FGR realizó procedimientos por piratería en licencias de Microsoft en locales de 3 centros comerciales de San Salvador

Unidad de Patrimonio Privado de la Oficina Fiscal de San Salvador, realizó esta tarde procedimiento por Violación de Derechos de Autor y Derechos Conexos por el uso de licencias no autorizadas de Microsoft Corporation, distribuidas en tres centros comerciales del gran San Salvador.

El Juzgado 4° de Paz de San Salvador, autorizó la práctica de registros en tres establecimientos ubicados en diferentes centros comerciales del gran Salvador, estos locales, venden computadoras con programas de Microsoft Corporation que no están amparados por todos los elementos legales.

La denuncia la interpuso el representante legal de la Corporación de Microsoft, donde manifiesta que los dueños de estos establecimientos tienen a la venta computadoras con la licencia ilegal de su software.

Los capturados serán puestos a la orden del Juzgado 4° de Paz de San Salvador, donde serán procesados por el delito de Derechos de Autor y Derechos Conexos por piratería de licencias de la Corporación de Microsoft.

SIS y Defensoría del Consumidor firman convenio para la protección de los derechos de las mujeres

Miles de mujeres que acuden a diario a las cinco sedes de Ciudad Mujer que funcionan actualmente, serán beneficiadas con atención en materia de consumo, tras la firma de un convenio de cooperación interinstitucional realizada hoy en Ciudad Mujer Usulután por la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato y la Presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yanci Urbina. Dicho convenio fomentará un mayor conocimiento y ejercicio de derechos en tanto consumidoras.

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Con esta nueva opción de servicios en Ciudad Mujer, la Defensoría del Consumidor fortalece y acerca los mecanismos de protección de derechos con un enfoque de género a través de una Ventanilla de Atención a la Consumidora que se instalará en el módulo de Autonomía Económica de las sedes de Ciudad Mujer en Santa Ana, San Miguel, Usulután, Colón, San Martín y Morazán (esta última, próxima a inaugurarse el 11 de diciembre).

Desde el módulo de Autonomía Económica se fomenta la formación técnico-vocacional de las,  mujeres para iniciar emprendimientos u optar a trabajos mejor remunerados, de tal forma que también mejoren sus ingresos económicos o que rompan con el ciclo de violencia, en caso de que sean víctimas de ella.

En la Ventanilla las usuarias podrán requerir servicios de información, asesoría y atención de denuncias por incumplimiento de contratos u ofertas y/o abusos de proveedores; asimismo, podrán dar seguimiento a sus reclamaciones interpuestas ante la Defensoría y tener acceso a charlas y talleres sobre derechos de la persona consumidora, orientación en temas financieros e inocuidad de alimentos, entre otros. Un aspecto importante de esta alianza estratégica es el apoyo que la Defensoría brindará, en materia de etiquetado de alimentos, a las mujeres emprendedoras que elaboran diferentes productos que se comercializan en el mercado nacional.

La atención se brindará una vez por semana en dos sedes de Ciudad Mujer, modalidad que podrá modificarse o ampliar de acuerdo al desarrollo de la estrategia de trabajo que se implemente. Con la habilitación de las Ventanillas en Ciudad Mujer, la Defensoría suma 15 puntos de atención para las personas consumidoras, entre los Centros de Solución de Controversias de San Miguel, Santa Ana, San Salvador y Plan de La Laguna (Antiguo Cuscatlán); y, las Ventanillas Departamentales de Atención al Consumidor, en las Gobernaciones político departamentales de Sonsonate, Ahuachapán, San Vicente, Usulután, Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, Morazán, la Unión y La Paz.

En ningún país en el planeta el sector privado administra el recurso agua: Lina Polh, MARN

El agua es un bien estratégico que necesitamos todos pero que no estamos protegiendo adecuadamente ante la falta de una legislación que ayude a regular su uso aseguró hoy la ministra de Medio Ambiente Lina Polh.

La situación del recurso hídrico es grave y es lamentable que los diputados no asuman la responsabilidad que les compete por estar compenetrados en salvaguardar intereses, cuando la prioridad es que este bien se cuide y se garantice su acceso a más personas, velando por su calidad.

