscal Luis Martínez a presentar un informe del estado de la investigación del mencionado delito de corrupción, y luego “valorar la destitución del funcionario, por el proceder en el caso de los viajes en aviones propiedad de una persona sujeta de investigación por parte del Ministerio Público”.

Sobre el sistema judicial reclamaron una pronta depuración de 300 jueces que tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizando demandas en su contra y nunca aparecen en la agenda de Corte Plena para solventar esta situación.

“Mientras tanto tendremos jueces que son señalado por vicios en casos de corrupción, pero que siguen actuando y teniendo su desempeño normal y la debida aplicación de justicia, como en el caso del Juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana en el caso Flores, tomando decisiones cuestionadas en la función de impartir justicia. Es muy delicada la situación de falta de confianza en el Sistema de Justicia”, señaló Villalta.

En materia de acceso a la información, se destacó el fortalecimiento institucional en la apertura de Oficinas de Información y Respuesta o Unidades de Acceso a la Información en más del 97% de las instituciones pública, la entrada en funcionamiento hace poco más de un año del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el avance significativo que instituciones como Casa Presidencial, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas entre otras, han tenido al pasar de niveles de opacidad total hasta alcanzar en este último año altos niveles en publicación y divulgación de información pública, y el reconocimiento jurisprudencial que la Sala de lo Constitucional a través de diversas resoluciones ha venido dando al derecho humano de acceso a la información, inclusive en casos en los cuales se intentó coartar mediante reservas legales, el ejercicio del mismo.

También se refirieron al recién publicado Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional (TI) que refleja un leve avance en cuanto a la posición que el país ocupa dentro del mismo, reflejando el aumento de un punto en su medición en comparación al índice anterior; y ven con preocupación que diferentes sectores generadores de opinión pública mediática muestren su rechazo a la apertura democrática del espectro radioeléctrico, a la reforma de diferentes cuerpos normativos que garanticen condiciones de igualdad, participación y transparencia en los procesos legales y administrativos, a la realización de estudios técnicos sobre la distribución y actual situación del mercado de televisivo y al fomento de la competitividad bajo normas claras; ya que todo ello permitiría al país dar cumplimiento a altos estándares internacionales como los emanados de la OEA o la ONU.

Fuente: transparencia.gob.sv

Somalia y Corea del Norte, los países más corruptos del mundo

corea del norte

El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, uno de los países más corruptos del mundo. AFP

Somalia y Corea del Norte se mantienen como los países más corruptos del mundo en el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional (TI), que otorga las mejores notas un año más a Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia.

Según el informe, presentado este miércoles y considerado un referente en la lucha contra la corrupción, España conserva suaprobado con 60 puntos de un máximo posible de 100, uno más que el año pasado.

El presidente de TI, José Ugaz, denunció la corrupción como un “fenómeno universal” e hizo hincapié en el peligro de la impunidad. El riesgo aumenta “cuando el sistema político y legal de un país no actúa con la suficiente rapidez y eficacia como para poner atajo a los comportamientos corruptos, sancionarlos y establecer precedentes legales para el futuro”, advirtió.

En el nuevo índice España recala en la posición 37, lo que supone un avance de tres puestos con respecto al ránking anterior.

En comparación con sus socios comunitarios, España se sitúa en un punto intermedio de la tabla, que lideran los nórdicos, seguidos por las naciones del centro y el oeste del continente, y cierran, todos con 43 puntos, Bulgaria, Grecia, Italia y Rumanía.

Según el índice anual de TI, que mide cómo de corrupto se percibe el sector público de cada país mediante hasta una docena de estudios comparativos, el 69% de los países analizados suspenden en transparencia (58% dentro del G20), con una puntuación media mundial de 43 puntos sobre cien.

Los menos corruptos

Dinamarca, con 92 puntos, Nueva Zelanda (91), Finlandia (89),Suecia (87) y Noruega (86) encabezan la clasificación, con mínimas variaciones con respecto a los últimos años.

De manera similar, tan sólo con pequeñas oscilaciones, en la cola continúan Somalia y Corea del Norte, ambos con ocho puntos, Sudán (11), Afganistán (12) y Sudán del Sur (15).

Entre las grandes potencias, EEUU, se sitúa en el puesto 17, por detrás de Alemania (12), Reino Unido (12) y Japón (15), y bien lejos de Brasil (69), India (85), China (100) y Rusia (136).

TI destacó la caída de cuatro posiciones sufrida por China respecto al año pasado, “a pesar del hecho de que el gobierno chino ha lanzado una campaña anticorrupción”, un “pobre resultado” similar al cosechado por las grandes empresas del gigante asiático.

China pierde 20 puntos en este último informe, pero tampoco salen bien parados países como Malí, que cede 19; Timor Oriental, que se deja 14; y Yibuti, con 13 menos.

Los mayores avances los registran Egipto, que gana 20 enteros; Tailandia, que aumenta 17 puntos; y Honduras, Benin, Kazajistán y Kirguistán, cada uno de ellos con 14 puntos más.

América Latina

La clasificación regional de América Latina, como en años anteriores, está liderada por Uruguay y Chile, que comparten el puesto 21 con 73 puntos, y cerrada en su extremo inferior por Venezuela (puesto 161 con 19 puntos) y Paraguay (puesto 150 con 24 puntos).

El informe también ordena las regiones en orden decreciente de transparencia, un ránking que encabeza Europa Occidental (66 puntos), seguida por América (45), Asia Pacífico (43), Oriente Medio y Norte de África (38), Europa del Este y Asia Central (33) y África Subsahariana (33).

Este estudio, según Ugaz, demuestra “que cuando líderes y funcionarios de alto rango abusan de su poder y se apropian de fondos públicos para beneficio personal, se socava el crecimiento económico y los esfuerzos para frenar la corrupción desaparecen”.

El presidente de TI mostró además la preocupación de la organización por el desarrollo de redes de criminalidad organizadas que, apoyadas en las nuevas tecnologías, han convertido la corrupción en “un fenómeno global de dimensión tremenda”.

“No hablamos ya de funcionarios públicos que saqueen un estado, sino de redes globales que pueden mover miles de millones de través de las fronteras apoyadas en empresas radicadas en paraísos fiscales”, advirtió./EFE

China admite que no puede erradicar la corrupción pero seguirá combatiéndola

Las autoridades chinas reconocieron hoy que no pueden erradicar completamente la corrupción, aunque insistieron en que seguirán combatiéndola y apartando a los funcionarios “podridos”.

Con esas palabras, el responsable de Disciplina en el Comité Central del Partido Comunista, Wang Qishan, subrayó la voluntad del Gobierno y del partido de continuar luchando contra la corrupción durante la cuarta reunión de la Comisión de Disciplina (CCDI) de la formación que dirige China, según informó la agencia estatal Xinhua.