Juzgado superior no admite requerimiento para agilizar el caso “Jesuitas

El abogado Baulenas Bardia, interpuso un escrito solicitando de conformidad al artículo 173 del Código Procesal Penal, una diligencia llamada “Pronto despacho”, ante la falta de pronunciamiento de una resolución que resuelva el proceso de juicio contra los presuntamente señalados y también agilizar recursos que la defensa de los acusados presentó con respecto al tema. De esta manera se solicitó a la Cámara que se admitiera el escrito presentado y que se resolviera los recursos de apelación, interpuestos también por los defensores en contra de la resolución del 16 de abril del 2018.

Al respecto la Cámara resolvió declarar sin lugar la solicitud (no admitirla) de “Pronto Despacho” realizada por Baulenas, manifestando diferentes motivos por los cuales se declaró no ha lugar, siendo uno de ellos “que se puede advertir que, el estudio, discusión y resolución del presente caso, conllevó inevitablemente la postergación necesaria, para que los pronunciamientos que corresponden, se estructuren conforme a la aplicación objetiva e integral del derecho, caso cuya dificultad requiere evidentemente mayor amplitud temporal, dado a lo extensivo de los puntos impugnados”, reza la resolución.

Por lo tanto, la Cámara manifestó que se continúe con la liberación y resolución de las apelaciones del presente caso.

El escrito de Baulenas fue presentado en el contexto de procedimiento recursivo, en virtud de tres apelaciones presentadas separadamente por los abogados Lisandro Quintanilla, en calidad de defensor de los coroneles retirados Juan Orlando Zepeda Herrera y Francisco Elena Fuentes; el otro recurso fue interpuesto por los abogados Juan Héctor Larios y Eduardo Cardoza Rodríguez, defensores del general Rafael Humberto Larios López.

Y el último recurso fue planteado por el abogado José Mario Machado, defensor del expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, contra el auto dictado por el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador el 16 de abril del 2018, en el que se resolvió declarando sin lugar la excepción de cosa juzgada opuesta por los abogados Larios y Cardoza y, las excepciones de cosa juzgada y falta de acción opuesta por el abogado Quintanilla.

Asimismo, se declaró la nulidad absoluta del requerimiento fiscal presentado el 7 de diciembre del 2000 y de la audiencia inicial celebrada por el Juzgado 3° de Paz el 12 de diciembre del 2000, así como la resolución de la misma, consistente en el sobreseimiento definitivo, favorable a los procesados ya mencionados.

“Desde octubre 2018 hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Es un derecho básico de cualquier víctima no sólo la pronta y cumplida justicia, sino también el derecho de acceso a la justicia y un proceso de verdad. Aquí no estamos hablando de venganza ni de ningún otro elemento que el mero hecho que exista un proceso investigativo para poder llegar a la verdad de los hechos y en este caso poder determinar, a efectos judiciales, quiénes fueron los autores intelectuales que ordenaron la masacre de la UCA”, afirmó al respecto Baulenas.

En noviembre de 2017, autoridades de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) solicitaron al Juzgado Tercero de Paz reabrir el caso por la masacre de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, hecho ocurrido en 1989. Unos días después la defensa de los militares implicados rechazaron a través de un escrito que el caso se reabriera; sin embargo, en abril de 2018 el Juzgado ordenó a la Fiscalía presentar una nueva acusación.

Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el sacerdote José María Tojeira reafirmó en su cuenta de Twitter que “la lentitud de la Cámara no puede calificarse más que como retardación de justicia. En otras palabras, un acto inconstitucional. El recurso de Pronto Despacho da tres días a la Cámara para responder. El viernes tenemos respuesta, o la Cámara cae de nuevo en retardación de justicia”.

Fuente: Transparencia Activa