Gobierno se compromete a no tolerar ningún acto que atente contra los periodistas

El viceministro de Seguridad y Justicia, Raúl López, aseguró que desde hace un par de meses se viene trabajando en la elaboración de mecanismos, protocolos, políticas y leyes necesarias para la protección de los comunicadores y el ejercicio libre de comunicar y se comprometió a garantizar la seguridad de los periodistas y comunicadores.

En el foro “Seguridad para periodistas y la lucha contra la impunidad” organizado por UNESCO, el representante del Ejecutivo expuso que en nuestro país ejercer el periodismo con los índices de violencia que existe por parte de las estructuras criminales de toda clase se ha convertido en una situación difícil y como en otras partes del mundo se convierte en instantes, en una situación de alto riesgo para los comunicadores.

Por tal razón y por instrucciones del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, del Vicepresidente y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se ha decidido acompañar el esfuerzo de UNESCO y de las distintas organizaciones de periodistas y comunicadores del país para garantizar mecanismos de prevención y protección a este gremio que sean integrales.

“Estamos 100% convencidos de que permitir que se atente contra la integridad física de los comunicadores y periodistas es permitir que se atente contra la democracia misma del país”, aseguró López.

Por esta razón, las autoridades afirmaron que no se tolerará ningún acto que atente contra los comunicadores. “Vamos a investigar, perseguir y sancionar con todo el rigor de la ley a aquellas personas que atenten contra la libertad de prensa y de expresión, y la integridad física de los periodistas, no importa de dónde vengan”, aseveró el viceministro.

Añadió que en 2013 se presentó ante la Asamblea Legislativa un esfuerzo por regular la labor de los comunicadores y periodistas, pero lamentablemente solo se hizo una discusión al respecto y no se volvió a tocar el tema.

Para el gobierno, los comunicadores ejercen un pilar fundamental de la democracia sustentado en dos grandes ejes distintos entre sí, pero que se complementan unánimemente: el derecho a la libertad de prensa que mantiene a salvo la línea editorial de las empresas comunicadoras, y otro es el derecho a libertad de expresión que corresponde al comunicador o periodista.

“A nosotros no nos interesa la forma de expresar de la línea editorial de los distintos medios de comunicación, nos interesa garantizar la integridad física de los periodistas y garantizar los principios de la democracia en el país”, concluyó López.

Frank LaRue, subdirector General de Comunicaciones e Información de UNESCO, felicitó el compromiso del gobierno en este esfuerzo, por garantizar la seguridad de todos los medios de comunicación y periodistas sin que depende de la línea editorial de los mismos para que la sociedad tenga la libertad de escoger la versión que le interese de la realidad, para que se desarrolle en la sociedad un pensamiento crítico, donde se pueda contrastar fuentes y visiones, sin encasillarnos en una sola dirección.

La Rue también valoró que “cada caso de agresión que queda impune es la invitación a que la misma agresión pase muchas veces más”, por lo que es necesario también garantizar la investigación y castigo de estos atentados.

El representante de UNESCO dijo que las agresiones por acoso sexual a las periodistas también deben ser vistas como atentados a la seguridad de las mismas para no ejercer bien su profesión, así como las persecuciones y agresiones físicas.

La invitación del organismo de Naciones Unidas a El Salvador es formular un plan intersectorial, con participación de diversos sectores, de diferentes opiniones que se vuelva un plan permanente de seguridad por ley para darle importancia a la prensa y al ejercicio de informar a la población.

La Rue concluyó valorando que si se garantiza legalmente la libertad de expresión, el derecho a tener diversidad y pluralismo para las audiencias y se garantiza la seguridad de los comunicadores y comunicadoras, la información podrá fluir y esto garantiza a su vez no sólo el ejercicio de la libertad de expresión, sino el funcionamiento de la democracia y las posibilidades de desarrollo en el país.

Fuente: Transparencia Activa

Audiencia contra el “Gordo Max” fue suspendida

Alejandro Maximiliano González, “Gordo Max” acusado públicamente por pagar para tener relaciones con menores de edad, fue suspendida la audiencia a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalia General de la República a solicitado mas tiempo para realizar una inspección y otras diligencias que a pesar de haber transcurrido nueve meses que inicio el proceso aun no se han hecho.

La audiencia fue reprogramada para el próximo 26 de septiembre, por este mismo caso, junto con el “Gordo Max” son acusados Ernesto Regalado O’ Sullivan, Salvador Enrique García y Luis Alonso Marroquín.

El proceso, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), tiene reserva total, los acusados seguirán guardando prisión preventiva.

 

Río de Janeiro comenzó el plan para soltar mosquitos con una bacteria contra el dengue

El centro de estudios médicos estatal Fiocruz inició el martes en Río de Janeiro un plan para liberar en los próximos cuatro meses 1,6 millones de mosquitos “Aedes aegypti” contaminados con una bacteria que les impide transmitir el dengue, zika y chikungunya.

