28 años de la firma de los acuerdo de paz

Este 16 de enero se conmemoran 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que le dieron fin a la conflicto armado en El Salvador que comenzó en el año 1980.

Desde 1989, se gestaron varias reuniones entre Gobierno y las facciones de la guerrilla que componían el FMLN, para llegar a un cese al fuego definitivo; el acuerdo fue sellado en el castillo de Chapultepec, México en 1992.

Las primeras negociaciones entre gobierno y guerrilla fueron acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos acuerdos que derivasen en el fin del conflicto. Tras varias rondas de negociación, el número de víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la finalización pacífica del conflicto. En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos para la salida consensuada al conflicto. Se nombraron comisiones negociadoras por ambas partes y se estableció una agenda para tratar los puntos álgidos por resolver. Como resultado de la negociación, se produjeron varios acuerdos y modificaciones de la Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran hasta lograr un consenso, en parte forzados por factores internos y externos que influyeron en las decisiones.

El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales: modificación de las Fuerzas Armadas, creación de la Policía Nacional Civil, modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos, modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. El cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de Naciones Unidas, la cual dio un finiquito tras 3 años de gestión.

La guerra civil salvadoreña de 1981, fue el conflicto bélico interno ocurrido en el país centroamericano en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas de El Salvador cumpliendo su rol constitucional de la defensa de la soberanía del Estado y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El conflicto nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre el 10 de enero de 1981 y el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los “acuerdos de Chapultepec” en la Ciudad de México, 9​ aunque el país vivió un ambiente político y social tenso durante la década de 1970.

El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en más de 70000 muertos y 8000 desaparecidos.​ El conflicto concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de paz, que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.

Las primeras elecciones después de la guerra se realizaron en 1994 pero fue hasta el año 2009 cuando el FMLN llegó al gobierno del país centroamericano por la vía de las urnas.

La guerra civil de El Salvador se desarrolló entre 1980 y 1992, como consecuencia de la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista que venía generándose desde la década de los años 70. El conflicto llegó a su punto álgido con las masacres ocurridas a orillas del Río Sumpul en Chalatenango (1980) o  la vivida en los cantones El Mozote, Los Toriles y La Joya del departamento de Morazán (1981).

También con el asesinato del entonces arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, en 1980 (declarado santo por la Iglesia Católica en 2018), así como la masacre de 6 sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en 1989.

Tras cumplir compromisos, las partes involucradas en el conflicto fueron convocadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, México.

El gobierno del Presidente Nahib Bukele no a tomado en cuenta este acontecimiento que marco a todo un pais, para unos analistas el no es el hecho de celebrar los acuerdos de paz, si no, mas bien recordar y tomar en cuenta la finalización del conflicto armado que dio paso a la construcción de una sociedad con un rumbo diferente a lo que se vivía antes del conflicto en El Salvador.

Fiscal General de la República de El Salvador presentara solicitud a INTERPOL contra Ex diputado Sigfrido Reyes

Raúl Melara Morán, Fiscal General de la República de El Salvador dice que presentara solicitud a (INTERPOL) para que se haga efectiva la difusión roja internacional en contra del ex diputado salvadoreño Othon Sigfrido Reyes Morales por el delito de lavado de dinero y activos, indico el fiscal.

Este día tras pagar una fianza de veinte mil dólares al Ministerio de Hacienda, Susy Melba Rodríguez de Reyes, esposa del ex diputado Sigfrido Reyes, recupero su libertad, ya que había sido capturada por supuestamente segun la FGR conformar una estructura de lavado de dinero.

Susy de Reyes, considera que las investigaciones que se hacen en contra de el ex diputado del FMLN Sigfrido Reyes Morales se trata de una persecución política por todo lo que hizo al frente de los cargos en que estuvo en los gobiernos del FMLN y en la presidencia de la Asamblea Legislativa.

 

 

 

Muyshondt: “Juan Valiente y Johnny Wright tenían empleados fantasmas

Ernesto Muyshondt Alcalde capitalino aseguro este lunes que los diputados Juan Valiente y Johnny Wright tenían varios empleados “fantasmas”, señalo que contrataban periodistas que le sacaran notas a su favor, ademas de tener en su nomina de empleados con fondos de la Asamblea a personal que ahora estan en el directorio de Nuestro Tiempo (movimiento político que impulsan).