No es hipotético el escenario de escasez y contaminación del agua en el país, mucho menos la condición de los ríos donde se descargan altas cantidades de aguas servidas, dijo la ministra Lina Polh, al tiempo de señalar que no hay un mecanismo para controlar esta situación como tampoco de quienes se lucran.

Corrigió también a aquellos que pregonan que el ente rector del agua deba ser un ente privado, cuando “no hay ningún país en el planeta donde el sector privado administre este recurso”.

El agua no hay que verla con un sentido comercial como plantean algunos sectores, insistió, ya que de ella depende la vida de miles de personas.

Sobre emergencia ambiental por basura

La ministra también trajo a cuenta las dificultades que ha generado la emergencia ambiental que impuso esta cartera de Estado en el municipio de Mejicanos, donde por pugnas internas la comuna abandonó su responsabilidad de recoger los desechos sólidos.

El problema se les escapó de las manos y no advirtieron los problemas a que expusieron a los ciudadanos de ese municipio, una situación similar ha ocurrido en Ilopango y la misma capital, donde las dificultades han sido similares sólo que las han sabido contener por el momento.

En alguna medida “los alcaldes han comprendido que si no recogen la basura la población se los va a cobrar” electoralmente. Reconoció que independientemente de la extensión territorial de otros municipios, la recolección de la basura la realizan de manera efectiva otros jefes edilicios.

La cartera de Estado trabaja en un proyecto de ley para poder hacer una mejor disposición de los desechos sólidos pero también para establecer sanciones a quienes lancen basura a las calles ya que esa situación no sólo es un problema de salud, significa vida, muerte e inundaciones, acotó.

Fuente: rnes.sv

FUSADES y FUNDE en contra que sector privado se transparente

 - Imagen transparenciaactiva.gob.sv

– Imagen transparenciaactiva.gob.sv

FUSADES y FUNDE afirmaron que el sector privado no está en la obligación de implementar mecanismos de transparencia y aseguran que esa es obligación solo en las instituciones públicas. Las reacciones surgen tras el pedido del Secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, de avanzar en la transparencia de todos los sectores de la sociedad, incluso los medios de comunicación,  a través de un pacto nacional por la integridad.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) afirmaron que el sector privado, oenegés y medios de comunicación, no están obligados a rendir cuentas y generar mecanismos de transparencia, puesto que según ellos, la obligación solo es  de las instituciones públicas.

La postura de ambas fundaciones privadas que velan por la transparencia, surge luego que el Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, recibió un documento con propuestas de varias organizaciones en las que detallan los mecanismos que deben implementar las instituciones del Estado para un gobierno abierto y participativo.

Rodríguez felicitó la iniciativa y se comprometió a valorar las propuestas para fomentar la transparencia y contraloría ciudadana en el sector público. Sin embargo, invitó a las organizaciones a generar mecanismos y propuestas para avanzar en la transparencia del sector privado.

Creo que ha llegado el momento de abrir otros espacios de transparencia y rendición de cuentas,  avanzar a un pacto nacional por la integridad, sociedad transparente, mercado transparente, por lo tanto, así como las propuestas que nos hacen son un reto para el gobierno, yo devuelvo el reto y digo, eso y más, trabajemos por una sociedad íntegra, transparente, que rinde cuentas”, remarcó Rodriguez.

Zenia Hernández, de FUNDE, reaccionó que el gobierno ya tiene las instituciones donde hacen fiscalizaciones a la empresa privada y que por lo tanto no ve el sentido de duplicar esfuerzos.

Ella considera que aunque sería un buen ejercicio de participación (transparentar el sector privado) no es el momento de hacerlo, “simplemente que no se desvirtúe y que no se tire en el buen salvadoreño, la pelota a los sectores que al final el gobierno ya controla, ya fiscaliza mejor dicho”, expresó.

Sabemos que el gobierno ya tiene esos informes a través del Ministerio de Hacienda,  porque (los privados) tienen que entregar los pagos de los impuestos o instituciones como el Centro Nacional de Registros, el registro de comercio, ya hacen ese tipo de fiscalización, argumentó.

