Siguen conociéndose más pagos de presuntos sobresueldos a exfuncionarios de ARENA

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Este fin de semana circularon pagos de presuntos sobresueldos, entre los señalados están el exsecretario Técnico, Eduardo Zablah; el exministro de Turismo, Ruben Rochi; la exministra de Economía, Yolanda de Gavidia; el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, entre otros. Este nuevo listado se suma a los dos publicados meses atrás, en los que están involucrados exfuncionarios de gobiernos de ARENA.

Entre la noche del viernes y el sábado de la semana recién pasada se conocieron más pagos de presuntos sobresuledos a exfuncionarios de los gobiernos del partido ARENA.

Los documentos circularon en la web, en las redes sociales y fueron divulgadas por Alejandro Muyshondt quien en su blog y en su cuenta de Twitter mostró recibos –según dijo originales– de 10 exfunconarios públicos que oscilan entre más de $18,000 y más de $4,000 en pagos.

Entre los mencionados están el exsecretario Técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah; Eduardo Calix, exviceministro de Relaciones Exteriores; Jorge Nieto, exminsitro de Obras Públicas y exsuperintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones; Rubén Rochi, exministro de Turismo; Yolanda Mayora de Gavidía, exministra de Economía.

Además, también está el director de Transparencia Internacional capitulo El Salvador y director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio; el rector de la Universidad José Matías Delgado y firmante de los Acuerdos de Paz, David Escobar Galindo; Francisco de Sola, Carlos Rosales y Conrado López Andreu.

Luego de la publicación de los recibos, el exsecretario Zablah publicó en su cuenta de Twitter: “Circulan recibos de sobresueldos. Incluyen uno que dicen es mío. Lo niego rotundamente”; luego añadió: “Trabajé en tres gobiernos. No tuve sobresueldo. No voy a jugar este juego”.

Los principales periódicos del país no han publicado una nota sobre este tema y repiten el mismo comportamiento de las divulgaciones anteriores en el que se conocieron presuntos recibos donde se evidencian pagos de sobresueldos al presidente de ANEP, Luis Cardenal, cuando fue ministro de Turismo en el último gobierno de ARENA; también, Federico Hernández, directivo de la Cámara de Comercio e Industria también se presume que recibió presuntos sobresueldos por $1,500, cuando fungía como presidente del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (Concultura).

Los periódicos tampoco retomaron que entre los que recibieron un posible sobresueldo está el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Luis Mario Rodríguez, quien actualmente tiene un cargo en Fusades y es investigado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

También en la lista que se publicó la noche del viernes están Albino Román, el expresidente de CEPA; Darlyn Meza, exministra de Educación; Gerardo Suvillaga, expresidente del Registro Nacional de las Personas Naturales; Carmen Eliza Callejas;  Michelle Gallardo de Gutiérrez, así como también Margarita de Escobar, quien hace un mes también fue señalada por cobrar un sobresueldo cuando se divulgo una primera lista de exfunconarios que realizaban esta práctica durante el último gobierno de ARENA.

El fiscal General de la República, Douglas Meléndez, dijo la semana pasada que investigará esta práctica, pero no profundizó al respecto.

Fuente: Transparencia Activa

Víctimas de masacre El Mozote vuelven a testificar ante juez

Sobre la Masacre El Mozote, el pasado viernes 9 de junio el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera citó a alrededor de 12 personas que declararon en el juicio de 1991, a petición de los acusadores particulares Tutela Legal María Julia Hernández y David Morales, quienes solicitaron que se presentaran para ampliar e incorporar elementos novedosos en el caso, conociendo ya imputados por dicho crimen.

Este 9 de Junio se iniciaría con el testimonio de tres personas que además fueron víctimas de la masacre y que pueden dar más elementos de prueba para ser incorporados al proceso.

“De los 17 testigos que declararon anteriormente en el juicio de 1981 ya fallecieron (5), pero los que aún quedan es un momento oportuno para que amplíen información proporcionada por las últimas exhumaciones realizadas por el equipo de Antropología Forense argentino, análisis de ADN, restos óseos que han sido entregados para ser enterrados, además hay un trabajo más científico que el que se hizo en los años 90” para tomarlo en cuenta en el proceso, señaló el abogado de Tutela Legal, Wilfredo Medrano.

Añade que el objetivo de esta diligencia “es ampliar las declaraciones y por supuesto que ellos (las víctimas) se van a enfrentar a los defensores de los militares que están siendo procesados con el derecho que tienen de preguntar y repreguntar, pero todo ese tipo de preguntas van a ser hechas a través del Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera”.