Los mosquitos fueron modificados genéticamente con la bacteria Wolbachia, un método que podría reducir drásticamente el número de contagios humanos y llevar a la eliminación local de esos tres virus.

En los próximos cuatro meses, alrededor de 1,6 millones de mosquitos serán liberados en diez barrios de la Ilha do Governador y cuatro de Niterói, según señalaron a Efe fuentes de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculado al Ministerio de Salud.

La medida forma parte de una nueva fase del proyecto “Eliminar el dengue: desafío de Brasil”, ya puesto en marcha en Río de Janeiro, aunque esta es la primera vez que se hace a gran escala.

La iniciativa, que estará vigente hasta finales de 2018, se extenderá después por toda la Ilha do Governador, así como a otras localidades en la zona norte y sur de la ciudad de Río de Janeiro.

La bacteria Wolbachia, presente en el 60% de los insectos del mundo e inofensiva para el ser humano, toma el control de los tejidos reproductivos de las hembras para asegurar su existencia en generaciones posteriores.

La Fiocruz montó una estructura específica para la reproducción a gran escala del mosquito “Aedes aegypti”, que transmite dengue, zika y chikunguña, con la citada bacteria.

Actualmente, la capacidad de producción de la institución es de 600.000 huevos semanales y estiman llegar hasta un pico de diez millones.

“Estos huevos serán utilizados para la liberación en áreas incluidas en el programa, para la manutención de nuestra colonia y también para las investigaciones conducidas por los equipos especialistas del proyecto”, dijo en un comunicado el investigador Luciano Moreira, que encabeza el proyecto.

El Gobierno brasileño declaró en mayo pasado el fin de la emergencia sanitaria nacional que había anunciado en noviembre de 2015 por el entonces rápido crecimiento de los casos de zika.

Brasil fue uno de los países más afectados en todo el mundo por la propagación del zika y por el salto en el número de bebés que nacieron con microcefalia y otras anomalías por causa del virus.

En los últimos meses, además del menor número de afectados por el zika, también se registraron en Brasil menos casos de dengue y chikungunya, descenso que el Ejecutivo atribuyó a las medidas adoptadas para reducir la población de “Aedes aegypti”.

Fuente: AFP

Corte de Constitucionalidad suspendió la orden de Jimmy Morales de expulsar al funcionario de la ONU

La máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), tomó la decisión tras “un exhaustivo análisis del caso”, que provocó un terremoto político en el país y fue condenada por Estados Unidos, gran parte de los países de la Unión Europea y Naciones Unidas.

El mandatario, de 48 años, decretó el domingo la expulsión del ex magistrado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala(Cicig), al acusarle de injerencia en asuntos de Estado y sobrepasarse en sus funciones.

Este ente de la ONU, que respalda desde 2007 la depuración judicial y el combate a las mafias en Guatemala, inició el viernes junto a la fiscalía un proceso para retirar la inmunidad a Morales, con el fin de investigarle por supuesta corrupción durante la campaña electoral de 2005.

Tres de los cinco magistrados de la CC, que frenó en un primer momento la medida de manera temporal, acabó otorgando “el amparo provisional solicitado” y dejó “en suspenso definitivo el acto que se señaló como reclamado”.

La decisión de la máxima instancia judicial guatemalteca colmó las exigencias de decenas de indígenas y activistas, que celebraron la resolución quemando cohetes y cantando vítores frente a la sede de la CC, en el centro de la capital. Horas antes habían manifestado su apoyo a Velásquez en la Cicig.

“Apoyamos a Iván Velásquez por la gestión emprendida para limpiar al Estado de los tentáculos oscuros de la corrupción, impunidad, mafias, el crimen organizado y estructuras paralelas de poder”, dijo a periodistas Miguel de León, vocero de los líderes indígenas.

El presidente de la CC, Francisco de Mata, señaló que el fallo debe ser notificado a los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Gobernación y al director general de la Policía Nacional Civil, con “el objeto de hacer de su conocimiento esta decisión y por consiguiente se abstengan de ejecutar” la orden del mandatario.

La suspensión definitiva se dio por un amparo aceptado provisionalmente el mismo domingo del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien asumió el cargo el 19 de agosto.

“El órgano competente (CC) determinó que lo actuado por el presidente no tenía sustento legal y en tanto el presidente tendrá que hacerse (a) la idea (de) que el comisionado Iván Velásquez seguirá cumpliendo su función”, contó Rodas.

La resolución indica que el amparo se fundamentó en que la orden de expulsión era ilegal por no contar con el respaldo del ministro de Estado, tal y como establece la Constitución. Sólo llevaba la firma del gobernante.

Antes de conocerse la decisión de la corte, un Morales visiblemente molesto reiteró, durante una reunión con alcaldes que le apoyan, su intención de echar al comisionado.

El vocero presidencial, Heinz Heimman, dijo que hasta el momento no se ha fijado una posición oficial acerca de la suspensión definitiva.

Con información de AFP