“Aún antes que se den las reformas planteadas, ojalá se eliminen las plazas fantasmas, de familiares, cheros, asesores que ni asesoran, ni se presentan a trabajar. Ojalá se actúe con verdadera transparencia y las plazas de trabajo sean dadas por mérito personal y capacidad”, fueron palabras dirigidas a su mismo partido ARENA.

 

Sigfrido Reyes es considerado prófugo por la FGR

Raúl Melara, compartió este viernes una serie de detalles sobre los actos ilícitos que habría cometido el dirigente y ex diputado del FMLN, Sigfrido Reyes, quien actualmente es prófugo de la justicia.

El Fiscal General, Raúl Melara, informó que la banda está integrada por 14 personas de las cuales 10 ya fueron detenidas, entre estas, la esposa del exfuncionario.

Los otros detenidos son Delmi Beatriz Vela, René Antonio Díaz, Jenny Elibeth Guadalupe y Manuel Antonio Bercian, todos empleados del Ipsfa, además de Sonia Ines Morales Rivas, Kevin Mauricio Larrazábal, y los empleados de la Corte de Cuentas Noemi Candelaria Rodríguez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz.

El jefe de la Unidad Anticorrupción, German Arriaza, detalló que Sigfrido Reyes está siendo  investigado por la compra de terrenos  al IPSFA.

Asimismo, Reyes está siendo investigado por una serie de irregularidades cometidas mientras fue presidente de la Asamblea Legislativa (2009-2015).

De acuerdo con la investigación fiscal, cuando Reyes asumió la dirección de la Asamblea Legislativa modificó el reglamento de viáticos para beneficio personal.

“En el caso en particular era (Reyes) quien solicitaba el viático y él mismo se lo autorizaba. Eso generó por ejemplo algunas salidas fuera del país en donde se quedaba más tiempo de lo que duraba la misión. Por ejemplo, si la misión estaba establecida para desarrollarse en tres días, se quedaban 10 días y se cobraban los viáticos de los 10 días”, detalló Arriaza.

Además, mientras fue presidente de la Asamblea llegó a tener a su disposición hasta 15 empleados, de acuerdo con informes de la Oficina de Acceso a la Información de la época. Su séquito tuvo distintos salarios: su secretaria ganaba 940 dólares; su ordenanza, 785 dólares; y su motorista, 870 dólares.

Asimismo tuvo seis asistentes con salarios de 1 mil hasta 1 mil 750 dólares. En su periodo el Estado pagó 1 millón 954 mil 276 dólares por todos sus empleados.

 

 

Más 200 esquelas impuestas por estacionarse en aceras

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Un total de 204 esquelas fueron impuestas a nivel nacional, durante los operativos desarrollados por agentes de la división y secciones de tránsito terrestre, orientados a infraccionar a los conductores estacionados en aceras y otros en ejes preferenciales, tales faltas contempladas la normativa de tránsito.

Los agentes de tránsito desplegaron los dispositivos de verificación por varias arterias de las cabeceras departamentales y en algunos sectores de esta capital, con la finalidad de infraccionar a todos los conductores que mantenían estacionados sus vehículos en zonas prohibidas y así liberar las aceras, para facilitar el paso de los peatones.

Las autoridades de tránsito informaron que continuarán desarrollando la medida de manera constante en distintos puntos de la ciudad y en el interior del país, para despejar las aceras y permitir el libre paso a los peatones.

A nivel nacional, en las últimas 24 horas, se impusieron 1,354 infracciones por faltas leves, graves y muy graves.

 

80 afectados por fuga de amoníaco en Soyapango

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Cerca de 80 habitantes de la comunidad El Bambural, en Soyapango, resultaron afectados tras la fuga de gas amoníaco, ocurrida en la planta de la empresa Avícola Salvadoreña, el pasado miércoles por la tarde.

Habitantes de la comunidad explicaron a Diario El Mundo que alrededor de las 6:30 p.m., comenzaron a sentir un olor desagradable y observaron una especie de “neblina arriba de las casas”.

“(Algunas personas) fueron a tocar el portón de la fábrica pero nadie abrió, no nos dijeron qué estaba pasando y como comunidad comenzamos a evacuar como a las 7:00 de la noche”, dijo Mayra Evangelista, habitante afectada.

