Donald Trump rechazará a los migrantes que pidan asilo en EEUU

El gobierno estadounidense inició gestiones este lunes para no aceptar más solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera mexicana, en un nuevo intento el ingreso irregular de extranjeros al país.

Según la nueva norma publicada en el Registro Federal, los solicitantes de asilo que pasan primero por otro país no podrán pedir asilo en la frontera sur estadounidense, a menos que hayan hecho la gestión en México sin éxito. También dispone excepciones para víctimas de tráfico de personas.

«Un extranjero que entre o intente entrar en EEUU a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EEUU no es apto para asilo», señaló la disposición.

La norma, que deberá entrar en vigencia el martes, se aplica incluso a niños que hayan cruzado la frontera solos.

«Esta medida reducirá dramáticamente el peso sobre nuestro sistema causado por los solicitantes de asilo que no buscan protección en el primer país disponible, los migrantes por razones económicas que carecen de miedo de persecución, y los traficantes y las organizaciones de crimen transnacional que se aprovechan del sistema«, indicó Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional.

Se espera que la normativa, ya criticada por los sectores opositores y activistas de derechos migratorios, sea disputada en tribunales. En un comunicado, el Departamento de Justicia argumentó que la regla «utiliza la autoridad delegada por el Congreso en (…) la Ley de Migración para mejorar la integridad del proceso de asilo colocando más restricciones o limitaciones a la elegibilidad de los extranjeros que busquen asilo en Estados Unidos».

Fuente: Infobae

Pandillero de la 18 condenado a ocho años de prisión por robar una moto

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Cojutepeque, Cuscatlán. El integrante de la pandilla 18 Sureños, Isaac Josué Maravilla Alvarado, de 21 años de edad, fue condenado a ocho años de prisión por el robo de una motocicleta, el cual fue cometido el 21 de mayo de 2017, sobre la calle que conduce al municipio de Monte San Juan.

La Fiscal del caso de la Unidad de Solución Temprana de la oficina de Cojutepeque, demostró en el juicio en el Juzgado de Sentencia, que el imputado junto a otros dos pandilleros, sorprendieron a la víctima momentos después de bajarse de una motocicleta tipo deportiva, placas M 232743, unos 200 metros antes de llegar al paso a desnivel que conecta con la carretera Panamericana.

De acuerdo al testimonio de la víctima, eran como las 5:30 de la tarde, cuando se desplazaba por la calle, pero decidió detenerse y bajarse para orinar.

Repentinamente salieron del lugar tres pandilleros y, uno de ellos, a punta de pistola, lo obligaron a meterse en un camino próximo y tras amenazarlo de muerte lo acusaban de pertenecer a la pandilla contraria.

Al final, lo dejaron marcharse, pero se quedaron con la motocicleta.

Fue hasta el 17 de junio de 2017, casi un mes después que la moto fue encontrada abandonada en el cantón Corral Viejo del municipio de Tenancingo.

El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, validó las pruebas periciales, documentales y testimoniales, en contra de Maravilla Alvarado, y lo declaró responsable del delito de robo de vehículos automotores.

Médico pediatra concilia por $ 11 mil lesiones culposas en perjuicio de una niña de 7 años

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Cojutepeque, Cuscatlán. La madre de una niña de siete años de edad, que sufrió la pérdida de visión en ambos ojos, por un mal diagnóstico y por la prescripción de esteroides de forma inadecuada, decidió conciliar con un médico pediatra los daños físicos ocasionados por un valor de US$11,000.00.

El acuerdo conciliatorio de las partes, por el delito de lesiones culposas, fue presentado ante el Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán, por la Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de Cojutepeque, que lo validó judicialmente, para que el monto sea cancelado en cinco cuotas mensuales de US$2,000.00 y una de 1,000.00.

El dictamen de un perito determinó que el diagnóstico no fue el idóneo, que la prescripción de esteroides solo la puede hacer un médico especialista (oftalmólogo), y se envió tardíamente a un hospital de tercer nivel.

El expediente de investigación fue aperturado por la sede fiscal el 14 de febrero de 2018, después que la progenitora de la niña interpusiera la denuncia.

La madre se consideró ofendida porque el 10 de enero de 2018, llevó a su hija a la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, porque su vástago tenía, desde un día antes, el ojo izquierdo rojo y pegado.

