Las opiniones sobre la corrupción pública y privada en la encuesta de la UCA

La encuesta de la UCA dio datos interesantes sobre las percepciones ciudadanas en cuanto a la presencia de la corrupción en las esferas del Estado y del sector privado, además de algunas recomendaciones entrelíneas para cambiar el proceder institucional frente a este problema.

Al consultar las opiniones sobre la corrupción con el actual gobierno, el 54.2% opinó que ha aumentado, el 19.6% considera que ha disminuido y el 24.7% cree que sigue igual. El 1.6% no respondió.

Al preguntarles a los ciudadanos qué tanta corrupción creen que ha existido en los gobiernos del FMLN, el 74.7% dijo que mucha o alguna, frente al 24.2% que aseguró que ha habido poca o ninguna corrupción.

Al formular esta misma pregunta, pero esta vez referida a los gobiernos de Arena, los que creen que hubo mucha o alguna corrupción en las administraciones areneras alcanzan el 87% de los consultados, mientras que solo el 11.5% piensa que hubo poca o ninguna corrupción. El 1.4% no opinó al respecto.

Pero las percepciones ciudadanas sobre la existencia de la corrupción no se circunscriben al ámbito del Ejecutivo. El 82.5% de los ciudadanos piensa que existe mucha o alguna en la actual Asamblea Legislativa, mientras que el 67.9% cree que hay mucha o alguna entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La mayoría de personas (61.9%) perciben que los magistrados de la CSJ no son independientes y cuando toman una decisión responden a presiones de grupos particulares o grupos de poder.

A pesar de que 49.3% de la población piensa que la actuación de los magistrados es buena, también la misma población (30.6%) considera que a quien mayoritariamente representan los magistrados es a ellos mismos, y un 23.4%, a grupos de poder, mientras que sólo un 23.8% considera que responden a los intereses de la población.

A la Asamblea Legislativa, que es el Órgano de Estado peor evaluado en esta encuesta (4.23 de nota) y donde el 65.9% de la gente considera que existe mucha corrupción, también se le recomienda una mejora en la rendición de cuentas de cada diputado, ya que al preguntarle a la población si ve necesario que cada parlamentario rinda un informe anual de su trabajo ante los ciudadanos, el 77.3% está a favor de dicha medida.

En coherencia con estas opiniones, la gran mayoría de la gente se muestra a favor de que el Estado adopte mecanismos de control en la administración pública. Al respecto, el 96.8% de la población está de acuerdo con que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) exija a los partidos políticos que revelen el origen de los fondos de sus campañas. A la vez, nueve de cada diez se mostró a favor de que el TSE investigue el patrimonio de los candidatos a cargos públicos, antes de aceptar su inscripción en una elección.

También un 96.6% de la población consultada señaló que debería apoyarse la creación de una Comisión Internacional que investigue los graves hechos de corrupción y crimen organizado en el país.

De igual forma, un dato interesante que se mencionó es que un 83.4% de la población consideró que es necesario investigar a los dueños de los bancos en los casos de lavado de dinero que han ocurrido en el país.

Esto último confirma datos revelados por la Fiscalía General de la República en el juzgamiento de casos de corrupción como el que se realiza contra el expresidente Antonio Saca al que entre las pruebas de las transacciones realizadas para trasladar fondos de la Presidencia de la República hacia cuentas particulares se descubrieron operaciones a través de cuentas de varios bancos del sistema financiero del país.

De igual forma, la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos tiene casi 20 años de vigencia y en ella se establece que los bancos tendrían que alertar a la Fiscalía sobre movimientos o transacciones sospechosas de flujos de dinero y hasta el momento no se conoce del número de avisos que la Fiscalía ha recibido hasta la fecha en todos los casos de corrupción en los que se ha movido millonarias sumas de dinero de fondos públicos a cuentas personales.

Fuente: Transparencia Activa