Según los representantes de las víctimas de la masacre, “en estos cuatro días las víctimas van a poder ratificar lo que ya declararon, ampliar e incorporar nuevos elementos para ir construyendo pruebas en contra de los militares imputados”.

También los defensores podrán aportar en su momento prueba, presentar testigos y ampliar declaraciones.

La acusación particular pidió al juez que se diera participación directa a las víctimas tomando en cuenta lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo que él accedió y permitirá el ingreso y permanencia de una delegación de familiares y víctimas de la masacre en el juicio.

Los militares señalados, según la ley, no es necesario que estén presentes, sino solo sus abogados, pero podrían estar y también pueden preguntar a los testigos si así lo quisieran.

La presentación de testimonios continuará el 12, 15 y 19 de junio.

Los militares acusados por la masacre de El Mozote fueron la cúpula de mando de la Fuerza Armada en la época en que se cometió el crimen y sus nombres son: General José Guillermo García (recién deportado por las autoridades estadounidenses por crímenes de lesa humanidad), Ministro de Defensa y Seguridad Pública; General Rafael Flores Lima, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la FAES; coronel Jaime Flores Grijalva, Comandante de la Tercera Brigada de Infantería; Coronel Alejandro Cisneros, Comandante del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera; General Juan Rafael Bustillo, Comandante de la Fuerza Aérea; Mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán Juan Ernesto Méndez Rodríguez, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán José Antonio Rodríguez Molina, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán José Antonio Rodríguez Molina, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán Walter Oswaldo Salazar, oficial del BIRI Atlacatl; Capitán José Alfredo Jiménez, oficial del BIRI Atlacatl; Teniente Coronel Luis Alberto Landaverde, Comandante de la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Óscar Osorio”; Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios, Comandante del BIRI Atlacatl; Mayor Armanzo Azmitia Melara, segundo al mando del BIRI Atlacatl; y Capitán Roberto Alfonso Mendoza Portillo, oficial del BIRI Atlacatl.

Este es el primer caso juzgado de un crimen cometido durante la guerra civil salvadoreña, gracias a la anulación de la Ley de Amnistía que entró en vigencia en 1992 y que pondrá a prueba al sistema judicial en el procesamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La audiencia es pública porque el proceso no tiene reserva y según señalan los abogados de Tutela Legal, el juez va a permitir la entrada a una delegación de las víctimas, ya que el auditorio es pequeño, pero no se sabe aún si la prensa tendrá acceso a todo el juicio, como en casos similares que se han realizado en otros países, tales como el realizado contra el general Ríos Montt en Guatemala, que fue totalmente público.

Fuente: Transparencia Activa

Luis Mario Rodríguez evade responder a acusación de haber recibido sobresueldo de $11,000

Mientras el presidente del partido Arena Mauricio Interiano admite la ilegalidad cometida por ex funcionarios de ese instituto político que recibieron sobresueldos y de ex presidentes que abusaron de la partida secreta, el ex secretario jurídico Luis Mario Rodríguez resta importancia a los señalamientos en su contra.

Rodríguez, quien se desempeña actualmente como director ejecutivo en FUSADES, aseveró que “eso ha aparecido en redes sociales y nosotros como institución en temas que salen en redes sociales pues creo que, hasta que no sean instituciones oficiales las que hablen sobre el tema ninguno de los funcionarios pueden dar alguna importancia”.

Según recibos de pago revelados por Alejandro Muyshondt, que datan de la administración del ex presidente Antonio Saca, Luis Mario Rodríguez, quien fungía como director de Asuntos Jurídicos, recibía un sobresueldo de $11,000.

“Todas mis remuneraciones en mi vida profesional estuvieron y han estado apegadas a la ley”, se defendió el ex funcionario, evadiendo de esta manera responder a la firma que aparece en los recibos de pago.

El fiscal Douglas Meléndez anunció la semana pasada que abrió una investigación en el caso de los sobresueldos, atendiendo un aviso que fue presentado en esa institución.

Fuente: radionacional.gob.sv

FGR se extralimitó al incautar bienes de expdte. Flores afirma diputado Norman Quijano

El diputado Norman Quijano criticó este jueves al fiscal general Douglas Meléndez, por incautar 15 bienes del fallecido expresidente Francisco Flores, en al menos cuatro departamentos del país, para trasladarlas al Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB.

Según el legislador y ex candidato presidencial por el partido Arena, “la FGR se extralimitó en sus funciones al aplicar la ley de extinción de dominio en este caso”.

No descartó por tanto que a nivel de Asamblea Legislativa se emprendan algunas acciones para modificar el articulado de la Ley de Extinción de Dominio.

