IAIP: Sala Constitucional pone barreras al derecho de acceso a información

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Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública afirman que en la resolución de la Sala se establece más límites al derecho del cual goza actualmente la población y llamó a la ciudadanía a vigilar a las instituciones para que no les impongan “barreras” al momento de solicitar documentación.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) rechazó las nuevas causas para negar información a la población establecidas en la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las califica como “barreras”.

En un conversatorio con periodistas donde explicaron los efectos de la sentencia constitucional donde se aborda la publicación de los viajes del Presidente de la República, la Primera Dama y los gastos en actividades protocolarias, los comisionados del IAIP sentaron postura sobre el tema.

El pleno del Instituto afirmó que lo ordenado por los magistrados de la Sala limita el derecho de acceso a la información y asegura que se han impuesto tres barreras para que las instituciones no den información si consideran que en las peticiones se evidencian: “aspectos superfluos de los funcionarios”, “alteración significativa en la agenda esencial de las instituciones”, así como la “generación de información sobre hechos anteriores al nombramiento del titular actual de una entidad”.

La comisionada del Instituto, Herminia Funes, dijo que con lo ordenado en la resolución se retrocede en todo lo avanzado en los últimos años desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

“Como Instituto, nos preocupa rotundamente este tipo de resoluciones porque no dañan al Instituto, dañan al país; y creo que estamos dejando de reconocer normativa internacional de la que el país es suscriptora”, expresó Funes.

El comisionado René Cárcamo subrayó que la resolución crea más motivos para restringir la información pública a la población y añadió que la LAIP es clara en establecer cuándo debe ser reservada.

“El derecho de acceso a la información pública es un derecho que le pertenece a la ciudadanía; la información es del ciudadano, no de las instituciones”, recalcó Cárcamo.

El jefe de la unidad jurídica del IAIP, César González, dijo que la resolución de los magistrados constitucionalistas viola los derechos al saber y a la vedad, debido a que si una persona solicita a partir de hoy una información de una administración pasada, la institución no están obligadas a entregarla, pues no se ha generado durante el tiempo del titular que actualmente desempeña su cargo.

Fuente: Transparencia Activa