Histórico día: Sala de lo Constitucional declara inconstitucional Ley de Amnistía y decreto por $900M, ademas de dejar sin efecto el 13% a la energía eléctrica

La Sala de lo Constitucional dirigida por los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco y el magistrado suplente Eliseo Ortiz, emitieron resolución sobre tres grandes temas nacionales, una de ellas fue el dejar sin efecto y admitir la demanda contra el decreto 39, que emitió el presidente de la República, donde el Ejecutivo pretende establecer un cargo del 13% por a la tarifa de la energía eléctrica.

El incremento del 13%  entraría en vigencia el 15 de julio, pero la aceptación de la demanda se anticipó al ser admitida unánimemente por los magistrados.

Tambien fue emitida resolucion sobre los $900 millones en bonos que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en abril de 2015, según la cual el proyecto de ley desechado no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses por infracción al proceso de formación de ley que impera en este tipo de procedimientos.

Este 13 de julio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la denominada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, decretada en 1993.

Esta sentencia marca un precedente histórico para El Salvador, pues el máximo tribunal constitucional adujo que la Ley de Amnistía constituye una violación a los artículos 2 incisos 1 y 3 y 144 inciso 2 de la Constitución de la República, por haber impedido desde el Estado el derecho de acceso a la justicia y al derecho a la reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.

Esta resolución declara que  los crímenes de guerra cometidos por el Estado a través del Ejército y por la guerrilla salvadoreña deberán ser investigados para un efectivo juzgamiento en los tribunales que conforman el sistema judicial de El Salvador, a la vez se abre la posibilidad de iniciar procesos de extradición para ventilar los casos en la Corte Penal Internacional de Justicia cuya misión es juzgar a las personas acusadas de haber cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.