Según Evangelista, no hubo personal de la compañía que llegara a explicar lo sucedido, que les indicara el protocolo que seguiría la empresa o llamar a entidades de socorro, y menos que les aconsejara abandonar sus casas para evitar problemas de salud.

“La empresa debería de tener gente para informar y decirnos a nosotros que evacuemos, qué hacer en estos casos, pero no hacen nada”, afirmó Silvia Reyes, otra habitante de la comunidad.

Algunos de los afectados aseguraron que presentaron síntomas como dolor de cabeza, mareos y dolor de estómago. Tras evacuar la zona, diferentes cuerpos de socorro como Cruz Roja, Cruz Verde y Comandos de Salvamento trasladaron a los habitantes con síntomas de intoxicación al Hospital Nacional General y de Psiquiatría “Dr. José Molina Martínez”, de Soyapango.

“Actualmente está ingresado un niño de seis días de nacido que es el más afectado, porque está en cuidados intensivos; de parte de esta empresa no tenemos ninguna respuesta, no se han acercado a nosotros”, agregó Juan José Villas, habitante de la zona.

Ayer por la mañana, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), del Ministerio de Salud (Minsal), personal de la alcaldía municipal de Soyapango y de la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la República (FGR) se reunieron con personal de Avícola Salvadoreña e inspeccionaron el área donde ocurrió la fuga.

Ítalo Córdova, especialista en materiales peligrosos del MARN, aseguró que la fuga de amoníaco ya se había controlado, pese al olor poco agradable que aún se mantenía en los alrededores de la compañía y la comunidad.

El amoníaco es una sustancia de carácter corrosivo que se utiliza en la refrigeración industrial. Dentro de los efectos que puede ocasionar a la salud se encuentra la irritación en las vías respiratorias y problemas oculares, según Córdova.

De acuerdo con el experto, la fuga se originó luego que se rompiera un tubo del sistema de refrigeración, debido a la disminución de temperatura al interior del mismo.

“Se estima que fue liberado aproximadamente 50 kilogramos de amoníaco, esa es la cantidad estimada de acuerdo a la capacidad de los tubos”, explicó.

El experto consideró que la sustancia corrosiva fue liberada en un radio de 100 metros al norte de la fábrica, misma que evitó el trato con la prensa y mostró total hermetismo. Horas más tarde emitió un pronunciamiento, señalando que está trabajando con las autoridades “para confirmar las causas del incidente y ejecutar las acciones necesarias”; sin embargo, no se comprometió a brindar apoyo a los afectados.

Por su parte, la Fiscalía, que también acompañó la inspección, espera el informe que presentarán la Policía Nacional Civil (PNC) y el MARN para evaluar si el hecho “amerita investigación”.

Remiten al juzgado a recapturados en caso “Corruptela”

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La Policía Nacional Civil (PNC) puso a la orden del Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador a los recapturados por orden de la Cámara Primera de lo Penal, en el caso conocido como “Corruptela” y donde hay 30 procesados.

El juzgado recibió a los imputados Mauricio Antonio Yanes Morales, acusado de lavado de dinero, peculado y negociaciones ilícitas; José Lito Morales Gutiérrez, por peculado; José Dolores Zelaya Mendoza, peculado como cómplice necesario y como autor directo de peculado; también tiene orden de captura Jorge Moisés Nájera Aguilar, pero no fue presentado al juzgado.

El juez deberá informar a la Dirección General de Centros Penales sobre la recaptura de los acusados para que determine el centro penal en el que guardarán detención, mientras se realiza la audiencia preliminar.

Este caso está en la etapa de investigación y la Fiscalía General de la República ejecuta una serie de diligencias y, al finalizar la etapa de instrucción, un peritaje financiero contable determinará el monto real del dinero peculado y lavado.

Resolución

El caso “Corruptela”, a partir de la resolución que los magistrados notificaron el pasado 13 de marzo, ha sufrido algunos cambios en cuanto a las medidas cautelares, la mayoría de los imputados estaban en libertad sin ninguna medida.

Pero la Cámara al final decidió imponer medidas y fianzas de $25 mil y $100 mil a 17 procesados y, a partir de la notificación, tienen 15 días para pagarla en el Ministerio de Hacienda, de lo contrario se les ordenaría detención provisional.