La paciente fue atendida por el médico pediatra, Carlos Ernesto Mena Sales, quien le diagnóstico conjuntivitis y le recetó varios medicamentos, entre ellos, cloramicol, acetaminofén, dexagaraofta (esteroides y antibióticos) claritromicina y prednisona, por cinco días.

Ante la falta de mejoría en la salud de la menor, la madre decidió llevarla al siguiente día y le solicitó al galeno que la remitiera al hospital de niños Benjamín Bloom, pero según su denuncia, el profesional de la medicina le argumentó que le darían el mismo tratamiento.

Posteriormente, la atendió nuevamente el 12 y 17 de enero, porque era evidente que la evolución de alivio era nulo, pero este último día, después de ocho días, la remitió al hospital Bemjamín Bloom.

En el centro médico de tercer nivel, le diagnostican úlcera corneal (lesión ocular que puede agravarse sino se trata a tiempo).

El 6 de febrero, la niña fue sometida a cirugía en el ojo izquierdo.

Cámara confirma detención provisional contra imputado en caso trata de personas

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La Cámara Especializada confirmó la detención provisional, emitida por el Juzgado Especializado de Instrucción C contra Edwin Enrique Hernández Varela, procesado por agrupaciones ilícitas, trata de personas y falsedad ideológica.

La base de la apelación, presentada por su abogado defensor, fue que la Ley de Trata de Personas no había entrado en vigencia cuando se capturó al referido abogado; sin embargo, la citada instancia sostuvo que efectivamente ya estaba en vigencia, por lo tanto se confirmó la actual detención provisional. El período para que la instrucción termine será hasta el 27 de mayo del presente año. En esa fecha la Fiscalía General de la República (FGR) deberá presentar su dictamen de acusación. Actualmente Hernández Varela se encuentra en el penal de Metapán, Santa Ana.

En su momento el Juzgado Especializado de Instrucción “C” resolvió imponerle detención provisional a la imputada, Edith Emelda Ramírez, acusada por trata de personas agravada, agrupaciones ilícitas, suplantación y alteración del estado familiar, falsedad ideológica y tenencia ilegal de armas de fuego; además, además, le decretó medidas alternativas a los procesados Juan Abilio Guerra Melgar y Arturo Armando Minero Sandoval, quienes siguen sometidos al proceso y cumplen las restricciones.

La jueza interina valoró, el 28 de noviembre del año pasado, los indicios presentados por la FGR, mientras que la defensa del doctor Minero Sandoval y Guerra Melgar entregaron los arraigos familiares y laborales en regla de Ley, además, que el delito permite que en estos casos se pueda procesar a los incoados en libertad. Sin embargo, en el caso de Hernández Varela, abogado de profesión, y Ramírez, de 75 años de edad, deberán afrontar la justicia desde un centro penal. El ente investigador del Estado solicitó 24 semanas (seis meses) para profundizar en las indagaciones, las cuales fueron concedidas por la administradora de justicia. Esto alcanza también a los que quedaron bajo medidas.

Las otras medidas son presentarse cada 15 días al juzgado antes referido, cancelar una caución económica de $ 3 mil, no salir del país, presentar antecedentes penales y judiciales para así poder recuperar la libertad y someterse a la justicia.

Según la solicitud de imposición de medidas, presentada el pasado domingo, se refiere a que hay siete hechos en los que se involucraba a los ya referidos, junto con Esmeralda Aravel Flores Acosta, José Nelson Acosta, Franklin Bladimir López Flores, Roberto Omar Álvarez Leiva, Wilber Javier Cáceres Benítez, María Cristina Flores de Cruz, a la orden del Juzgado Especializado de Sentencia A y que actualmente guardan detención en penales como Izalco, Apanteos y cárcel de mujeres.

La acusación señala que la víctima, bajo régimen de protección, declaró que José Nelson se aprovechó que la ofendida estaba embarazada y le ofreció llevársela a la casa de su supuesta sobrina, Esmeralda Flores, con el objetivo que luego le dieran al bebé en adopción. Sin embargo, al arribar a la residencia fue trasladada a una casa en Ahuachapán, en donde sufrió maltrato físico, verbal y psicológico hasta que dio a luz.