El Secretario de Transparencia afirmó que con ese argumento  podría decir lo mismo de las instituciones públicas, puesto que ya existen instituciones como la Corte de Cuentas para fiscalizar el funcionamiento del Estado, pero de lo que se trata es de generar una cultura de transparencia y participación ciudadana en todos los sectores de la vida nacional, algo que solo se logra con voluntad.

Afirmó que el gobierno ha demostrado ser flexible y abierto a  trabajar de la mano con la sociedad civil para transparentar la gestión.

“No alcanza con un gobierno abierto, necesitamos una sociedad participativa, transparente. Medios de comunicación más transparente, empresa privada y mercados más transparentes, fundaciones más transparentes”, recalcó Rodríguez.

Mientras tanto,  Lilian Arrieta, de FUSADES, dijo al igual que FUNDE, que el sector privado no está obligado a ser transparente y consideró que eso no es una prioridad.

Hay que distinguir entre la transparencia gubernamental que es una obligación por ese vínculo entre el representante y el representado. La transparencia de otros sectores  como él decía, personal, empresarial, gremial;  eso ya puede ser algo  que sume a un ambiente de transparencia en el país pero que no es una obligación”,

expresó la representante de FUSADES.

Arrieta aseveró “que no hay que distraerse de la prioridades, actualmente con los medios que se tienen es seguir avanzando en el tema de transparencia gubernamental. Nosotros consideramos que esa es la prioridad ahorita, que hasta que ya se hayan logrado avances sólidos entonces podemos hablar de otros espacios de transparencia”.

De igual manera, la representante de FUNDE, Zenia Hernández, aseguró que “hay que tener mucho cuidado de parte de lo que se está pidiendo de parte del gobierno,  qué es lo que se busca transparentar”.

El Secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, aseguró que “esa era la respuesta clásica en tiempos de ARENA, cuidado con la participación ciudadana, cuidado con la Ley de Acceso a la Información, hay que analizar detenidamente”.

A pesar de los obstáculos, según Rodríguez, se ha avanzado especialmente en lo que antes era el país en términos de transparencia gubernamental.

“Creo que ha llegado el momento de abrir otros espacios de transparencia y rendición de cuentas para que El Salvador avance en su conjunto en ese sentido. Yo me he vuelto un firme partidario de avanzar del gobierno abierto a sociedades más abiertas y transparentes”, finalizó.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Solicitarán reformar la Ley contra la Usura para bajar tasas excesivas de interés

Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa en debate sobre reformas a la Ley de Usura. (Foto: Asamblea Legislativa)

-Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa en debate sobre reformas a la Ley de Usura. (Foto: Asamblea Legislativa)

Los diputados que integran la Comisión Financiera acordaron por unanimidad este miércoles, que solicitarán al Pleno Legislativo, la aprobación del dictamen favorable que contiene reformas a la Ley contra la Usura, para erradicar prácticas de cobro de interés excesivo a las personas que poseen créditos, especialmente a las de menores ingresos.

En la Comisión se analizó que una de las problemáticas actuales es que el cálculo de los promedios de la tasa de interés efectiva, en los diferentes segmentos de la Ley, ha sido distorsionado por numerosos prestamistas que trabajan, en la mayoría de las ocasiones, en la informalidad, por lo que se vuelve necesario establecer una nueva regla de cálculo utilizando un promedio ponderado.

El diputado por Cambio Democrático y Presidente de la Comisión, Douglas Avilés, indicó que espera que en el Pleno Legislativo se den los votos para aprobar las reformas que permitirían bajar a 1.55 la tasa efectiva promedio.

Avilés explicó que “la Ley actualmente habla de una tasa promedio simple, pero en la reforma estamos hablando de una tasa promedio ponderada, porque eso desencadenaría que en todos los segmentos baje la tasa de interés entre 30 y 40 puntos”.

Asimismo, precisó que en las reformas se incluye que haya un régimen de excepción, “que para el cálculo de la tasa de usura no se tome en cuenta toda la información que den todo ese grupo de usureros que trabajan con tasas altísimas”.

