Más de 12,000 se beneficiarán con devolución por cobros ilegales del desaparecido Banco Salvadoreño

Son 12,810 las personas beneficiadas con la resolución de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en la que ordena la devolución de más de $429,000 del actual banco Davivienda –antes Banco Salvadoreño– por cobros ilegales.

La presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yanci Urbina, manifestó que luego de la resolución de los magistrados constitucionalistas, una buena práctica de la institución financiera debería ser el pago en el menor tiempo posible de los $429,239.

La funcionaria afirmó que la sentencia de la Sala solo confirma la legalidad de lo ordenado por el Tribunal Sancionador de la Defensoría que, en 2007, mandó al banco a pagar una multa por $511,200 y hacer la referida devolución.

Urbina explicó que el caso se originó en la denuncia interpuesta por la Defensoría del Consumidor ante el Tribunal Sancionador el 19 de diciembre de 2006, contra el Banco Salvadoreño S.A., (hoy Banco Davivienda) en defensa de los intereses colectivos de los consumidores por el cobro de recargos por inactividad de cuentas de ahorro efectuados desde el mes de diciembre de 2005 hasta octubre de 2006. Las cuentas presentaban saldos de $25 (monto mínimo de apertura) o más, así como la aplicación del cobro de comisiones por manejo de cuentas.

Añadió que estas disposiciones violan los artículos 18, literal “c”; 19, literal “a”; y, 20, literal “e” de la Ley de Protección al Consumidor.

La presidenta afirmó también que mientras el caso no había llegado a la CSJ se actuó bajo el debido proceso y citó la resolución de la Sala de lo Constitucional, en la que dice que la Sala de lo Contencioso Administrativo vulneró el derecho a la propiedad de los ahorrantes del Banco Salvadoreño S.A., debido a que en octubre de 2012 declaró ilegal la decisión del Tribunal Sancionador, “en perjuicio de los consumidores”.

En su  sentencia, los magistrados constitucionalistas establecieron que si bien la Sala de lo Contencioso es competente para revisar la legalidad de los actos emitidos en un procedimiento administrativo sancionador, como es este caso, no debió pasar por alto lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor, por lo que esta instancia de la CSJ vulneró el derecho a la propiedad de los ahorrantes del Banco Salvadoreño.

“La Defensoría del Consumidor se mantendrá vigilante y atenta a la resolución que emita la Sala de lo Contencioso Administrativo a fin de defender y proteger los derechos e intereses de los consumidores”, aseguró Urbina.

Fuente: transparencia.gob.sv