Le propusieron quedarse en la casa para que trabajara como empleada doméstica y así estuviese cerca de la niña, pero fue ella siempre sufrió ese tipo de maltrato. La recién nacida fue asentada en la alcaldía municipal de Ilobasco, Cabañas, por Esmeralda, quien fingió ser la verdadera madre. Por otro lado, ella forzó a casarse la víctima con “Emerson” y así poder sacar un seguro de vida, el cual planeaban cobrarlo una vez lo mataran, lo cual no ocurrió. Este sujeto era pareja sentimental de Esmeralda Aravel Flores.

Los imputados obligaron a la verdadera madre de la niña a prostituirse en el lugar llamado “Blue Birds” y el pago se le daba a la acusada. Asimismo, el abogado Edwin Enrique Hernández Varela, fingió ser el esposo de Esmeralda para así lograr el cobro de otro seguro de una señora que vivía en Santa Ana. El médico Arturo Armando Minero Sandoval, quien laboraba en el hospital ProFamilia, como ginecólogo y se daba a la tarea de alterar los plantares de los recién nacidos.

Por último, los acusados forzaron a una nueva víctima llamada “Mateo” a casarse con Eduardo Krhiona Gutiérrez, quien ya falleció, puesto que hubo una planificación previa para cobrar dos seguros de aproximadamente $30 mil cada uno. En este caso la procesada Edith Emelda Ramírez, de 75 años, se prestó para adquirir el dinero

Más 200 esquelas impuestas por estacionarse en aceras

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Un total de 204 esquelas fueron impuestas a nivel nacional, durante los operativos desarrollados por agentes de la división y secciones de tránsito terrestre, orientados a infraccionar a los conductores estacionados en aceras y otros en ejes preferenciales, tales faltas contempladas la normativa de tránsito.

Los agentes de tránsito desplegaron los dispositivos de verificación por varias arterias de las cabeceras departamentales y en algunos sectores de esta capital, con la finalidad de infraccionar a todos los conductores que mantenían estacionados sus vehículos en zonas prohibidas y así liberar las aceras, para facilitar el paso de los peatones.

Las autoridades de tránsito informaron que continuarán desarrollando la medida de manera constante en distintos puntos de la ciudad y en el interior del país, para despejar las aceras y permitir el libre paso a los peatones.

A nivel nacional, en las últimas 24 horas, se impusieron 1,354 infracciones por faltas leves, graves y muy graves.

 

Policía decomisa 12 mil dólares durante operativo

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La Delegación San Salvador de la Policía Nacional Civil (PNC), presentó, este viernes, a 39 personas detenidas durante las últimas horas, acusados de diferentes delitos y entre los cuales se destacan tres capturados en el departamento de Sonsonate, a quienes se les decomiso la cantidad de $12 mil dólares, dos vehículos y dos armas de fuego.

El Jefe de esa delegación policial, subcomisionado Juan Carlos Arévalo, dijo durante la presentación, que dichos arrestos se hicieron efectivos durante un operativo realizado en varias viviendas de los municipios de Nahuilingo e Izalco, de Sonsonate, con personal de investigaciones.

Uno de los capturados fue identificado como Juan Vicente Solís González, de 45 años, alias “gordo”, ya que durante un registro efectuado dentro de la vivienda donde se encontraba, se encontró oculto atrás de un ropero, la cantidad de 12 mil dólares, los cuales no justificó su procedencia, así como los vehículos placas P-853485 y el C-87138, los cuales están a su nombre. Es acusado del delito de lavado de dinero y de activos, según artículo 5 de la Ley contra el lavado de dinero y de activos

También se dijo que durante un Operativo de Intervención Rápida (OIR), ejecutado por personal de la Sección Táctica Operativa (STO), se logró la captura de José Eduardo Echeverría Vásquez, de 22 años, quien es acusado del delito de violación en menor incapaz, hecho ocurrido sobre la avenida Monseñor Romero y Pasaje Cabañas de esta capital.

De acuerdo a lo manifestado por el jefe policial, el resto de capturados responderán por delitos como tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas, lesiones, amenazas, posesión y tenencia de drogas, entre otros.

