Acusadores denuncian que Fiscalía se niega a procesar por lavado de dinero a expresidente Flores

Las organizaciones querellantes en el proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores afirmaron que la Fiscalía General de la República tiene “actitud evidente” de no acusar al exgobernante del delito de lavado de dinero. Afirmaron que nuevamente han sido objeto de intimidaciones por parte del Ministerio Público.

Las organizaciones Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) expresaron su inconformidad y calificaron de malo el desempeño del Fiscal General de la República (FGR) en la dirección de la investigación penal contra el expresidente de la República, Francisco Flores, acusado de delitos de corrupción en la administración de millonarios donativos de Taiwán.

Las organizaciones señalaron varias actuaciones fiscales negligentes del Ministerio Público y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por negarse a entregar información vital para el proceso penal, entre ellas, documentación para determinar si había iniciado investigación por el delito de lavado de dinero en contra del exmandatario.

Cuestionan que tampoco conocen de un informe que determine si dentro de los archivos de la UIF se recibiera alguna alerta emitida por instituciones nacionales o extranjeras en contra del expresidente Flores por delitos relacionados a lavado de dinero, ni tampoco un documento que establezca la imposición de la sanción por parte de algún organismo de Estados Unidos.

Los querellantes cuestionaron que la Fiscalía ha realizado diferentes acciones que generan dudas sobre la imparcialidad en el manejo de la investigación, entre ellas: solicitar a diferentes países -en un inicio de la investigación- información migratoria y bancaria relacionada con el exgobernante por el cometimiento de delito de lavado de dinero.

Relatan los querellantes que éstas asistencias fueron recibidas en sobre cerrado, debidamente embalado y abiertas en presencia de las partes, a excepción de la proveniente de la mancomunidad de las Bahamas, en el cual el documento entregado por la FGR al Juez iba abierto conteniendo únicamente el informe migratorio y no el que contiene la información financiera, situación que no ha sido justificada.

Las organizaciones informaron que el juzgador ha requerido a la fiscalía solicitar a los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la existencia o no de cuentas bancarias cifradas relacionadas al expresidente Flores, obteniendo de parte del actual jefe de la UIF una respuesta negativa aduciendo que él no es la persona acreditada como parte dentro del proceso.

Sin embargo, de acuerdo a la querella, debido al cargo que este funcionario ostenta y por el tipo de diligencia solicitada, es la autoridad idónea para realizar dicha diligencia.

Señalaron que por segunda vez, el jefe UIF no cumple con el requerimiento del Juez aduciendo que debido a la complejidad de los países integrantes del GAFI no es posible llevar cabo lo encomendado.

Los querellantes manifestaron que esta excusa no es válida pues en diligencias anteriores la UIF de la FGR había solicitado este tipo de información a países como Brasil, que son miembros del GAFI, sin necesidad de motivar la solicitud de asistencia.

Otra de las negligencias de la Fiscalía que según las organizaciones demuestra una actitud evidente para no acusar de lavado de dinero a Flores es que el jefe UIF respondió que el Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador está invadiendo competencias y carece de facultad para solicitar dicha diligencia.

Ellos señalan que “el juez juega un papel determinante dentro de la etapa de instrucción y no es un mero espectador, pues de él depende el ejercicio del debido proceso y la sustanciación de diligencias que permitan un mejor proveer”.

 Se sienten amedrentados

Las organizaciones querellantes expresaron que nuevamente han sido objeto de intimidaciones por parte de la FGR, mismas que dicen ellos están encaminadas a silenciar las denuncias sobre las irregularidades o acciones negligentes de esta institución en la investigación de los delitos atribuidos al exmandatario.

ISD y FESPAD señalaron que en ningún momento estas instituciones y su personal han tenido acceso ni conocimiento de la información contenida en el Reporte de Operaciones Sospechosas, denominado (ROS), o del Informe de Inteligencia Financiera emitido por la Red contra el Crimen Financiero de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Intimidar a las organizaciones querellantes con una posible persecución penal constituye una grave violación a derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, por lo que damos aviso al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Sala de lo Constitucional para que en el ejercicio de sus funciones puedan tomar cartas en el asunto”, afirmaron los acusadores particulares.

Fuente: transparencia.gob.sv