Además dijo que “en el caso de los montepíos y en el caso de las otras personas naturales que se dedican a prestar dinero, se va a aplicar la referencia de la tasa de consumo, por lo que evidentemente bajará la tasa”.

En tanto, el parlamentario por el FMLN, Misael Mejía, enfatizó que la reforma al artículo 7 de la citada Ley, impulsada por su fracción legislativa, “vendría a reducir de manera muy importante las tasas de interés, sobre todo para aquellas personas de más bajos ingresos”.

Por su parte, la diputada por ARENA, Alejandrina Castro, opinó que a partir de las reformas se establecerán “tasas máximas legales calculadas a partir del promedio ponderado y no a partir del promedio simple, como están en la Ley. Además, “se le dará a la Defensoría del Consumidor la atribución para que pueda actuar de oficio y poder investigar los casos en que los acreedores que no están regulados en el sistema financiero estén incumpliendo sus obligaciones”.

El diputado por GANA, Francis Zablah, externó:

Si contamos con los votos, van a bajar las tasas de interés drásticamente. La tasa yo la propuse, es una tasa que hará que los préstamos que andaban en el 200%, se reduzcan a un 50%. Se beneficiará a las personas que ya tienen un crédito, aunque la Ley no es retroactiva, la tasa de interés cambia para todos los préstamos.

Cabe destacar que las reformas a dicha Ley revestirán al Banco Central de Reserva de las suficientes facultades para informar de oficio sobre los incumplimientos detectados en la remisión de la información, a quien corresponda. También, otorgarán mayores atribuciones a la Defensoría del Consumidor, para que pueda desarrollar de una mejor manera, su papel de velar por el bienestar de los usuarios de créditos.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

Dirección de Medicamentos advierte de posibles prácticas indebidas por médicos en las farmacias

Pastillas en proceso de verificación en Laboratorio de la DNM. (Foto: José Mejía)

-Pastillas en proceso de verificación en Laboratorio de la DNM. (Foto: José Mejía)

La DNM no está de acuerdo con la medida de permitir doctores en las farmacias, sin embargo respeta y acatará la resolución de la CSJ, pero advierte a la población de posibles prácticas que se puedan dar como el exceso de prescripción de medicamentos.

El Director Nacional de Medicamentos, Vicente Coto, ante la resolución de la Sala de lo Constitucional que permitiría la práctica médica legal al interior de las farmacias, señala que esta medida, aunque se respeta, no es compatible con el interés de la población de tener acceso a la salud, porque el galeno (doctor) podría responder más al interés del propietario de la farmacia que al interés de los pacientes.

Dicha práctica ha sido prohibida desde 1927 por la Ley de Farmacias y la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la combinación de las funciones y la prescripción y dispensación en un mismo profesional suele conducir a un exceso de prescripción, pues existe un incentivo económico al vender más medicamento o medicamentos más costosos, para la salud del pueblo.

Para tener más control sobre estas posibles prácticas, e implementar la legalidad de la disposición, el Director Nacional de Medicamentos, José Vicente Coto y Pedro Rosalío Escobar, Presidente del CSSP firmaron un convenio interinstitucional para garantizar controles eficaces y adecuados con el fin de evitar conflictos de intereses, que conlleve a malos hábitos prescriptivos por parte de los médicos que ejerzan dentro de las farmacias.

Escobar señaló que a los doctores “no les bastará con tener un título de médicos, sino que tendrán que estar inscritos en la Junta de Vigilancia de la Carrera Médica del CSSP”, así como estar solventes con los requisitos y disposiciones que esa entidad establece a los profesionales de la salud. Además el médico deberá abrir un expediente a cada paciente que llegue para documentar la prestación del servicio al interior de cualquier farmacia, así como el diagnóstico y la receta médica que se dispense, esto sin importar que el paciente sólo llegue una vez a pasar consulta a dicha farmacia.