80 afectados por fuga de amoníaco en Soyapango

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Cerca de 80 habitantes de la comunidad El Bambural, en Soyapango, resultaron afectados tras la fuga de gas amoníaco, ocurrida en la planta de la empresa Avícola Salvadoreña, el pasado miércoles por la tarde.

Habitantes de la comunidad explicaron a Diario El Mundo que alrededor de las 6:30 p.m., comenzaron a sentir un olor desagradable y observaron una especie de “neblina arriba de las casas”.

“(Algunas personas) fueron a tocar el portón de la fábrica pero nadie abrió, no nos dijeron qué estaba pasando y como comunidad comenzamos a evacuar como a las 7:00 de la noche”, dijo Mayra Evangelista, habitante afectada.

Según Evangelista, no hubo personal de la compañía que llegara a explicar lo sucedido, que les indicara el protocolo que seguiría la empresa o llamar a entidades de socorro, y menos que les aconsejara abandonar sus casas para evitar problemas de salud.

“La empresa debería de tener gente para informar y decirnos a nosotros que evacuemos, qué hacer en estos casos, pero no hacen nada”, afirmó Silvia Reyes, otra habitante de la comunidad.

Algunos de los afectados aseguraron que presentaron síntomas como dolor de cabeza, mareos y dolor de estómago. Tras evacuar la zona, diferentes cuerpos de socorro como Cruz Roja, Cruz Verde y Comandos de Salvamento trasladaron a los habitantes con síntomas de intoxicación al Hospital Nacional General y de Psiquiatría “Dr. José Molina Martínez”, de Soyapango.

“Actualmente está ingresado un niño de seis días de nacido que es el más afectado, porque está en cuidados intensivos; de parte de esta empresa no tenemos ninguna respuesta, no se han acercado a nosotros”, agregó Juan José Villas, habitante de la zona.

Ayer por la mañana, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), del Ministerio de Salud (Minsal), personal de la alcaldía municipal de Soyapango y de la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la República (FGR) se reunieron con personal de Avícola Salvadoreña e inspeccionaron el área donde ocurrió la fuga.

Ítalo Córdova, especialista en materiales peligrosos del MARN, aseguró que la fuga de amoníaco ya se había controlado, pese al olor poco agradable que aún se mantenía en los alrededores de la compañía y la comunidad.

El amoníaco es una sustancia de carácter corrosivo que se utiliza en la refrigeración industrial. Dentro de los efectos que puede ocasionar a la salud se encuentra la irritación en las vías respiratorias y problemas oculares, según Córdova.

De acuerdo con el experto, la fuga se originó luego que se rompiera un tubo del sistema de refrigeración, debido a la disminución de temperatura al interior del mismo.

“Se estima que fue liberado aproximadamente 50 kilogramos de amoníaco, esa es la cantidad estimada de acuerdo a la capacidad de los tubos”, explicó.

El experto consideró que la sustancia corrosiva fue liberada en un radio de 100 metros al norte de la fábrica, misma que evitó el trato con la prensa y mostró total hermetismo. Horas más tarde emitió un pronunciamiento, señalando que está trabajando con las autoridades “para confirmar las causas del incidente y ejecutar las acciones necesarias”; sin embargo, no se comprometió a brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, la Fiscalía, que también acompañó la inspección, espera el informe que presentarán la Policía Nacional Civil (PNC) y el MARN para evaluar si el hecho “amerita investigación”.

Remiten al juzgado a recapturados en caso “Corruptela”

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La Policía Nacional Civil (PNC) puso a la orden del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador a los recapturados por orden de la Cámara Primera de lo Penal, en el caso conocido como “Corruptela” y donde hay 30 procesados.

El juzgado recibió a los imputados Mauricio Antonio Yanes Morales, acusado de lavado de dinero, peculado y negociaciones ilícitas; José Lito Morales Gutiérrez, por peculado; José Dolores Zelaya Mendoza, peculado como cómplice necesario y como autor directo de peculado; también tiene orden de captura Jorge Moisés Nájera Aguilar, pero no fue presentado al juzgado.

El juez deberá informar a la Dirección General de Centros Penales sobre la recaptura de los acusados para que determine el centro penal en el que guardarán detención, mientras se realiza la audiencia preliminar.