De todos los imputados, seis ya guardan prisión. Desde la audiencia inicial quedaron presos el exfiscal general Luis Martínez y el exdirector de Intereses del Estado, Julio Arriaza; se unen a ellos los últimos cuatro recapturados.

Hay otros tres imputados que seguirán el proceso penal sin ningún tipo de medidas, mientras que cuatro tienen órdenes de captura que la Cámara Primera de lo Penal confirmó tras resolver apelaciones presentadas por la Fiscalía General y defensa.

Condenan a 10 años de cárcel a expresidente de BMI por caso INFOCENTROS

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de cárcel al expresidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), Nicola Angelucci, por el delito de peculado continuado (sustracción de fondos) en el caso de INFOCENTROS y de manera civil a pagar $6,173,188.61, sin embargo, fue absuelto de negociaciones ilícitas porque no se logró evidenciar que haya cometido dicho delito.

El Tribunal también le sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a los miembros de la junta directiva del BMI, por considerar que Angelucci no actuó solo.

En este proceso también estaba siendo enjuiciado el exdirector de INFOCENTROS, Sigfredo Figueroa, pero el tribunal lo absolvió del delito de negociaciones ilícitas por considerar que no existían suficientes pruebas que lo incriminaran y argumentaron que él no era una persona clave en este caso, y que solo obedecía órdenes.

Angelucci y Figueroa estaban siendo procesados por negociaciones ilícitas y peculado en perjuicio de la administración pública por un monto de más de $6.1 millones, que fueron transferidos del BMI a la asociación INFOCENTROS.

Semanas atrás, la FGR había pedido hasta 23 años de cárcel para Angelucci, y 12 años para Figueroa, además del pago de $6.1 millones en concepto de responsabilidad civil, los cuales alegaban era el monto que el BMI transfirió a la asociación INFOCENTROS.

Según la acusación fiscal, Figueroa era quien firmaba la documentación requerida para que Angelucci presuntamente lograra apropiarse de los fondos.

La FGR logró demostrar que Angelucci fue el responsable de administrar de forma irregular $6.1 millones durante el periodo de 1999 al 2009, cuando se dio una apropiación de fondos del BMI para trasladarlos a la Asociación INFOCENTROS, cuya acción no era permitida por ser una asociación sin fines de lucro.

Las pruebas presentadas por la FGR ante los jueces demostraron que existió un conflicto de interés en la administración de los recursos que van desde autocontratar a la asociación que Angelucci dirigía (INFOCENTROS), hasta adquirir los servicios de alquiler del local en la casa de su mamá, al mismo tiempo que fungía como titular de la asociación y también presidente del BMI.

 

Antecedentes

Dos años después de la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) se creó en mayo de 1999 el Fondo Especial de los recursos provenientes de la privatización de la empresa (FANTEL).

Con este fondo se pretendía financiar diversas áreas de actividades, entre ellos los Centros Comunales de Información, cuyo objetivo era facilitar el acceso a la informática mediante “la construcción, establecimiento y gestión de Centros Comunitarios de Información en todo el país”.

Apenas cuatro meses antes de la creación de este fondo, se constituyó la Asociación INFOCENTROS entidad privada, sin ánimo de lucro y formada por representantes del sector privado y un buen número de funcionarios. La referida entidad que se encargaría de la instalación de los centros de informática a nivel nacional únicamente contaba con un patrimonio de $30, según recoge un informe del Banco Central de Reserva (BCR).

La referida asociación no necesitó participar en una licitación o concurso público para que se le adjudicara el proyecto. El Consejo de Administración del Fondo, coordinado por Juan José Daboub, exministro de Hacienda durante el gobierno del expresidente Francisco Flores, designó un comité consultivo integrado por cinco funcionarios y dos miembros de FUSADES que decidieron que la Asociación INFOCENTROS era la única entidad en todo el país capaz de llevar a cabo este proyecto y recomendaron su contratación para poner en marcha los centros informáticos.

Así, el Fondo y la Asociación INFOCENTROS firmaron un contrato por la que ésta recibiría un préstamo de $10 millones, al 0% de interés y con un período de gracia de tres años. A cambio, la asociación se comprometía a instaurar una red de 100 centros comunales (conocidos popularmente como ‘infocentros’).