Sin embargo, las declaraciones del parlamentario fueron más allá y dejó abierta la posibilidad de que si no es el Congreso, quien tome acciones sea la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Arena ha estado detrás de muchas peticiones de inconstitucionalidad que se hacen ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ y esta con celeridad falla a su favor en tiempos récords.

El hijo del exmandatario Juan Marcos Flores en un video subido en Facebook cuestiona el accionar de la FGR y señala que esas propiedades han sido siempre propiedad de su familia, argumentando que están amparadas en escrituras. Dijo que hay una persecución política.

La FGR llevó a cabo estos procedimientos de forma sorpresiva ya que también es sujeta de cuestionamientos por no actuar con celeridad en investigaciones que se llevan avanzadas, por ejemplo los destinatarios de los $10 millones que donó Taiwán, por los que fue investigado el ex mandatario.

Fuente: radionacional.gob.sv

Las opiniones sobre la corrupción pública y privada en la encuesta de la UCA

La encuesta de la UCA dio datos interesantes sobre las percepciones ciudadanas en cuanto a la presencia de la corrupción en las esferas del Estado y del sector privado, además de algunas recomendaciones entrelíneas para cambiar el proceder institucional frente a este problema.

Al consultar las opiniones sobre la corrupción con el actual gobierno, el 54.2% opinó que ha aumentado, el 19.6% considera que ha disminuido y el 24.7% cree que sigue igual. El 1.6% no respondió.

Al preguntarles a los ciudadanos qué tanta corrupción creen que ha existido en los gobiernos del FMLN, el 74.7% dijo que mucha o alguna, frente al 24.2% que aseguró que ha habido poca o ninguna corrupción.

Al formular esta misma pregunta, pero esta vez referida a los gobiernos de Arena, los que creen que hubo mucha o alguna corrupción en las administraciones areneras alcanzan el 87% de los consultados, mientras que solo el 11.5% piensa que hubo poca o ninguna corrupción. El 1.4% no opinó al respecto.

Pero las percepciones ciudadanas sobre la existencia de la corrupción no se circunscriben al ámbito del Ejecutivo. El 82.5% de los ciudadanos piensa que existe mucha o alguna en la actual Asamblea Legislativa, mientras que el 67.9% cree que hay mucha o alguna entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La mayoría de personas (61.9%) perciben que los magistrados de la CSJ no son independientes y cuando toman una decisión responden a presiones de grupos particulares o grupos de poder.

A pesar de que 49.3% de la población piensa que la actuación de los magistrados es buena, también la misma población (30.6%) considera que a quien mayoritariamente representan los magistrados es a ellos mismos, y un 23.4%, a grupos de poder, mientras que sólo un 23.8% considera que responden a los intereses de la población.

A la Asamblea Legislativa, que es el Órgano de Estado peor evaluado en esta encuesta (4.23 de nota) y donde el 65.9% de la gente considera que existe mucha corrupción, también se le recomienda una mejora en la rendición de cuentas de cada diputado, ya que al preguntarle a la población si ve necesario que cada parlamentario rinda un informe anual de su trabajo ante los ciudadanos, el 77.3% está a favor de dicha medida.

En coherencia con estas opiniones, la gran mayoría de la gente se muestra a favor de que el Estado adopte mecanismos de control en la administración pública. Al respecto, el 96.8% de la población está de acuerdo con que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exija a los partidos políticos que revelen el origen de los fondos de sus campañas. A la vez, nueve de cada diez se mostró a favor de que el TSE investigue el patrimonio de los candidatos a cargos públicos, antes de aceptar su inscripción en una elección.

También un 96.6% de la población consultada señaló que debería apoyarse la creación de una Comisión Internacional que investigue los graves hechos de corrupción y crimen organizado en el país.

De igual forma, un dato interesante que se mencionó es que un 83.4% de la población consideró que es necesario investigar a los dueños de los bancos en los casos de lavado de dinero que han ocurrido en el país.

Esto último confirma datos revelados por la Fiscalía General de la República en el juzgamiento de casos de corrupción como el que se realiza contra el expresidente Antonio Saca al que entre las pruebas de las transacciones realizadas para trasladar fondos de la Presidencia de la República hacia cuentas particulares se descubrieron operaciones a través de cuentas de varios bancos del sistema financiero del país.

De igual forma, la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos tiene casi 20 años de vigencia y en ella se establece que los bancos tendrían que alertar a la Fiscalía sobre movimientos o transacciones sospechosas de flujos de dinero y hasta el momento no se conoce del número de avisos que la Fiscalía ha recibido hasta la fecha en todos los casos de corrupción en los que se ha movido millonarias sumas de dinero de fondos públicos a cuentas personales.

