Piden más compromiso a la Fiscalía y al Sistema Judicial en el combate contra la corrupción

Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), consideraron que el país puede avanzar más si los diferentes actores de la vida nacional se comprometen a cumplir las leyes que permitan prevenir, investigar y esclarecer casos de corrupción como el del ex Boulevard Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, por el cual se procesa actualmente al exministro de Obras Públicas Jorge Nieto o el tan sonado caso de los donativos provenientes de Taiwán, mejor conocido como caso Flores, entre algunos de los más de 150 casos de corrupción que fueron presentados ante la Fiscalía General de la República en el quinquenio anterior y que aún esperan ser investigados.

Lamentaron que solamente tres casos tuviesen sentencia condenatoria (Caso Correos de El Salvador, Corrupción en el ISTA y caso RHESSA), aunque con penas para los implicados sustituidas por condenas no privativas de libertad o trabajos de utilidad pública.

Sobre el proceder del Fiscal en la reciente publicación del uso de aviones propiedad de Enrique Rais para hacer viajes, quien a su vez es objeto de investigación por la institución que dirige el Fiscal Luis Martínez, Abraham Ábrego de FESPAD señala que “esto se tiene que investigar o a lo sumo que el funcionario rinda cuentas, ya que no basta con que diga que son asuntos privados, sobretodo porque hay unas obligaciones internacionales y principios básicos que obligan a un fiscal a decir y dar cuentas sobre ese tipo de proceder”.

“Si yo acepto cualquier tipo de premio, regalo, beneficio (…) o tengo un parentesco familiar, de amistad con alguna persona y eso se revela, eso atañe a la imparcialidad que uno espera del Fiscal y sobretodo por lo que dicen los principios que este funcionario tiene que perseguir prioritariamente los casos en que haya graves violaciones de derechos humanos y casos de corrupción”, añadió Ábrego.

Por dichos argumentos, las organizaciones sociales esperan que el Fiscal rinda cuentas y explique el caso, porque la publicación de esta situación pone en entredicho la imparcialidad del mismo. Además esperan se investigue porque esto puede caer en una de las prohibiciones que menciona la ley de Ética Gubernamental.

Ramón Villalta de la ISD expresa igual postura y sobre otros casos en los que está involucrado el proceder del Ministerio Público, enfatiza que “la responsabilidad constitucional del fiscal cuando se le presenta un anuncio de un delito de corrupción y especialmente cuando una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que ha hecho un procedimiento de investigación y ha presentado dos informes consecutivos con altos indicios de haberse cometido ilícitos de lavado de dinero y en donde hay una estructura que involucra al sector financiero del país, a instituciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos y vinculan a partidos políticos en este caso en particular al Instituto Rodríguez Porth y al partido ARENA dentro de esa estructura de lavado de dinero y si el fiscal el Fiscal dice que no va a investigar el delito de lavado de dinero y que no lo va a requerir ante un juez que él decide qué se investiga y qué no investiga, porque nadie le puede decir a él lo que puede investigar, entonces con esas discrecionalidades no podemos contar con este Fiscal”.

Por este proceder la ISD considera presentar una petición a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el caso Flores, para que llame al Fiscal Luis Martínez a presentar un informe del estado de la investigación del mencionado delito de corrupción, y luego “valorar la destitución del funcionario, por el proceder en el caso de los viajes en aviones propiedad de una persona sujeta de investigación por parte del Ministerio Público”.

Sobre el sistema judicial reclamaron una pronta depuración de 300 jueces que tiene la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizando demandas en su contra y nunca aparecen en la agenda de Corte Plena para solventar esta situación.

“Mientras tanto tendremos jueces que son señalado por vicios en casos de corrupción, pero que siguen actuando y teniendo su desempeño normal y la debida aplicación de justicia, como en el caso del Juez Primero de Instrucción, Levis Italmir Orellana en el caso Flores, tomando decisiones cuestionadas en la función de impartir justicia. Es muy delicada la situación de falta de confianza en el Sistema de Justicia”, señaló Villalta.

En materia de acceso a la información, se destacó el fortalecimiento institucional en la apertura de Oficinas de Información y Respuesta o Unidades de Acceso a la Información en más del 97% de las instituciones pública, la entrada en funcionamiento hace poco más de un año del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el avance significativo que instituciones como Casa Presidencial, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas entre otras, han tenido al pasar de niveles de opacidad total hasta alcanzar en este último año altos niveles en publicación y divulgación de información pública, y el reconocimiento jurisprudencial que la Sala de lo Constitucional a través de diversas resoluciones ha venido dando al derecho humano de acceso a la información, inclusive en casos en los cuales se intentó coartar mediante reservas legales, el ejercicio del mismo.

También se refirieron al recién publicado Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional (TI) que refleja un leve avance en cuanto a la posición que el país ocupa dentro del mismo, reflejando el aumento de un punto en su medición en comparación al índice anterior; y ven con preocupación que diferentes sectores generadores de opinión pública mediática muestren su rechazo a la apertura democrática del espectro radioeléctrico, a la reforma de diferentes cuerpos normativos que garanticen condiciones de igualdad, participación y transparencia en los procesos legales y administrativos, a la realización de estudios técnicos sobre la distribución y actual situación del mercado de televisivo y al fomento de la competitividad bajo normas claras; ya que todo ello permitiría al país dar cumplimiento a altos estándares internacionales como los emanados de la OEA o la ONU.

Fuente: transparencia.gob.sv