Conformada cuatro meses antes de la entrega del Fondo, la asociación IINFOCENTROS, con un capital inicial de $30, recibió $10 millones en calidad de préstamo al 0% de interés y con un período de gracia de tres años que nunca pagó a cambio de implementar un proyecto.

Ministerio de Medio Ambiente inicia investigación por fuga de amoníaco en Soyapango

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La ruptura en una tubería de refrigeración de la empresa Avícola Salvadoreña, donde circula amoniaco, provocó que se liberaron unos 50 kilogramos de gas al ambiente y se esparció en un radio de aproximadamente 100 metros a la redonda, afectando principalmente a los habitantes de la comunidad Bambudal y zonas más cercanas del Reparto Morazán, en Soyapango.

Un equipo multidisciplinario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en compañía de la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron una inspección este jueves para determinar si la empresa tiene planes de manejo de este tipo de químicos, sobre todo porque se encuentra en un área muy poblada.

Se presume que la ruptura se debió a una baja en la temperatura que congeló el agua en el interior del sistema de enfriamiento, según informaron los expertos en materiales peligros del MARN que realizaron una inspección en la empresa.

El amoníaco es un gas corrosivo que se utiliza en la refrigeración industrial y que, en grandes cantidades y exposición directa, puede causar graves problemas en la salud. Este gas, por sus características, no es nocivo para el medio ambiente ni es una sustancia agotadora de la capa de ozono.

Durante la inspección también verificaron las acciones hechas por la empresa para contener la fuga del gas, el estado de los equipos y el proceso de refrigeración, así como el almacenamiento y disposición del agua utilizada en dicho proceso.

El equipo del MARN constató que la fuga de gas, utilizado como refrigerante, ya fue controlada y que la maquinaria de refrigeración está detenida. Además, observó que el agua mezclada con amoníaco permanece almacenada para su tratamiento de neutralización química y posterior manejo en una planta de tratamiento de aguas residuales.

Paralelo a esta, una comitiva del Ministerio de Salud y de la Unidad Ambiental de la alcaldía de Soyapango hizo un recorrido.

Empresa no llamó al Cuerpo de Bomberos

La ministra del MARN, Lina Pohl, quien se hizo presente a la empresa poco después de enterarse de la fuga el mismo miércoles 13 de marzo por la noche, se comunicó con el director del Cuerpo de Bomberos, Mayor Joaquín Parada, quién le informó que la empresa no permitió ingresar al delegado de esa institución para verificar el interior de la fábrica.

“No fue la empresa la que llamó a bomberos, como debería ser en un accidente industrial, sino la población quienes pusieron la denuncia y llamaron a los medios de comunicación”, lamentó Pohl.

La ministra quien ingresó a la empresa la noche del miércoles en compañía de un especialista en materiales peligrosos, fue testigo del fuerte olor que se percibía en los alrededores, pero sobre todo en el cuarto de máquinas, donde empleados de la empresa realizaban acciones para intentar controlar la fuga.

La empresa ya había sido denunciada por parte de la población en otras ocasiones debido a las descargas de aguas residuales sin tratamiento que provocaban olores nauseabundos en toda la zona.

El MARN presionó para que ésta y otras cuatro empresas de la zona construyeran plantas de tratamientos de aguas residuales, debido a que se identificó que eran las que más contaminaban el río Sumpa.

Avícola Salvadoreña ya construyó la planta y está funcionando, aunque la ministra Pohl dijo que eso no es suficiente, por lo que verificarán los planes de contingencia para el manejo de este tipo de químicos y que se respetaran esos planes, sobre todo, porque está ubicada en zonas con mucha población.

 

Fiscalía apela por anulación proceso de extinción de diputado Reynaldo Cardoza

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La Fiscalía General de la República mostró su inconformidad a la nulidad del proceso de extinción de dominio del diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa Alma de López.

El pasado viernes fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio interpusieron el recurso de apelación con el que pretenden que los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, modifiquen la resolución que la jueza especializada en Extinción de Dominio emitió a favor del legislador y su esposa.

El Ministerio Público presentó el recurso, pasadas las 6:00 p.m., del 8 de marzo de 2019, ya que ese día se vencía el plazo, pero al no llevarlo a tiempo al Jugado Especializado en Extinción de Dominio, lo interpuso en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para que ayer fuera enviado a la Cámara.

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