Fuente: Transparencia Activa

Denuncian por enriquecimiento ilícito a exfuncionarios de gobierno y a presidente de ANEP

En la denuncia que hacen las organizaciones aglutinadas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia le exigen a la Corte Suprema que ordene a la Sección de Probidad investigar y auditar las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de los exfuncionarios que aparecen señalados en una publicación realizada por el periódico El Faro, que revela las cantidades de dinero que recibían miembros del partido ARENA de Casa Presidencial desde los gobiernos de Armando Calderón Sol hasta la gestión de Antonio Saca.

La Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) denunció ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el posible enriquecimiento ilícito de exfuncionarios de gobiernos del partido ARENA durante las administraciones de Armando Calderón Sol, hasta el periodo de Antonio Saca, así también en contra el actual presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal.

En la denuncia que hace ASGOJU –entidad conformada por 30 organizaciones ciudadanas– le exige a la CSJ ordenar a la Sección de Probidad investigar y auditar las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de los exfuncionarios que aparecen señalados en una publicación realizada por el periódico El Faro, donde mencionan una lista de personas que recibían pagos irregulares provenientes de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial.

Según los denunciantes, la CSJ debería iniciar una investigación de oficio en contra de Luis Cardenal, Margarita Escobar, Rodrigo Ávila, Roberto Rubio, Darlyn Meza, Luis Mario Rodríguez, Federico Hernández, Gerardo Suvillaga, Román Ortiz, Carmen Sosa y Michelle Gallardo de Gutiérrez por posible enriquecimiento ilícito en las referidas administraciones de gobierno del partido ARENA.

Según el documento presentado por las organizaciones, la figura de sobresueldo o bonificaciones especiales puede constituir un incremento patrimonial no justificado de las personas que han denunciado por el presunto ilícito.

“Al tener un origen discrecional y posiblemente ilícito, y al no ser debidamente declarados en las respectivas declaraciones patrimoniales, pueden constituir elementos para mantener su naturaleza delictiva”, indica el comunicado.

Las mismas organizaciones sugieren a la CSJ auditar las declaraciones juradas de patrimonio, y solicitar al Centro Nacional de Registro que identifique las sociedades en las que han sido accionistas o socios, al igual que a sus familiares, además, verificar los inmuebles que hayan estado a nombre de los sospechosos, así como los balances de las actividades comerciales.

También pidieron que solicite al sistema financiero datos sobre todos los bancos del sistema o asociaciones de ahorro, a nombre de los sospechosos o sus familiares. Asimismo solicitar al Ministerio de Hacienda todas las declaraciones de renta e IVA de los señalados.

La Alianza Social también presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República hace unas semanas, en la que señalaban que tanto los exfuncionarios de ARENA como el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio Fabián, pudieron haber incurrido en el delito de Lavado de Dinero y Activos, por recibir pagos poco trasparentes de Casa Presidencial en los gobiernos de ARENA.

 Fuente: Transparencia Activa

Secretario Rodríguez pide transparencia en financiamiento de partidos y en pago de impuestos

El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, emitió la noche del lunes un vídeo explicando su postura respecto a si hacer público o no el nombre de los financistas de los partidos políticos y por lo que se ha iniciado un proceso en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que dirimirá este tema por un recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda, luego de una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

El secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, explicó que una forma de transparentar el financiamiento de los partidos políticos es derogar el artículo 28 del Código Tributario, que permitiría también conocer quiénes no pagan los impuestos en el país.

En el vídeo, el funcionario presidencial afirma que la pieza clave para discernir el problema es la derogatoria del artículo 28 del Código Tributario el cual dice, entre otras cosas, que los documentos en poder de la Administración Tributaria tendrán el carácter de información reservada, y entre esos están los financistas a los partidos políticos.

De ahí que el funcionario manifestara que para que exista transparencia en ese punto –y en el tema fiscal– es necesario derogar ese apartado, por lo que recalcó que no es el gobierno el que oculta a la población el financiamiento, sino, que la ley así lo establece.

Sin embargo, y a pesar de la explicación y aclaración del tema, el periódico digital Última Hora, publicó una nota con el siguiente titular: “Secretario de Transparencia promueve la No transparencia”, en referencia a la encuesta que formuló Rodríguez en su cuenta de Twitter que invita a participar a la gente respondiendo con un si o con un no a la pregunta: “Si tu financiaras de buena fe un partido político, ¿seguirías contribuyendo si tu nombre y el monto fueran públicos?”.