Este caso está en la etapa de investigación y la Fiscalía General de la República ejecuta una serie de diligencias y, al finalizar la etapa de instrucción, un peritaje financiero contable determinará el monto real del dinero peculado y lavado.

Resolución

El caso “Corruptela”, a partir de la resolución que los magistrados notificaron el pasado 13 de marzo, ha sufrido algunos cambios en cuanto a las medidas cautelares, la mayoría de los imputados estaban en libertad sin ninguna medida.

Pero la Cámara al final decidió imponer medidas y fianzas de $25 mil y $100 mil a 17 procesados y, a partir de la notificación, tienen 15 días para pagarla en el Ministerio de Hacienda, de lo contrario se les ordenaría detención provisional.

De todos los imputados, seis ya guardan prisión. Desde la audiencia inicial quedaron presos el exfiscal general Luis Martínez y el exdirector de Intereses del Estado, Julio Arriaza; se unen a ellos los últimos cuatro recapturados.

Hay otros tres imputados que seguirán el proceso penal sin ningún tipo de medidas, mientras que cuatro tienen órdenes de captura que la Cámara Primera de lo Penal confirmó tras resolver apelaciones presentadas por la Fiscalía General y defensa.

Condenan a 10 años de cárcel a expresidente de BMI por caso INFOCENTROS

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de cárcel al expresidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), Nicola Angelucci, por el delito de peculado continuado (sustracción de fondos) en el caso de INFOCENTROS y de manera civil a pagar $6,173,188.61, sin embargo, fue absuelto de negociaciones ilícitas porque no se logró evidenciar que haya cometido dicho delito.

El Tribunal también le sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a los miembros de la junta directiva del BMI, por considerar que Angelucci no actuó solo.

En este proceso también estaba siendo enjuiciado el exdirector de INFOCENTROS, Sigfredo Figueroa, pero el tribunal lo absolvió del delito de negociaciones ilícitas por considerar que no existían suficientes pruebas que lo incriminaran y argumentaron que él no era una persona clave en este caso, y que solo obedecía órdenes.

Angelucci y Figueroa estaban siendo procesados por negociaciones ilícitas y peculado en perjuicio de la administración pública por un monto de más de $6.1 millones, que fueron transferidos del BMI a la asociación INFOCENTROS.

Semanas atrás, la FGR había pedido hasta 23 años de cárcel para Angelucci, y 12 años para Figueroa, además del pago de $6.1 millones en concepto de responsabilidad civil, los cuales alegaban era el monto que el BMI transfirió a la asociación INFOCENTROS.

Según la acusación fiscal, Figueroa era quien firmaba la documentación requerida para que Angelucci presuntamente lograra apropiarse de los fondos.

La FGR logró demostrar que Angelucci fue el responsable de administrar de forma irregular $6.1 millones durante el periodo de 1999 al 2009, cuando se dio una apropiación de fondos del BMI para trasladarlos a la Asociación INFOCENTROS, cuya acción no era permitida por ser una asociación sin fines de lucro.

Las pruebas presentadas por la FGR ante los jueces demostraron que existió un conflicto de interés en la administración de los recursos que van desde autocontratar a la asociación que Angelucci dirigía (INFOCENTROS), hasta adquirir los servicios de alquiler del local en la casa de su mamá, al mismo tiempo que fungía como titular de la asociación y también presidente del BMI.

 

Antecedentes

Dos años después de la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) se creó en mayo de 1999 el Fondo Especial de los recursos provenientes de la privatización de la empresa (FANTEL).

Con este fondo se pretendía financiar diversas áreas de actividades, entre ellos los Centros Comunales de Información, cuyo objetivo era facilitar el acceso a la informática mediante “la construcción, establecimiento y gestión de Centros Comunitarios de Información en todo el país”.

Apenas cuatro meses antes de la creación de este fondo, se constituyó la Asociación INFOCENTROS entidad privada, sin ánimo de lucro y formada por representantes del sector privado y un buen número de funcionarios. La referida entidad que se encargaría de la instalación de los centros de informática a nivel nacional únicamente contaba con un patrimonio de $30, según recoge un informe del Banco Central de Reserva (BCR).