Otra medida a implementar en el marco de este convenio es ejecutar un plan de inspecciones en farmacias donde haya presencia de médicos para verificar las condiciones en que se está dando la consulta médica y se inspeccionará la infraestructura, en el interior de las mismas, destinada a los doctores para ejercer su profesión.

Si una persona quiere poner un médico en una farmacia, la DNM debe recibir autorización de la Junta Directiva del CSSP, quien determinará en qué condiciones se realizará esa práctica médica en el establecimiento,

afirmó Coto.

De igual forma advirtió a la población estar atenta a prácticas del médico de recetar sólo medicamento que tienen en la farmacia. “El médico debe dispensar una receta para que el paciente tenga opción de buscar el medicamento que mejor le convenga en cualquier establecimiento y no sólo en la farmacia donde pase consulta”. Otra consideración a tener en cuenta por la población es que una consulta puede ser más barata en una farmacia, pero la compra de un medicamento que sólo venda esa farmacia puede encarecer el servicio de salud, tanto como en cualquier otra clínica privada.

Por estos posibles escenarios, Coto informó que también se activará un mecanismo de comunicación para informar de manera inmediata de cualquier irregularidad sobre las actuaciones de los médicos que prescriben en el interior de las farmacias que vayan en contra de las disposiciones legales vigentes.

Finalmente, y ante información que las “Farmacias Económicas” difundieron el pasado martes declarando legal la presencia de los médicos en las farmacias, el Director de Medicamentos salió al paso y aclaró que “la Sala de lo Constitucional no ha aprobado la presencia de médicos en farmacias, lo que dice la resolución es que no es competencia de la Dirección Nacional de Medicamentos este tema, sino que la potestad para vigilar el ejercicio de la profesión médica le corresponde al Consejo Superior de Salud Pública”.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv

SIS realiza consulta ciudadana a comunidad de la diversidad sexual

La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, inauguró esta mañana la consulta ciudadana con representantes de ONG´s y activistas independientes a favor de los derechos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), como parte del proceso de construcción del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. En la actividad estuvo acompañada por la Subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe de Espinoza y el Director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), Cruz Torres.

La Secretaria Pignato ha señalado continuamente la necesidad de respetar la dignidad humana de la comunidad LGBTI y de validar sus derechos como ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, una demanda hecha también por quienes integran este grupo poblacional. Con la consulta realizada este día por el Gobierno a través de la SIS, se busca conocer los intereses y necesidades de la población de la diversidad sexual, e incluirlas en el Plan Quinquenal de Desarrollo donde se plasmarán las políticas, proyectos y estrategias futuras del Ejecutivo.

Como adelanto a las discusiones que se desarrollarán en las mesas de trabajo de esta consulta, se contempla la reiterada petición de la comunidad LGBTI para reducir la actitud discriminadora en la prestación de servicios públicos; una tarea en la que ha sido acompañada por la Dirección de Diversidad Sexual de la SIS, a través de la promoción y difusión del Decreto Ejecutivo 56 (prohíbe la discriminación por identidad de género y/o de orientación sexual en la Administración Pública).

Con este mismo enfoque participativo, la SIS realizó la semana pasada la consulta ciudadana a las Personas Adultas Mayores (PAM); así mismo, otras instancias gubernamentales han consultado a diversos sectores de la vida nacional como profesionales, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Cabe destacar que procesos de este tipo promueven la participación política de la ciudadanía y fortalecen la cultura democrática del país, algo que cobra especial relevancia cuando es el Gobierno el que consulta a poblaciones como la de la diversidad sexual, que es incluida en ejercicios democráticos como este desde el período gubernamental anterior.

Secretaria Pignato inaugura el seminario sobre la implementación de la Resolución 1325 de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad

La Presidenta de ISDEMU y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato,  inauguró este día el seminario sobre la implementación de la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, dirigido a organismos de mujeres, miembros de la PNC, Ministerio de Defensa, ONU Mujeres, Órgano Judicial e instituciones autónomas de nuestro país.

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Con este seminario, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores e ISDEMU, el Gobierno de El Salvador brinda seguimiento a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU,  en la que se plantea la necesidad de visibilizar la participación de la mujer en la prevención y resolución de conflictos y en la reconstrucción post-conflicto.