El secretario de Participación y Transparencia en su cuenta de Twitter reaccionó y escribió: “¡FALSO! No solamente estoy de acuerdo con transparentar financiamiento a partidos, sino eliminar Art 28 de CT para total transparencia fiscal”.

Sobre la encuesta, han participado más de 900 personas y el 79% de estas han respondido que si, contra un 21% que dijo que no.

En el vídeo, el funcionario añadió que si se deroga el artículo 28 del Código Tributario no solo la gente sabrá quién busca exenciones de impuestos para financiar a los partidos políticos, sino también otros aspectos que le permitirán conocer quién paga y quién no paga impuestos en el país.

Fuente: Transparencia Activa

 

Esta semana se conocerá si bienes de expresidente Flores pagarán $15 millones por donativos de Taiwán

El expresidente Francisco Flores es procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares. La familia aún no ha aceptado la herencia de sus bienes, luego de su fallecimiento, por lo que un administrador nombrado por un juzgado tiene por tarea hacer las liquidaciones de las pertenencias con las que se debería pagar la responsabilidad civil.

Este viernes el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador resolverá la responsabilidad civil del fallecido expresidente de la República, Francisco Flores, por la presunta malversación de millonarias donaciones de Taiwán durante su administración gubernamental (1999-2004).

Son tres los delitos por los cuales se procesa al exmandatario: peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares en el manejo de unos $15 millones de la donación taiwanesa.

Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, el referido Tribunal intentó realizar una audiencia especial para determinar si con los elementos recabados en la etapa preliminar el exgobernante cometió algún delito en el manejo de los fondos, así como el monto a pagar por los todavía presuntos crímenes cometidos y en qué forma se puede recuperar el dinero.

Óscar Campos, abogado de la parte querellante, explicó que se reprogramó para este viernes y tanto ellos como la Fiscalía General de la República (FGR) han solicitado un pago por $15 millones, pero, la defensa del exgobernante afirmó que no existe la responsabilidad civil porque Flores no cometió ninguno de los delitos por los que fue acusado en vida.

La audiencia especial se suspendió también porque la FGR le planteó al Tribunal que la defensa del exjefe de Estado solo estaba acreditada para dirimir un proceso penal y no civil, porque luego de la muerte de Flores, el juicio se modificó. Los abogados deben acreditarse para ello y se les ha dado tiempo.

Otro de los motivos por los que se reprogramó el proceso es porque la familia del exmandatario –formal y legalmente– no ha recibido la herencia y que muchos de los bienes están embargados y siguen a nombre del expresidente, por lo que se debe nombrar un administrador.

Esta persona ya fue solicitada por un juzgado, que tiene por tarea hacer las liquidaciones de los bienes con los que debería pagar el exgobernante Flores por su responsabilidad civil.

En la etapa previa a esta audiencia especial, el juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García explicó en su resolución, entre otras cosas, que Flores abusó de su poder como presidente para ocultar rastros y destino de las donaciones del país asiático.

Además, valoró que con las acciones del exmandatario se vieron afectados derechos civiles y humanos con el desvío de los fondos de la cooperación taiwanesa.

Fuente: Transparencia Activa

Landaverde: “Vamos Investigar Por Qué no Estaba Esposado”.

 
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde dijo hoy que Maximiliano González debería haber estado esposado ayer cuando fue presentado en la División de Investigación Criminal, ante los medios de comunicación, al igual que lo estuvieron los otros tres imputados del caso, por el delito de remuneración de actos sexuales con menores de edad.
De las cuatro personas presentadas el día de ayer miércoles, solamente el reconocido presentador de televisión, “el gordo Max”, era quien no tenía las esposas, el resto estaba esposado de manos en la espalda o al frente.
“Vamos a investigar por qué no estaba esposado cuando fue presentado”, dijo Landaverde.
Además, dijo que los cuatro imputados podrían ser acusados de otros delitos como estupro o violación, “ya que son los victimarios” y el delito que actualmente se les atribuye “es una acusación provisional”.

Gordo Max: “Todo fue un error”

El famoso locutor y animador salavadoreño de televisión Maximiliano González, más conocido como “El Gordo Max”, fue presentado esta mañana de miércoles ante los medios de comunicación, junto a otros tres capturados en la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, acusados por el delito de remuneración por actos sexuales con menores de edad; de ser encontrado culpable, tendría que cumplir de tres a ocho años en presión.

“Todo se trata de un error. Espero que todo se aclare, esto es muy difícil, es devastador para mi familia”, expresó González al momento se de ser presentado.