La referida asociación no necesitó participar en una licitación o concurso público para que se le adjudicara el proyecto. El Consejo de Administración del Fondo, coordinado por Juan José Daboub, exministro de Hacienda durante el gobierno del expresidente Francisco Flores, designó un comité consultivo integrado por cinco funcionarios y dos miembros de FUSADES que decidieron que la Asociación INFOCENTROS era la única entidad en todo el país capaz de llevar a cabo este proyecto y recomendaron su contratación para poner en marcha los centros informáticos.

Así, el Fondo y la Asociación INFOCENTROS firmaron un contrato por la que ésta recibiría un préstamo de $10 millones, al 0% de interés y con un período de gracia de tres años. A cambio, la asociación se comprometía a instaurar una red de 100 centros comunales (conocidos popularmente como ‘infocentros’).

Conformada cuatro meses antes de la entrega del Fondo, la asociación IINFOCENTROS, con un capital inicial de $30, recibió $10 millones en calidad de préstamo al 0% de interés y con un período de gracia de tres años que nunca pagó a cambio de implementar un proyecto.

Ministerio de Medio Ambiente inicia investigación por fuga de amoníaco en Soyapango

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La ruptura en una tubería de refrigeración de la empresa Avícola Salvadoreña, donde circula amoniaco, provocó que se liberaron unos 50 kilogramos de gas al ambiente y se esparció en un radio de aproximadamente 100 metros a la redonda, afectando principalmente a los habitantes de la comunidad Bambudal y zonas más cercanas del Reparto Morazán, en Soyapango.

Un equipo multidisciplinario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en compañía de la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron una inspección este jueves para determinar si la empresa tiene planes de manejo de este tipo de químicos, sobre todo porque se encuentra en un área muy poblada.

Se presume que la ruptura se debió a una baja en la temperatura que congeló el agua en el interior del sistema de enfriamiento, según informaron los expertos en materiales peligros del MARN que realizaron una inspección en la empresa.

El amoníaco es un gas corrosivo que se utiliza en la refrigeración industrial y que, en grandes cantidades y exposición directa, puede causar graves problemas en la salud. Este gas, por sus características, no es nocivo para el medio ambiente ni es una sustancia agotadora de la capa de ozono.

Durante la inspección también verificaron las acciones hechas por la empresa para contener la fuga del gas, el estado de los equipos y el proceso de refrigeración, así como el almacenamiento y disposición del agua utilizada en dicho proceso.

El equipo del MARN constató que la fuga de gas, utilizado como refrigerante, ya fue controlada y que la maquinaria de refrigeración está detenida. Además, observó que el agua mezclada con amoníaco permanece almacenada para su tratamiento de neutralización química y posterior manejo en una planta de tratamiento de aguas residuales.

Paralelo a esta, una comitiva del Ministerio de Salud y de la Unidad Ambiental de la alcaldía de Soyapango hizo un recorrido.

Empresa no llamó al Cuerpo de Bomberos

La ministra del MARN, Lina Pohl, quien se hizo presente a la empresa poco después de enterarse de la fuga el mismo miércoles 13 de marzo por la noche, se comunicó con el director del Cuerpo de Bomberos, Mayor Joaquín Parada, quién le informó que la empresa no permitió ingresar al delegado de esa institución para verificar el interior de la fábrica.

“No fue la empresa la que llamó a bomberos, como debería ser en un accidente industrial, sino la población quienes pusieron la denuncia y llamaron a los medios de comunicación”, lamentó Pohl.

La ministra quien ingresó a la empresa la noche del miércoles en compañía de un especialista en materiales peligrosos, fue testigo del fuerte olor que se percibía en los alrededores, pero sobre todo en el cuarto de máquinas, donde empleados de la empresa realizaban acciones para intentar controlar la fuga.

La empresa ya había sido denunciada por parte de la población en otras ocasiones debido a las descargas de aguas residuales sin tratamiento que provocaban olores nauseabundos en toda la zona.

El MARN presionó para que ésta y otras cuatro empresas de la zona construyeran plantas de tratamientos de aguas residuales, debido a que se identificó que eran las que más contaminaban el río Sumpa.

Avícola Salvadoreña ya construyó la planta y está funcionando, aunque la ministra Pohl dijo que eso no es suficiente, por lo que verificarán los planes de contingencia para el manejo de este tipo de químicos y que se respetaran esos planes, sobre todo, porque está ubicada en zonas con mucha población.