La Secretaria Pignato afirmó que “la Resolución 1325 constituye un instrumento vinculante para el Estado Salvadoreño, al ser país signatario de la Carta de Naciones Unidas, donde los Estados miembros, han convenido en aceptar y hacer cumplir los mandatos emanados por el Consejo de Seguridad”.

La funcionaria sostuvo que la prevención de conflictos, prestar una mayor atención a las necesidades, la participación y toma de decisiones de las mujeres en el contexto de seguridad y violencia social, debe ser una prioridad inmediata.

La prevención de violencia hacia las mujeres continúa siendo una de las principales apuestas de atención de nuestro Gobierno, el Plan de Gobierno para la profundización de los Cambios “El Salvador Adelante”, establece continuar avanzando hacia la equidad de género en todas sus dimensiones,

afirmó la Secretaria Pignato.

Esta Resolución brinda la oportunidad de propiciar la participación plena e igualitaria de las mujeres en todas las iniciativas de paz y seguridad social, conjuntamente con la integración de género en el contexto de conflictos, del mantenimiento de la paz y de la reconstrucción.

La Resolución 1325 de las Naciones Unidas fue aprobada por unanimidad el 31 de octubre de 2000 y es el primer documento formal y legal del Consejo de Seguridad que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la reconstrucción post-conflicto.

Fuente: Secretaría de inclusión Social

 

DICOM no prestará mas sus servicios en El Salvador

En conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana el Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo informó que la empresa (DICOM) no prestará mas sus servicios en El Salvador.

Perdomo añadió que este día se le comunico a Equifax que le fue rechazada su autorización a la solicitud para operar, lo cual implica que la empresa no podrá prestar su servicio de información sobre los records crediticios de distintos usuarios a ningún agente financiero como lo venía haciendo por años en el país.

Nadie le puede exigir a un ciudadano firmar para compartir sus datos

enfatizó el Superintendente.

Multarían a DICOM si no depura sus bases de datos

La multa ascendería hasta los 500 salarios mínimos si la empresa dedicada a los listados de historial crediticio no actualiza su base de datos para proporcionar información exacta a las entidades que requieran de sus servicios.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) multaría hasta con 500 salarios mínimos a la empresa Equifax (antes DICOM) si no depura su base de datos y sigue compartiendo con los bancos o con cualquier otra institución información personal sin el consentimiento del ciudadano.

La intendente de bancos, cooperativas y otras entidades financieras de la SSF, Silvia Arias, y personeros de la autónoma gubernamental llegaron a las instalaciones de la empresa de historial crediticio para iniciar una inspección y verificar el cumplimiento del fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que determinó que era ilegal compartir la información de la gente sin una autorización previa.

En caso de que hayan casos de que el consumidor no haya dado su consentimiento para dar su información, esa base de datos tiene que ser eliminada,

dijo Arias.

La inspección de la SSF no cuenta con un tiempo determinado para finalizarse y Arias explicó que Equifax puede seguir trabajando normalmente con la información que los usuarios sí autorizaron.

La empresa comunicó a sus clientes, el pasado miércoles que trabaja conjuntamente con todas las entidades reguladoras para confirmar que sus prácticas son legales.

Transparencia Activa contactó a la empresa y se nos indicó que actualmente elaboran un comunicado que publicarán en los próximos días, donde informarán su postura respecto al fallo de la Sala y a la inspección de la SSF.

Compartir datos con consentimiento

La intendente de la SSF explicó que los bancos deben preguntarle a sus clientes si desean compartir o no su información crediticia y que dicho trámite debe ser aparte del que se realiza para autorizar un crédito.

Arias detalló que la Ley de Protección al Consumidor estipula eso, con el objetivo de que la persona tenga la posibilidad de negarse a proporcionar su información personal y que el mismo no es requisito para que le entreguen un préstamo.

“Los bancos no pueden establecer ese condicionamiento (firmar el documento) y tienen que explicarles la necesidad de compartir su información”, resaltó la funcionaria de la Superintendencia.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv