Denuncian por enriquecimiento ilícito a exfuncionarios de gobierno y a presidente de ANEP

En la denuncia que hacen las organizaciones aglutinadas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia le exigen a la Corte Suprema que ordene a la Sección de Probidad investigar y auditar las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de los exfuncionarios que aparecen señalados en una publicación realizada por el periódico El Faro, que revela las cantidades de dinero que recibían miembros del partido ARENA de Casa Presidencial desde los gobiernos de Armando Calderón Sol hasta la gestión de Antonio Saca.

La Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) denunció ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el posible enriquecimiento ilícito de exfuncionarios de gobiernos del partido ARENA durante las administraciones de Armando Calderón Sol, hasta el periodo de Antonio Saca, así también en contra el actual presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal.

En la denuncia que hace ASGOJU –entidad conformada por 30 organizaciones ciudadanas– le exige a la CSJ ordenar a la Sección de Probidad investigar y auditar las declaraciones patrimoniales de inicio y cese de funciones de los exfuncionarios que aparecen señalados en una publicación realizada por el periódico El Faro, donde mencionan una lista de personas que recibían pagos irregulares provenientes de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial.

Según los denunciantes, la CSJ debería iniciar una investigación de oficio en contra de Luis Cardenal, Margarita Escobar, Rodrigo Ávila, Roberto Rubio, Darlyn Meza, Luis Mario Rodríguez, Federico Hernández, Gerardo Suvillaga, Román Ortiz, Carmen Sosa y Michelle Gallardo de Gutiérrez por posible enriquecimiento ilícito en las referidas administraciones de gobierno del partido ARENA.

Según el documento presentado por las organizaciones, la figura de sobresueldo o bonificaciones especiales puede constituir un incremento patrimonial no justificado de las personas que han denunciado por el presunto ilícito.

“Al tener un origen discrecional y posiblemente ilícito, y al no ser debidamente declarados en las respectivas declaraciones patrimoniales, pueden constituir elementos para mantener su naturaleza delictiva”, indica el comunicado.

Las mismas organizaciones sugieren a la CSJ auditar las declaraciones juradas de patrimonio, y solicitar al Centro Nacional de Registro que identifique las sociedades en las que han sido accionistas o socios, al igual que a sus familiares, además, verificar los inmuebles que hayan estado a nombre de los sospechosos, así como los balances de las actividades comerciales.

También pidieron que solicite al sistema financiero datos sobre todos los bancos del sistema o asociaciones de ahorro, a nombre de los sospechosos o sus familiares. Asimismo solicitar al Ministerio de Hacienda todas las declaraciones de renta e IVA de los señalados.

La Alianza Social también presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República hace unas semanas, en la que señalaban que tanto los exfuncionarios de ARENA como el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio Fabián, pudieron haber incurrido en el delito de Lavado de Dinero y Activos, por recibir pagos poco trasparentes de Casa Presidencial en los gobiernos de ARENA.

 Fuente: Transparencia Activa