Multarían a DICOM si no depura sus bases de datos

La multa ascendería hasta los 500 salarios mínimos si la empresa dedicada a los listados de historial crediticio no actualiza su base de datos para proporcionar información exacta a las entidades que requieran de sus servicios.

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) multaría hasta con 500 salarios mínimos a la empresa Equifax (antes DICOM) si no depura su base de datos y sigue compartiendo con los bancos o con cualquier otra institución información personal sin el consentimiento del ciudadano.

La intendente de bancos, cooperativas y otras entidades financieras de la SSF, Silvia Arias, y personeros de la autónoma gubernamental llegaron a las instalaciones de la empresa de historial crediticio para iniciar una inspección y verificar el cumplimiento del fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que determinó que era ilegal compartir la información de la gente sin una autorización previa.

En caso de que hayan casos de que el consumidor no haya dado su consentimiento para dar su información, esa base de datos tiene que ser eliminada,

dijo Arias.

La inspección de la SSF no cuenta con un tiempo determinado para finalizarse y Arias explicó que Equifax puede seguir trabajando normalmente con la información que los usuarios sí autorizaron.

La empresa comunicó a sus clientes, el pasado miércoles que trabaja conjuntamente con todas las entidades reguladoras para confirmar que sus prácticas son legales.

Transparencia Activa contactó a la empresa y se nos indicó que actualmente elaboran un comunicado que publicarán en los próximos días, donde informarán su postura respecto al fallo de la Sala y a la inspección de la SSF.

Compartir datos con consentimiento

La intendente de la SSF explicó que los bancos deben preguntarle a sus clientes si desean compartir o no su información crediticia y que dicho trámite debe ser aparte del que se realiza para autorizar un crédito.

Arias detalló que la Ley de Protección al Consumidor estipula eso, con el objetivo de que la persona tenga la posibilidad de negarse a proporcionar su información personal y que el mismo no es requisito para que le entreguen un préstamo.

“Los bancos no pueden establecer ese condicionamiento (firmar el documento) y tienen que explicarles la necesidad de compartir su información”, resaltó la funcionaria de la Superintendencia.

Fuente: transparenciaactiva.gob.sv